El juez Craig Goldblatt, a cargo del Tribunal de Quiebras del estado americano de Delaware, aceptó hoy el acuerdo conciliatorio al que llegó la petrolera YPF por una demanda por daño ambiental que arrastra desde hace décadas, cuando bajo la presidencia de José “Pepe” Estenssoro se decidió comprar la empresa estadounidense Maxus.
De esta forma, el arreglo por el cual la petrolera lograría cerrar el conflicto por una suma que representa el 2% de lo estimado inicialmente (pagaría US$287,5 millones frente a los US$14.000 millones previstos) avanzó un casillero, si bien quedan pendientes otras aprobaciones para cerrar el tema, según la compañía bajo control estatal.
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Recién cuando se expida el Departamento de Justicia, en representación de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, y los Estados de Ohio y de Wisconsin, el acuerdo quedará firme.
En 1993, Estenssoro quiso hacer de YPF una empresa internacional, en un contexto de fuerte apertura de la Argentina al mundo, y adquirió una compañía que tenía activos en América Latina y en Asia, pero con un pasado oscuro. Los analistas que siguen de cerca a la petrolera se preguntan por qué el ingeniero civil accedió a esa operación. En 1995, YPF todavía no había sido privatizada, pero ya hacía dos años que cotizaba en Estados Unidos.
En las décadas de los 50 y 60, Maxus tenía una planta industrial sobre el río Passaic, en New Jersey, donde producía el químico “agente naranja”, altamente contaminante, que utilizó como arma la fuerza aérea estadounidense en la guerra de Vietnam.
Antes de que YPF adquiriera Maxus, esta empresa había vendido su planta industrial a la estadounidense Occidental Petroleum (OXY), en 1986, pero le había otorgado una suerte de garantía de “inmunidad ilimitada”, sin límite de tiempo ni de monto. Esto significaba que, en caso de que en algún momento le exigieran una reparación económica por la contaminación sobre el río Passaic, Maxus se haría cargo.
Si bien la conciencia por el daño ambiental no es la misma actualmente que hace 30 años, ya en esa época se advertía sobre la carga que esa garantía podía significar en el futuro.
El río Passaic está próximo a la ciudad de Nueva York y pasa cerca del aeropuerto internacional Newark, en Nueva Jersey. “Es como nuestro Riachuelo”, grafican quienes conocen la zona. Sin embargo, pese a esta situación, YPF compró Maxus por US$762 millones.
Maxus tenía su propio directorio y gerencia, pero el control accionario dependía de YPF y de Repsol, cuando la española compró a su vez la participación mayoritaria de la firma argentina (1999-2012). Durante este tiempo, Maxus fue vendiendo sus activos y cada vez más dependía de los fondos que le diera YPF para cubrir sus obligaciones, entre ellas, el dinero que destinaba a instituciones de medio ambiente para remediar el daño ambiental causado en el pasado. A YPF le demandaba alrededor de US$60 millones por año.
En 2015, bajo la presidencia de Miguel Galuccio, YPF analizó la decisión de ponerle fin a Maxus y presentarla en quiebra. La empresa prácticamente no tenía actividad y en Estados Unidos se le pedía que aporte cada vez más fondos por la contaminación ocasionada en el río Passaic.
Al año siguiente, ya bajo la gestión de Miguel Gutiérrez, YPF presentó a Maxus en concurso preventivo de quiebra (chapter 11) y propuso crear un fideicomiso de US$200 millones para cualquier contingencia que pudiera ocurrir con los acreedores.
OXY y el resto de los proveedores no aceptaron la propuesta y la Justicia frenó la quiebra. OXY indicó que resultaba perjudicada, ya que tenía a su favor el compromiso de “inmunidad ilimitada” que había ofrecido Maxus antes de que YPF la comprara, y que la Justicia había determinado que era válido.
“OXY demandó a YPF y a Repsol diciendo que habían vaciado a Maxus y ahora dejaban a la empresa sin activos”, explicaron en el sector. Las petroleras, por su parte, negaron esta demanda y dijeron que la compra de activos fue realizada a precios de mercado. Más de cinco años después, la disputa se saldaría con este acuerdo.
