La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que reúne a cientos de Pymes, se opone a otorgar los $60.000 en concepto de suma fija que dispuso ayer el Gobierno para compensar la devaluación y la escalada inflacionaria.
“Ante los recientes anuncios que diera a conocer el Ministerio de Economía de la Nación con relación al pago de una suma fija para empleados, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) recuerda que el mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance”, señaló la entidad empresaria en un comunicado, en el que refuerza el rol de las paritarias como ámbito de negociación entre empleadores y empleados.
En cuanto a la suma fija para el sector privado, el ministro de Economía indicó el domingo que será de 60 mil pesos divididos en dos cuotas mensuales, no remunerativa y por única vez, absorbible por las paritarias. Le corresponderá a 5,5 millones de trabajadores con salarios netos de hasta 400 mil pesos mensuales; y el Estado asumirá el costo mediante el pago a cuenta de contribuciones de 100% para las microempresas y de 50% para las pequeñas empresas. Lo mismo rige para empleados públicos nacionales. La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, detalló hoy que las empresas a partir de 100 o 110 trabajadores, de acuerdo al sector, deberán asumir por sí solas el bono.
La CAME sostiene que cada sector de la economía y cada empresa en particular atraviesan diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aun asumiendo el Poder Ejecutivo nacional el 50% del incremento dispuesto.
“En particular, los sectores de Comercio y de Trabajadores Rurales acaban de celebrar sus paritarias, lo que implica que el otorgamiento del bono en cuestión quedará absolutamente desfasado de la reapertura de las negociaciones, en el marco de un proceso inflacionario acelerado. Las micro, pequeñas y medianas empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esa pérdida”, agregó la CAME en su comunicado. Y agregó: “La injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente”.
La ministra de Trabajo advirtió que “actuarán de inmediato” sobre las empresas que no paguen la suma fija, pero remarcó que los gremios deberán garantizar que haya fiscalización para ver si la medida se cumple. Asimismo dijo que los trabajadores podrán hacer denuncias anónimas.
Al respecto del impacto de esta decisión en la paritaria y el aguinaldo, la funcionaria enfatizó en que todo se definirá entre trabajadores y empleadores. “La paritaria es libre, no podemos imponer una determinada decisión dentro de ese marco de negociación”, se despegó.
