Cristina Kirchner apeló el fallo de la causa Vialidad, en la que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras ser encontrada culpable de defraudar al Estado con las obras viales adjudicadas a Lázaro Báez en Santa Cruz. Los abogados de la vicepresidenta, Carlos Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, solicitaron que Cristina Kirchner sea absuelta y que queden sin efecto las penas impuestas.
El recurso deberá ser analizado por la Cámara Federal de Casación Penal, lo mismo que el planteo que realizó hoy el fiscal federal Diego Luciani, quien solicitó ampliar el fallo del Tribunal Oral Federal N° 2 para que la vicepresidenta sea condenada también por el delito de asociación ilícita.
Ahora: Massa presidente, de hecho
“En las primeras páginas de la sentencia recurrida quedó de manifiesto que la condena dictada en contra de Cristina Fernández de Kirchner no cuenta con pruebas directas que la avalen, sino antes bien se basó en una serie de circunstancias que los magistrados calificaron como indicios. Sin embargo, como veremos a lo largo de este recurso, el pronunciamiento ni siquiera se fundó en indicios, sino sólo se sostuvo en consideraciones absolutamente arbitrarias desprovistas del más mínimo sustento lógico, fáctico y jurídico”, comienza el planto de los letrados, que a lo largo de las 395 páginas del recurso presentado -al que accedió LA NACION– cuestionan la prueba recolectada y la actuación del tribunal conformado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, e insisten en ubicar al fallo como una maniobra más del “lawfare”, para el cual citan incluso al papa Francisco.
“Basta con repasar los títulos de los diarios o los registros de causas judiciales de los últimos quince años para constatar que Cristina Fernández de Kirchner es, sin lugar a dudas, la persona que más ha sido acosada mediante denuncias en toda la historia argentina”, plantean los abogados, para colocar a la vicepresidenta en el lugar de víctima de una maniobra orquestada por partidos políticos, medios de comunicación y el Poder Judicial.
El tribunal que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos entendió que la maniobra criminal por la cual se otorgaron obras públicas sin control al empresario Lázaro Báez tenía como objetivo asegurar el beneficio económico de Néstor Kirchner y de la vicepresidenta, y que el delito perjudicó al Estado en 84.335 millones de pesos.
Como lo hicieron a lo largo del juicio, los abogados plantean que los hechos por los cuales se condenó a la vicepresidenta ya habían sido analizados y desestimados por la Justicia de Santa Cruz y que los actos que Luciani calificó como “instrumentos delictivos” fueron leyes sancionadas por el Congreso, decretos presidenciales y resoluciones ministeriales.
“En definitiva, la falta de pruebas de cargo en contra de nuestra representada no obedece a los pretextos ensayados por el tribunal, sino es consecuencia directa e inmediata de que, como fue acreditado en el juicio, Cristina Fernández de Kirchner es absolutamente inocente del supuesto delito por el cual injustamente fue condenada”, advirtieron.
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Los abogados, que durante el juicio desestimaron los vínculos políticos, comerciales y familiares entre los Kirchner y los Báez, junto a otros funcionarios y empresarios investigados, plantean en su recurso en cambio que deben considerarse los vínculos entre el fiscal y el juez que instrucción, Ignacio Mahiques y Julián Ercolini, respectivamente, con funcionarios del gobierno de Cambiemos. Suman a la lista el viaje a Lago Escondido que compartieron magistrados, funcionarios porteños y directivos de Clarín, y el equipo de fútbol, Liverpool, que reunió al fiscal Luciani con el juez Giménez Uriburu.
“Cartón lleno”, agregan los letrados, luego de señalar las visitas de los jueces de la Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, y la supuesta elección de los jueces de la Corte Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz por parte de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, exasesor de Mauricio Macri.
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