La sorprendente y contundente victoria del libertario Javier Milei en las elecciones PASO puso sobre la mesa, entre otros temas, el debate del financiamiento de la educación pública con la eventual aplicación de un sistema descentralizado como el que se instrumenta en otros países.
Con este sistema se impondría una lógica de mercado en el plan educativo, donde los fondos de educación del Estado no van a la oferta, sino a la demanda: cada familia recibe un “vale” que equivale al dinero de la escolarización de cada uno de sus hijos, cediéndole la libertad de mandarlo a la escuela que prefiera y generando así un ambiente competitivo. En el caso de que el centro educativo sea privado, debería pagar un “copago”.
El origen del sistema de vouchers educativos fue una idea del economista Milton Friedman durante los años 60, quien propuso una alternativa liberal que favorecería la elección voluntaria de cada padre sobre la educación de sus hijos. La iniciativa también fue retomada por teóricos marxistas y otros especialistas contemporáneos neoliberales. Sin embargo, en la práctica, todavía quedan muchas dudas respecto de su efectividad.
Hasta ahora, son pocos los países que lo llevaron a cabo, entre ellos Suecia, Chile, Nueva Zelanda y Holanda, y con resultados poco exitosos.
En Estados Unidos, los republicanos luchan por instalar este método en el país desde hace décadas. De hecho, fue un tema del primer debate republicano de la semana pasada, donde algunos candidatos presidenciales republicanos criticaron a los sindicatos de docentes y pidieron la eliminación del Departamento de Educación. A nivel estatal, Florida se convirtió la semana pasada en el cuarto estado en instaurar este sistema.
Suecia
Suecia instaló este modelo en 1992 durante una serie de reformas de privatización en el país, con la idea de que las familias puedan elegir cómo gastar los recursos asignados a la escolarización. Desde entonces, los estudiantes pueden elegir entre escuelas públicas gestionadas por municipios, escuelas privadas con fines de lucro gestionadas por empresas y escuelas privadas sin fines de lucro gestionadas por asociaciones o fundaciones.
Aunque los dos últimos tipos de escuelas son de gestión privada, todas están obligadas a cumplir las mismas leyes y adherirse al plan de estudios nacional. Además, las tasas de matriculación están prohibidas. Así, la financiación viene de los municipios, que están obligados por ley a entregar “vouchers” escolares (equivalentes al coste de las escuelas municipales) a las escuelas privadas por cada alumno que acepten.
Las familias pueden elegir cualquier colegio, público o privado, y el dinero sigue a los estudiantes.
Por ejemplo, Linda Chadell, que tiene dos hijos de 12 y 13 años, siempre supo que los mandaría a estudiar a la escuela privada Apolloniosskolan.
En este caso, la escuela recibe automáticamente del gobierno una cantidad equivalente al costo medio anual de un alumno en las escuelas públicas. En 2015, cuando los Chadell empezaron el colegio, el voucher era de unas 100.000 coronas suecas al año (9000 dólares).
“Anoté a mis hijos en la escuela apenas nacieron, y por tres años estuvieron en la lista de espera. Esto es muy común acá. Queda cerca de casa, unos amigos nos la recomendaron porque utilizan el método Montessori, enseñan bien y las calificaciones son buenas. La verdad fue fácil de elegir porque en esta zona hay muy pocas escuelas, pero por cercanía y confianza esta fue la ganadora”, contó Chadell a LA NACION desde Älvsjö, Estocolmo.
Actualmente, casi todas las escuelas privadas del país se financian con fondos estatales. Menos del 1% de los colegios privados de Suecia están financiados por privados, con la única excepción de un puñado de internados exclusivos, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“En Suecia fue un éxito si se valora la amplia variedad y la oportunidad de elegir” dijo a LA NACION Jonas Larsson Taghizadeh, profesor e investigador en la Universidad de Upsala. “Los alumnos y los padres disponen ahora de un mayor número de centros con distintos perfiles pedagógicos entre las opciones”, explicó.
Además destacó los posibles efectos positivos sobre la calidad escolar: “En los municipios donde aumentó la proporción de alumnos en escuelas independientes, también aumentaron las calificaciones y los resultados de los exámenes nacionales, y esto se aplica tanto a las escuelas públicas como a las privadas”.
Sin embargo, el programa trajo cierta contradicción: mientras el desempeño de los alumnos suecos en las pruebas PISA se desplomó, las calificaciones nacionales mostraban un alza. Esto develó un primer problema y es que hay una mayor indulgencia en las clasificaciones, donde los docentes otorgan buenas notas aun cuando no corresponde, con el fin de incentivar a los padres a que continúen enviando a sus hijos a esa institución.
“Los colegios privados tienden a ser más generosos que los colegios públicos en sus calificaciones cuando se comparan las evaluaciones internas y externas de los mismos exámenes estandarizados. Esto dificulta enormemente la evaluación de la calidad y la comparación del rendimiento de los alumnos suecos”, agregó el experto.
Otras desventajas en torno a este modelo son la segregación escolar y la competencia desigual.
