Aun los promotores del relato de la soberanía energética no pueden dejar de aceptar que se han tenido que tragar varios sapos en el derrotero de nuestra empresa energética de bandera en las tres últimas décadas.
De ser fervientes defensores de la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales SE, aprobada por ley 24.145 de noviembre de 1992, para devenir en YPF SA primero y luego en Repsol YPF SA a partir de la compra de sus acciones en 1999 por parte del novel grupo energético español Repsol; tuvieron luego que militar la etapa en la que su gestión fue encargada -compra del 25,5% de las acciones mediante, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner- a un selecto miembro de la burguesía nacional, el Grupo Petersen Energía S.A.U.; hasta el último acto de fervor militante con la recompra decidida por expropiación del 51% de su capital accionario por parte del Estado Nacional y ciertos Estados Provinciales, avalada por la ley 26.741 de mayo de 2012.
Cada uno de estos procesos fueron definidos, oportunamente, por aquellos que los lideraron, como virtuosos y determinantes de un futuro promisorio para la empresa de bandera y sus únicos dueños, sus accionistas.
Las bondades de la decisión expropiatoria declamadas por aquellos que ejecutaron la estatización mayoritaria de la compañía en 2012 no pudieron ocultar el fracaso de su performance en el período de gobierno inmediato anterior (2008-2011), en el cual la producción de petróleo de la empresa cayó 21,6% y la de gas natural 27,6% como consecuencia de la falta de inversión; ya que, mientras la ganancia neta de la empresa en el período fue de US$4903 millones, los dividendos pagados a sus accionistas fueron de US$6933 millones; es decir, el 141% de la ganancia neta, cuando las empresas de petróleo y gas en el mundo distribuyen en promedio dividendos a sus accionistas por el orden de no más del 40% de su ganancia neta, tratándose de una industria capital intensiva.
Es importante también mencionar que, en el mismo período y bajo el liderazgo de nuestra empresa energética de bandera, la balanza comercial energética nacional pasó de ser superavitaria en US$4100 millones en 2007, a tener un déficit de US$3100 en 2011.
En ese período de total desinversión, causada por la priorización del pago de dividendos, la administración de la empresa -su CEO y su CFO- no eran representantes de Repsol, sino accionistas del Grupo Petersen Energía S.A.U. No obstante, ante el fracaso de esa gestión (alguien se podría preguntar si fue premeditado), cuando en 2012 se decidió la estatización parcial de YPF, el accionista privado local no fue sujeto de expropiación. Sólo se expropió el 51% de un total de 57,4% de las acciones que Repsol poseía en Repsol YPF.
Así luego, al suspenderse el pago de dividendos -que fuera una de las primeras medidas adoptadas por la administración de la compañía ya estatizada- el accionista privado local, que necesitaba de los dividendos a cobrar para pagarle al grupo Repsol y a los bancos que habían financiado la adquisición de su tenencia accionaria en Repsol YPF, se declaró en quiebra.
Es así que, en la actualidad, quienes compraron la quiebra (el fondo Burford Capital), vaya a saber con qué acuerdo particular con el vendedor, se verán beneficiados por el resultado de la sentencia que dicte la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York Loretta Preska, por no haberse respetado el Art. 7 e (ii) del Estatuto de YPF que obligaba a extender la oferta de compra hecha por el Estado Nacional y negociada con el grupo Repsol en 2014 al resto de los accionistas de la empresa.
Dicho esto, la compra del 51% de YPF S.A. le terminaría costando a los argentinos US$5000 millones en bonos soberanos pagados al grupo Repsol y aprobado por la Ley 26.932, más el monto por el que decida la jueza Preska condenar al Estado Nacional a indemnizar al fondo Burford Capital, que las partes han estimado que puede oscilar entre US$5000 millones y US$16.000 millones, dependiendo del momento en el que la jueza considere que el perjuicio (pérdida de valor de su tenencia accionaria) se produjo y la tasa de interés que decida aplicar para traer a hoy dicho perjuicio.
Es decir que, todos los argentinos (no solo, los responsables de tan ruinosa decisión) podríamos terminar pagando entre US$10.000 millones y US$21.000 millones por el 51% de YPF S.A., cuyo precio de mercado (a la cotización de cierre del 15/08/23) fue de US$2800 millones; lo cual significaría entre 3,6 y 7,5 veces su precio de mercado actual, a pesar de que oportunamente se declamara que no le íbamos a pagar un solo dólar al grupo Repsol, basado en los supuestos pasivos ambientales que el accionista español nos legaría, como profusamente se reportara en el Informe Mosconi, preparado por la intervención de la compañía previa a su expropiación y de los cuales fuera exculpado por el “Convenio de solución amigable y avenimiento de expropiación”, negociado entre las partes.
Pero eso no es todo. A esta evidente mala praxis del pasado se le deben agregar las riesgosas aclaraciones o justificaciones de lo actuado en el presente por parte del presidente de la compañía y actual candidato a senador nacional por la provincia de Santa Cruz, el abogado Pablo González.
