El Gobierno impulsa la designación de más de 70 jueces, fiscales y defensores oficiales, una lista que incluye a abogados y funcionarios enrolados o que adhieren a asociaciones de magistrados afines al kirchnerismo. También hay casos donde los postulantes elegidos por el Presidente no integran las ternas vinculantes que le envió el Consejo de la Magistratura. Estos últimos fueron denunciados por la Asociación por la Igualdad y la justicia (ACIJ), que objetó los pliegos enviados por Alberto Fernández al Senado.
Se trata de tres casos en tres fueros estratégicos donde se definen conflictos entre empresas y el Estado. Son postulantes para el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal (que dirime los juicios contra el Estado), en el fuero Civil y Comercial Federal (que tiene a su cargo los juicios comerciales vinculados a empresas de servicios públicos) y en la Sala de Defensa de la Competencia de la Cámara Civil y Comercial Federal (que define la relación entre el Gobierno y las empresas).
La liturgia de los curas villeros para inocular a Milei
Así las cosas, para integrar la Sala de Defensa de la Competencia de la Cámara Civil y Comercial Federal fue enviado el pliego de María Laura Manin (que no se encontraba en la terna, sino que estaba en el segundo lugar de la lista complementaria). Manin es funcionaria del ministro del Interior y referente camporista, Eduardo de Pedro.
En el concurso para cubrir seis vacantes en juzgados de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal, el Gobierno envió el pliego de Juan Rafael Stinco, quien se encontraba en el primer lugar de la lista complementaria. Así quedaron fuera de carrera 13 postulantes de las listas principales. Stinco, que fue asesor de Axel Kicillof en el directorio de YPF e integró el directorio de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), había quedado el número 19 en el concurso, por detrás de sus contendientes.
Para la Justicia Civil y Comercial Federal se remitió al Senado la postulación de María Stupenengo, quien no estaba en la terna y ocupaba el primer puesto de la lista complementaria elevada por el Consejo de la Magistratura. Ocupó el séptimo lugar en el concurso, por debajo de otros seis postulantes.
El Gobierno envió también al Senado el pliego de Maximiliano Alberto Callizo, como juez Criminal y Correccional, quien integra la lista Celeste de la Asociación de Magistrados, donde ocupa un lugar como protesorero. También fue enviado el pliego de Constanza Borghini, quien suscribió una de las solicitadas de Justicia Legítima. Asimismo, Leonardo César Fillia, propuesto para la Cámara del Crimen, integra la lista Celeste en la Comisión de Prensa.
María Candelaria Migoya, propuesta como defensora oficial, adhirió a las solicitadas de Justicia Legítima. Adrián Martín, que fue propuesto para la Cámara Nacional de Casación Penal, fue candidato de la lista Celeste en las elecciones de la Asociación de Magistrados en 2021.
Fernando Poviña, propuesto para la Cámara Federal de Tucumán, es candidato de la lista Celeste y adhirió a una de las solicitudes de Justicia Legítima. Gerardo Pettigiani, propuesto para el Tribunal Oral de Menores N° 3, también integró la lista Celeste. Recibió dos impugnaciones de personal judicial, que lo acusaban de destratos.
Hernán Papa fue propuesto para la Cámara Comercial y fue denunciado por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) por maltrato laboral. Para este cargo, en octubre de 2018, Mauricio Macri había propuesto al juez Javier Cosentino. Cuando Alberto Fernández llegó a la presidencia, retiró el pliego. En septiembre de 2020, el Presidente volvió a remitir el pliego. Sin embargo, en septiembre de 2022 lo retiró y, poco después, en abril de 2023, envió el de Papa. Cosentino fue el juez que decretó la quiebra de Oil Combustibles. Esa decisión le valió una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por parte del kirchnerismo.
Cosentino no solo estaba bien parado en este concurso. También se destacó en el concurso para la Cámara Comercial, donde se tramita la quiebra del Correo Argentino. Cosentino ni siquiera apareció en la lista complementaria. De acuerdo a lo denunciado por el gremio, Papa se jactaba con disfrutar de “las iniciales de su nombre y apellido H. D. P (hijo de puta)”. En la presentación se ofreció el testimonio de casi 50 empleados que dijeron ser víctimas o testigos del accionar del juez.
Cuando se conocieron algunos de los nombres y adhesiones de los candidatos, la lista Celeste emitió un comunicado titulado “una persecución por pensar diferente”, donde criticó contra a los medios que publicaron la información, entre ellos LA NACION, al sostener que se trataba de una “selección personal caprichosa y errática”.
También denunció que se buscaba “mancillar la trayectoria de quienes tienen el mérito de haber superado exitosamente los concursos públicos -algunos de hace muchos años- y que se encuentran a la espera del acuerdo del Senado”.
El polémico empresario que más aportes hizo a la campaña de Javier Milei
“Por cierto, nada dicen esas notas periodísticas que dentro de los 75 cargos pendientes se encuentran igualmente candidatas y candidatos para cubrir designaciones en la Provincia de Santa Fe, asolada por el drama del narcotráfico, o vacantes que se relacionan con la resolución de relaciones complejas de naturaleza interpersonal, como ocurre en la Justicia de Familia”.
La Lista Celeste señaló la existencia de “intolerable practica de macartismo contra quienes se prepararon para asumir altas responsabilidades en la Administración de Justicia, cuya renovación se exige de manera recurrente”.
