SANTA FE.- El caso Vicentín se convirtió desde el viernes pasado, cuando la Justicia santafecina rechazó la homologación de la propuesta de la agroexportadora para salir del concurso de acreedores, en una gran caja llena de eventuales sorpresas. Es que tres años después de la iniciación del trámite en el que solicitó su convocatoria de acreedores, pese a que la compañía había obtenido las cápitas y el capital necesario, el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que entiende en la causa, descartó el ofrecimiento de Vicentin. Hoy, en cambio, se abre el cramdown -donde un acreedor o externo puede presentar un plan propio para salvar la firma- y se estima que quien se quiera hacer cargo de la empresa debería poner unos US$800 millones.
La cerealera propuso pagar a 12 años un monto cercano a los US$520 millones, lo que significaba algo más del 30% de la acreencia. Esto en el marco de un esquema de fideicomiso y para abrir luego la participación de tres interesados: Bunge, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
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Pero algo resultó inesperado y los actores de la causa admitieron que la decisión de Lorenzini cayó como una bomba. Apreciando la evaluación, señalan que tras la resolución del magistrado de los Tribunales de Reconquista se podría estar abriendo un espacio de conversaciones entre las partes. Vale recordar que la cerealera dijo que iba a apelar la decisión del juez.
Además de no aceptar la oferta de pago de la empresa, el magistrado también rechazó las impugnaciones propuestas por los acreedores, el Banco de la Nación Argentina (BNA), Commodities SA, la Administración Federal de Ingreso Públicos (AFIP), el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BPBA) y el Banco de Inversión y Comercio Exterior SA (BICE).
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Cercanos al directorio de la firma admitieron a este diario que “el rechazo judicial a la homologación de la propuesta fue inesperado”.
“Es más, pareció una bomba puesta en el camino de normalizar todo”, dijo un empresario que descontaba que Lorenzini iba a homologar la oferta presentada. Otro, en cambio, tiró por lo bajo: “La resolución del magistrado fue contundente y también muy fundamentada”.
El centro del argumento para rechazar fue que la oferta repartía injustamente las pérdidas y los esfuerzos. Según el magistrado, los accionistas podían hacer un mayor esfuerzo (al igual que los inversores interesados en comprar), pero no lo hacían cargando así un mayor costo sobre acreedores comerciales medianos y grandes.
Un empresario radicado al norte de esta provincia, vinculado con el grupo Vicentin, apuntó ante una consulta de este diario. “Con esta resolución, el juez está diciendo: ‘Siéntense a negociar una mejor salida a través de un mejor convenio’”.
La pregunta del millón ahora es si después de todo esto, podría aparecer un interesado en hacerse cargo del control de la agroexportadora. Hoy por hoy, ese interesado necesita un flujo inicial de 800 millones de dólares, que es lo que debería destinar para pagos de deuda y capital de trabajo, claro que sin contar contingencias como la que cayó hace diez días con el reclamo de Ganancias que les hizo AFIP por unos 8000 millones de pesos. Las presentaciones de los interesados en el cramdown se pueden hacer más allá de la apelación que presente la agroexportadora.
Aunque para algunos no es posible que en este momento del país aparezcan jugadores hábiles para el negocio que tiene Vicentin, lo que seduce es el potencial de un sector estratégico de la economía regional y nacional.
Por ahora, las miradas están puestas a lo que pueda suceder hoy lunes, día en que se abre la opción para aquellos oferentes que quieran presentar ofertas de salvataje o crowmdown. Los interesados deberán presentarse en el Banco Provincia de Santa Fe, sucursal Reconquista, con un pago equivalente a 100.000 dólares.
