La Argentina obtuvo el peor resultado posible en Nueva York por el juicio de expropiación de YPF, pero la decisión de la jueza Loretta Preska no fue una sorpresa. La defensa argentina usó la sequía que impactó en la economía este año y la imposibilidad de acceder al mercado de capitales internacionales como algunos de los argumentos para lograr pagar la menor indemnización posible por un hecho que ocurrió hace más de 10 años, en 2012.
En un duro fallo de 25 páginas, la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York argumentó en contra de los dos principales pedidos que había realizado la defensa del Estado argentino. En primer lugar, que se tome como fecha de expropiación el 7 de mayo de 2012, cuando el Congreso aprobó la ley de expropiación del 51% de las acciones de la petrolera española Repsol, en vez del 16 de abril de 2012, cuando el Estado decretó la intervención.
En segundo lugar, que la tasa de interés punitoria sea del 0%, argumentando que los demandantes “ya ganaron mucha plata”.
La jueza Preska sostuvo que Repsol, la petrolera española que tenía en su momento la mayoría accionaria, quedó “desprovista de poderes, funciones o deberes” luego del decreto que habilitó la intervención del entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Por lo tanto, a partir de ese momento, “no pudo aprobar una propuesta de distribución de capital”, dijo la jueza.
La imposibilidad de distribuir dividendos fue el argumento que dieron los fondos Burford Capital y Eton Park para justificar la quiebra en la Justicia española de las empresas Petersen, que tenían créditos con bancos europeos. De esa quiebra, Burford Capital compró el derecho a litigar contra la Argentina y contra YPF.
Preska fue más a fondo luego y citó al actual gobernador de Buenos Aires cuando expuso en el Senado, el 17 de abril de 2012: “El secretario de Política Económica y viceinterventor, Axel Kicillof, afirmó el 17 de abril que la República había ‘modific[ado] el control que hasta ahora pertenecía al grupo Repsol’”.
La jueza también citó al actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini, responsable máximo de contratar al buffet Sullivan & Cromwell LLP que representó a la Argentina, para negar los argumentos de la propia defensa. “Carlos Zannini entonces secretario de Asuntos Jurídicos y Técnicos de la Presidencia, coincidió en que ‘la toma de posesión fue en abril de 2012′″.
Preska dio como válidos también los alegatos que habían presentado los demandantes, de que “el mercado también reconoció que el 16 de abril de 2012 había ocurrido un hecho de importancia económica importante”. Y explicó: “Luego del decreto de intervención, las acciones de YPF se desplomaron más de un 40%. Sin embargo, cuando la ley de Expropiación de YPF entró en vigor, el 7 de mayo de 2012, las acciones de YPF cayeron apenas un 3%”, dijo.
La parte más dura, sin embargo, fueron los argumentos de Preska para explicar por qué la Corte eligió la tasa punitoria de 8%, la más alta posible. “La Corte no coincide con el profesor Manóvil [testigo que presentó la defensa] en que la incapacidad de los bancos argentinos para ofrecer préstamos en moneda extranjera sea una razón persuasiva para aplicar una tasa más baja. En todo caso, su incapacidad para otorgar préstamos en moneda extranjera sugiere que la tasa debería ser más alta, no más baja”, se desprende del fallo.
Preska acusó al Estado de sostener sus “argumentos equitativos con las manos manchadas de aceite” y dijo sin sutilezas: “La República obligó a los demandantes a otorgarle un préstamo masivo después de expulsar por la fuerza a los miembros del directorio de YPF, el 16 de abril de 2012, lo que provocó que los representantes de Repsol en YPF huyeran del país. El Sr. Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar sus estatutos’”, dijo Preska.
La jueza dijo que “sería ofensivo, no favorecedor, a la equidad, permitir que la República viole a sabiendas los estatutos y obligue a los demandantes a ser sus acreedores involuntarios por una cantidad enorme a lo largo de una década y luego pagar una tasa reducida al denunciar la pobreza cuando vence la factura”. Y agregó: “Si la República no pudo obtener un rendimiento superior al 8% de interés simple sobre ese enorme préstamo, ha sido una mala administradora, y no ofende la equidad soportar las consecuencias. Si logró ese rendimiento o más, no es injusto que entregue esos ingresos a los demandantes”.
Por todos estos argumentos, la jueza indicó que la Argentina deberá pagar la mayor indemnización posible, que según la fórmula que diseñaron para hacer ese cálculo, son US$16.050 millones. El país todavía puede apelar, aunque igualmente deberá establecer un fondo de garantía.
“La Argentina tiene problemas económicos. Este año fue afectada por una fuerte sequía y tiene pocas reservas disponibles. ¿Van a profundizar los problemas de los argentinos? Esta es la realidad. Cuando se compara lo que están pidiendo, es mucho comparado con el presupuesto que tiene el país en salud o en obras de agua potable”, había dicho Robert Giuffra, el abogado estadounidense socio de Sullivan & Cromwell, en un momento de sus alegatos.
Con la apelación, sin embargo, la mayor perjudicada será YPF, otra vez, ya que los fondos Burford Capital y Eton Park también apelarán el fallo que la había eximido de responsabilidades en el momento de la expropiación a la petrolera.