El sistema de vouchers dio lugar a preocupaciones sobre la segregación socioeconómica, según explicó Larsson, ya que algunas escuelas privadas pueden atraer a estudiantes más privilegiados, dejando a las escuelas públicas con menos recursos. De hecho, un estudio de la revista académica The Journal of Population Economics reveló que aunque todos tienen las mismas posibilidades de elección sobre la mesa, los padres con mayor nivel educativo y los nacidos en Suecia tienen más probabilidades de elegir una escuela privada con vouchers que los padres con menor nivel educativo y los nacidos en el extranjero, produciendo segregación escolar.
“No sabemos exactamente por qué ocurre esto. Una posible explicación es que las escuelas públicas tienen que reservar plazas para todos los niños que viven en la zona de la escuela (incluso inmigrantes), mientras que las escuelas privadas sólo tienen que aceptar a los estudiantes que están en la lista de espera. Además, en el caso de los colegios privados hay que poner a los hijos en la fila de espera cuando son muy pequeños y esto no es posible para los inmigrantes. Es más probable que los padres con mayor nivel educativo conozcan esta dinámica”, explicó.
En tanto, esto también produce una competencia desigual, donde las escuelas públicas ponen su atención a los alumnos con más recursos: “Mientras que la escuela municipal tiene que atender las necesidades de todos los niños, las escuelas privadas pueden elegir a los alumnos más rentables y seguir recibiendo la misma financiación”.
Entonces, esta competencia produce un círculo vicioso en el cual una escuela pública recibe pocos alumnos, por ende aumenta el subsidio por alumno para seguir manteniendo sus actividades y esto beneficia eventualmente a las escuelas privadas que, aun sin necesitar ese aumento del subsidio, lo reciben de igual modo por el derecho a exigir un subsidio equivalente para todas las instituciones.
La razón detrás de estos problemas puede ser el sistema de vouchers como también otros factores. Por eso, la Oficina Nacional de Auditoría sueca le exigió al gobierno que revise e informe sobre los efectos negativos de este sistema para poder realizar “una evaluación global” y verificar si efectivamente es por este que hay una crisis educativa.
Chile
Los vouchers en Chile comenzaron a implementarse por medio de una descentralización de la educación pública durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1974-1990), y los colegios pasaron de depender del Ministerio de Educación a depender de los municipios, que reciben recursos del gobierno según matrícula y asistencia.
Al igual que en Suecia, las transferencias son destinadas a las instituciones y no a las familias directamente. El voucher opera considerando el número de estudiantes que están matriculados y asisten a clases, por ende, el subsidio que recibirá la escuela para financiarse dependerá de cuántos alumnos tenga.
Hay cierta competencia de los establecimientos para tener más matrículas, ya que una mayor cantidad de estudiantes implica mayores ingresos. Esto trae un problema y es que en caso de que hayan pocos alumnos, no será suficiente para cubrir los gastos de la escuela como sueldos de profesores, arreglos de infraestructura o gastos de servicio. Y esto, a su vez, lleva a cerrar muchas escuelas o a aumentar el costo medio por alumno (lo que beneficia a las escuelas privadas).
Además, a diferencia de Suecia, en Chile sí hay que pagar la matriculación para colegios privados.
“El problema que se deriva de esto es que los colegios públicos no compiten solo entre ellos, sino que también compiten con colegios privados que reciben subvenciones públicas, bajo el mismo mecanismo, pero que también cobran por matrícula y por mensualidad”, explicó a LA NACION Recaredo Galvez, especialista en educación de la Fundación Sol de Chile.
Es decir que los colegios privados reciben el costo de la matrícula y un copago, y a la vez están subsidiados por número de estudiantes.
“Estos colegios pueden realizar una selección de sus estudiantes y pueden obtener lucro del proceso educativo. Es en este ámbito donde los colegios públicos entran en desventaja, pues no existe el copago, por lo que los ingresos son menores y muchas veces se generan conflictos con el pago a destiempo de remuneraciones o cotizaciones previsionales”, agregó el experto.
De hecho, cuando Chile implementó este sistema y llevó a cabo el proceso de municipalización del sistema secundario, generó lo que se conoce como “deuda histórica” -un pago pendiente para los profesores- que causó protestas masivas a lo largo de los años y continúa pendiente hasta hoy: a principios de este mes, el gobierno entregó una propuesta para el gremio, pero ésta fue rechazada y anunciaron un “paro indefinido” a partir del martes. Según el Ministerio de Educación (Mineduc), son 76.255 los docentes afectados.
Los especialistas en educación contactados por LA NACION aseguraron que el sistema de vouchers es más viable en universidades que en escuelas, ya que en la Argentina, más allá de la retórica de Milei, sería casi imposible implementar este sistema porque la Constitución establece que la educación depende de las provincias y no del Gobierno, por lo que para poder aplicarlo debería modificarse el Artículo 5° de la Carta Magna para nacionalizar la educación y quitarle poder a las provincias que deberían desarmar su estructuras educativas.
La solución, según dijo Martín Krause, referente del área en La Libertad Avanza, a este medio, es que “se buscaría llegar a algún acuerdo con alguna provincia que esté dispuesta a avanzar en la reforma. De paso serviría de ejemplo hacia las demás, las que tal vez luego querrían avanzar en ese sentido”.
