Valdés advirtió que si la oposición reprime la protesta social se podría extender la violencia, pero repudió el ataque a la Legislatura jujeña

El diputado oficialista Eduardo Valdés sostuvo que si la oposición de Juntos por el Cambio accede al gobierno en diciembre próximo y decide imprimir una política de represión de la protesta social, se podría extender el clima de violencia que se vive en Jujuy, donde grupos de activistas atacaron la Legislatura local mientras se aprobaba la reforma parcial de la constitución provincial.

“Si triunfa la tesis de reprimir la protesta social a como dé lugar (en un eventual gobierno opositor), por supuesto que sí. Yo no me desmiento, pero no quiero que eso suceda. No me gustan las declaraciones matonas”, enfatizó Valdés en declaraciones, esta mañana, a Radio Con Vos. Consultado sobre si un gobierno, que no sea peronista, podría gobernar con tranquilidad en la Argentina, respondió: “Sí, pero pero no se pueden resolver las protestas sociales metiendo bala, sino escuchando”.

El diputado oficialista, de buena llegada al presidente Alberto Fernández y a Cristina Kirchner, se convirtió en foco de polémica luego de que trascendieran declaraciones suyas a la agencia Paco Urondo, en las que enfatizó que “si la oposición toma el gobierno” se produciría una “convulsión social” similar a la que “existe en Jujuy”.

La polémica que desataron sus dichos encontraron a Valdés en Nueva York donde, en su carácter de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, participa de la reunión del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas. En la oposición interpretaron sus palabras como una amenaza. Ante el revuelo que provocaron, Valdés aclaró que esa entrevista fue realizada hace una semana en el marco de la protesta docente en Jujuy y en respuesta a los dichos formulados por Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica. Carrió había advertido que Mauricio Macri y el sector más duro de Pro, asociado con el libertario Javier Milei, “van por un ajuste muy brutal sobre las clases medias” y que su noción de orden se vincula a la represión dura.

“Cuando yo hice esas declaraciones a la agencia Paco Urondo fueron en respuesta a Carrió, que fue mucho más dura que yo y no escuché a Patricia Bullrich decir nada –enfatizó el diputado oficialista a LA NACION-. Esa entrevista fue realizada hace una semana; no se había producido el ataque a la Legislatura que, por supuesto, repudio”.

Valdés, un dirigente histórico del PJ porteño –de hecho, fue legislador de esta ciudad entre 2000 y 2003-, reivindicó a su espacio político en contraposición a Juntos por el Cambio. “El peronismo garantiza la paz social –sostuvo-. Vemos al reclamo como legítimo, no se nos ocurre reprimir la petición de derechos y la violencia no puede ser la respuesta”.

“El derecho a peticionar es intrínseco a la persona humana”, enfatizó Valdés, un hombre que supo ser muy cercano al Papa Francisco. De hecho, fue embajador ante la Santa Sede durante el último año de gestión de Cristina Kirchner, entre 2014 y 2015. Con la llegada de Fernández al gobierno, en 2019, Valdés formó parte de su mesa chica, aunque nunca descuidó sus vínculos con la vicepresidenta Cristina Kirchner y su círculo áulico.

De hecho, Valdés fue involucrado en la llamada “Operación Puf”, denuncia presentada por Carrió y la diputada Mariana Zuvic, también de la Coalición Cívica, en la que acusaban a exfuncionarios y dirigentes kirchneristas de intentar montar un complot para voltear la llamada “causa de los cuadernos de las coimas”. Finalmente, la causa fue archivada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por no encontrar elementos que probaran tal complot.

Valdés, quien a fin de año vence su mandato como diputado nacional, fue quien presentó en nombre del presidente Fernández el juicio político del oficialismo contra los cuatro miembros de la Corte Suprema. Además, integra la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, cuerpo que preside el kirchnerista Leopoldo Moreau. Desde allí el oficialismo fue implacable en sus denuncias contra el gobierno de Macri por supuesto espionaje ilegal.

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