En recientes declaraciones a la prensa, González dijo: 1) “El valor de YPF debe medirse por sus reservas, no por los que dicen sus libros”; 2) “YPF tiene el 40% de la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo no convencional del mundo”; 3) “El año pasado YPF tuvo ingresos por US$18.000 millones y un EBITDA de US$5000 millones”; y 4) “Con un EBITDA pagaríamos esta sentencia que es injusta y después tendríamos reservas de gas por 150 años”.
Salvo el tercero de sus comentarios que transmite hechos y por lo tanto son sagrados, los otros tres -las libres opiniones de González- son, a mi entender, equivocadas, y una en particular muy peligrosa para los intereses de la compañía que el Sr. González preside. A saber.
Tanto la US Securities and Exchange Commission (SEC) como la Comisión Nacional de Valores (CNV) y los accionistas de cualquier empresa, deberían alarmarse si el presidente de una compañía que cotiza en las bolsas de Nueva York y Buenos Aires manifestara que en un determinado momento el valor de esa empresa no se encontrara reflejado en sus libros, que es la única información fidedigna disponible que tienen sus accionistas para evaluar el patrimonio en su poder y las bolsas para supervisar, promover, controlar y mantener la integridad del mercado de capitales. Sería deseable que el presidente de YPF consulte al CEO, al CFO, al Comité de Auditoría o al Auditor externo de la empresa si están de acuerdo con su opinión y si las reservas probadas (desarrolladas y no desarrolladas) de YPF S.A., reportadas al cierre de 2022 en alrededor de siete años de su producción (no 150), están adecuadamente reflejadas en los libros de la compañía.
Asimismo, el presidente González comete un error al confundir, como muchos políticos hacen, recursos -sin probar- que podrían ser técnicamente recuperables según lo informado por la Administración de Información Energética de USA en mayo de 2013 con reservas para todas las cuencas hidrocarburíferas argentinas y no sólo para la formación rocosa Vaca Muerta.
Por otra parte, al sugerir que con el EBITDA (ganancia antes de intereses, impuesto, depreciación y amortizaciones) de YPF S.A. del año pasado pagarían una sentencia injusta comete el error de apropiarse de recursos económicos que le pertenecen a sus acreedores financieros (intereses), al erario (impuestos) y a una prudente administración de la empresa en beneficio de sus accionistas (depreciaciones y amortizaciones).
Pero lo peor de esas imprudentes declaraciones del presidente de YPF S.A., es que le permite a la contraparte del Estado Nacional en el juicio (el fondo Burford Capital) reabrir una ventana para su reclamo que la jueza Preska había cerrado en su sentencia de marzo de 2023, excluyendo a YPF S.A. de la responsabilidad del Estado Nacional por los perjuicios causados a los accionistas que no recibieron la misma oferta que Repsol por las acciones a expropiar. No vaya a ser que, ante la segura apelación que efectúe el Estado Nacional del próximo fallo de la jueza Preska, su contraparte lo apele también y vuelva a solicitar la inclusión de YPF S.A. (ante la dificultad de embargar los bienes de nuestro estado soberano) como co-responsable de resarcirlo económicamente por los perjuicios causados, a la luz de las recientes declaraciones del presidente de la compañía. Declaraciones que, por otra parte, el litigante ya le acercó a la jueza Preska como argumentos post-juicio, contrastándolos con la ‘pobreza’ alegada por el Estado Nacional para hacer frente a la inminente sentencia.
Para concluir este recuento de malas prácticas enmarcadas en el relato de la soberanía energética, vale mencionar otro hecho que pasó desapercibido, pero que es una muestra más de cómo las palabras -el relato- van en una dirección y lo hechos -la realidad, esa única verdad- va en otra diametralmente opuesta.
En el último reporte 20F (enviado a la SEC el 11/04/2023) que la empresa tiene la obligación de presentar anualmente con sus resultados, en este caso los del año 2022, la empresa informa en la página 3 que por primera vez en su historia se cambió la moneda de presentación de los mismos de pesos a (soberanos, podríamos decir) a dólares estadounidenses, porque permite un mejor reflejo de las actividades de la compañía y facilita la comparación con los resultados de otras empresas del sector energético.
Dicho así podría ser aceptable, pero lo que es, cuanto menos sorprendente, es que luego menciona que “el dólar estadounidense es la moneda funcional de la compañía, es decir, es la moneda del ambiente económico primario en el que la empresa opera” (textual).
Esta justificación, además de ser una afrenta a la declamada soberanía energética liderada por YPF S.A., está totalmente equivocada, ya que uno de los factores de riesgo a los que se encuentra expuesta la compañía es -según se informa en el mismo reporte 20F- la continua devaluación del peso (la cual esta semana la está golpeando fuertemente); como no podría ser de otra manera, ya que percibe cerca del 90% de sus ingresos por ventas en el mercado local.
Como se puede observar, la mala praxis del pasado tiene continuidad en el presente y esto, debe ser urgentemente subsanado si pretendemos que la empresa energética de bandera en el mercado local sea la que lidere la transición energética que la Argentina, como todo el mundo, ha comenzado a recorrer.
El autor es ingeniero y fue ministro de Energía y Minería entre 2015 y 2018
