La salida de Héctor Daniel Marchi de la Corte fue turbulenta, pero anunciada. Hace semanas que en su oficina sabían que la mayoría preparaba un recorte drástico de sus atribuciones y el mes pasado, él, durante años el funcionario más poderoso del tribunal, acusó por escrito a los ministros de haberle cajoneado un expediente durante cuatro años. Difícil que hubiera vuelta atrás.
Lo inesperado fue lo que pasó después. En respuesta a la mayoría, que desplazó a Marchi, Ricardo Lorenzetti, en soledad, escribió una disidencia incendiaria. Pocas veces la Corte exhibe de modo tan brutal sus internas.
Héctor Marchi, el poderoso administrador de los fondos de la Corte al que se le acabó el crédito
Lorenzetti acusó a sus colegas de haber echado a Marchi de forma “irresponsable”, para “sancionarlo” porque ayer les hizo saber que estaba enviando a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que investiga a los ministros de la Corte, “informes” sobre las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial, que depende del máximo tribunal. Según Lorenzetti, sus colegas disfrazaron esa venganza y la presentaron como un plan de modernización y reorganización. “Desprestigia a esta Corte sancionar a funcionarios que cumplen con la ley”, escribió en su disidencia el juez que, desde que perdió la presidencia de la Corte, en 2018, es cada vez más explícito en sus críticas a sus colegas. “Lamentablemente debo escribir palabras que no desearía”, dijo hoy.
Lo firmado este jueves fue una acordada que dispone un fuerte recorte de las atribuciones de la Secretaría General de Administración y una resolución que corre de ese cargo a Marchi. Cada una, con una disidencia de Lorenzetti. Según la mayoría, la reestructuración en el área de Administración busca reorganizar funciones y dotarla de más transparencia. Extraoficialmente en la Corte advierten que con semejante recorte Marchi no podría seguir en el tribunal, que con tamaña degradación estaba claro que debía irse, y sostienen que “no entendió” la nueva era (post presidencia de Lorenzetti).
En un primer momento, no obstante, Marchi se había acomodado. Cuando Carlos Rosenkrantz sucedió a Lorenzetti, pretendió desplazar al administrador, pero sus colegas se opusieron y tampoco accedieron en ese entonces a la revisar los números del tribunal con las auditorías que pretendía aquel flamante presidente para controlar a Marchi.
Las críticas de Lorenzetti
La disidencia de Lorenzetti de hoy excedió al tema Marchi. El juez afirmó además que sus pares dispusieron un “aumento innecesario del gasto en el Estado” con la creación de estructuras que están muy lejos de una política de austeridad y que chocan con el ajuste al que está sometida la población. Contra Rosenkrantz, dijo que cuando asumió la presidencia impulsó la creación de una Secretaría de Desarrollo Institucional que “considerando solo sueldos tiene un costo anual de 150.000.000″ y que en más de cuatro años “no ha presentado ningún informe de actividades que justifiquen ese costo”. Contra Rosatti, presidente actual de la Corte, dijo que “desde octubre de 2021 se han redactado numerosas acordadas en el área de presidencia obviando el procedimiento interno de control”.
Todo esto lo afirmó Lorenzetti mientras avanza en el Congreso el intento de destituir a los jueces de la Corte, impulsado por el oficialismo. En la mayoría del tribunal -un trío que parece ser cada vez más sólido- creen que no son dos procesos independientes. En una de las vocalías dijeron incluso a LA NACION que están convencidos de que hay una “estrategia conjunta” entre Lorenzetti y el kirchnerismo en perjuicio de Rosatti, Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Prueba de esa conspiración -sostienen- fue la nota que Lorenzetti subió el 4 de abril a la página del Centro de Información Judicial (CIJ) sobre la auditoría a la obra social, un tema muy sensible para los jueces, en particular para Maqueda, que en la organización interna del tribunal era el que se ocupaba del seguimiento de la obra social.
La semana pasada, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda le contestaron oficialmente a Lorenzetti, en muy duros términos, que él no tenía atribuciones para resolver por sí mismo lo que pretendía en aquella nota del 4 de abril (que era declarar nulo un informe de la comisión directiva de la obra social). Lorenzetti dijo que lo había hecho “obligado” por la inacción de sus colegas. La tensión iba creciendo.
Esta noche volvieron a contestarle. Esta vez fue una respuesta extraoficial. Fuentes de la mayoría difundieron un punteo para refutar las críticas de Lorenzetti. Dijeron, por ejemplo que si la Secretaría de Desarrollo Institucional no pudo funcionar de forma adecuada fue porque Marchi y Lorenzetti lo impidieron, y que Lorenzetti retuvo durante más de tres años un proyecto para crear un nuevo sistema de estadísticas. También, que las nuevas dependencias que se crean no generarán ningún gasto porque la Corte tiene “numerosos cargos vacantes con financiamiento”.
La pelea por la cronología
Lorenzetti escribió este jueves que la decisión de correr a Marchi fue una sanción “por los informes que ha presentado el día 19 de abril de 2023, en relación a la obra social”. Fuentes de la mayoría dicen que mal podría ser así porque Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda le enviaron, el 29 de marzo, el texto de la acordada que firmaron hoy avalado ya por los tres.
Dos días después, el 31 de marzo, LA NACION informó que Marchi había presentado un duro escrito de recusación contra los cuatro jueces de la Corte en una causa por daños y perjuicios que él promovió contra Elisa Carrió. Pero no solo les pidió a los ministros que dejen el caso: les reclamó que decidieran con celeridad. “Ya lleva más de cuatro años [la causa] ante sus estrados”, les dijo Marchi a sus jefes. Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda rechazaron la recusación “de plano”. Lorenzetti, otra vez, se pronunció en disidencia y aprovechó para recordarles a sus colegas que él se había excusado hacía más de un año sin que los demás hubieran resuelto esa excusación y les sugirió a todos que se apartaran. En respuesta, la mayoría le dijo que ellos no dejarían el caso. Sí le concedieron dejarlo afuera a él.
¡Ah, pero Aracre!
Cuando se formalice lo resuelto este jueves, Marchi deberá mudarse a la Cámara Federal de la Seguridad Social sin una función específica -para actuar “atento a las necesidades de dicho fuero”-. Para evitar ese traslado, él pidió esta noche una licencia de 180 días. Pero incluso si los ministros se la conceden, Marchi no saldrá de la escena pública. Reaparecerá como testigo en la Cámara de Diputados. Su citación no tiene fecha, pero la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, ratificó a LA NACION que se lo convocará “más adelante” por el tema de las irregularidades de la obra social. En la Corte se preguntan hasta dónde será capaz de llegar en esa declaración. “Ojo que el responsable de la cuestión administrativa de la obra social era el propio Marchi”, dicen, sonrientes, en el Palacio de Tribunales.
