Menos de 24 horas después de que trascendiera que el joven que confesó haber hackeado el teléfono celular del entonces ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, había señalado a una empresa de seguridad privada como parte de la trama criminal, esa empresa se presentó en tribunales, negó todo y arrojó un nombre: Rodolfo Tailhade, según consta en la copia de su presentación judicial que obtuvo LA NACION.
En esa presentación, la empresa cuestionada, Hunter Security SA, negó toda responsabilidad por el hackeo de los teléfonos de D’Alessandro, del diputado bonaerense Diego Santilli y de dos de los jueces que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner, entre otros, y le planteó a la Justicia que esta no es la primera vez que buscan involucrarla en operaciones de inteligencia ilegal. La vez anterior, detalló, fue Tailhade, diputado nacional kirchnerista.
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La presentación de Hunter Security SA se produjo esta mañana, después de que saliera a la luz que el hacker de esos teléfonos, Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, de 22 años, pidió ampliar su confesión y sostuvo que “una empresa de seguridad bonaerense llamada Hunter” estuvo involucrada en la maniobra delictiva. Afirmó, incluso, que la mujer que le habría pagado por sus servicios estaba vinculada “a esa empresa de seguridad llamada Hunter”.
Con la firma de sus abogados, Hugo Pinto y Pedro Migliore, la empresa se presentó en tribunales y planteó la “absoluta falsedad” de lo que afirmó Nuñes Pinheiro, con quien negó toda relación o siquiera conocerlo, y dijo no haber recibido “elemento alguno” de él ni haberle enviado dinero.
“Ni la empresa ni sus integrantes han tenido contacto alguno con esa persona, que les es por completo desconocida, y por supuesto no recibieron de él elemento alguno (para telefonía celular o de cualquier otro tipo) ni intervenido en envío de dinero alguno”, remarcó la firma.
Lejos de terminar allí su presentación, sin embargo, Hunter Security SA pasó a la ofensiva. Le informó a la fiscalía ciertos “antecedentes” que podrían resultarle de interés, “siendo que lo que se investiga en el caso, conforme ha sido difundido, podría estar relacionado con operaciones de inteligencia y espionaje, y que podría relacionarse con los propios servicios de inteligencia del Estado”.
En ese sentido, Hunter Security SA informó que Tailhade, quien antes trabajó para la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y ahora integra como diputado la Comisión Bicameral de Inteligencia, ya intentó vincular a la empresa con el llamado “caso Gestapo”, es decir, la persecución de sindicalistas durante el gobierno de Mauricio Macri.
La firma planteó, en particular, que Tailhade llegó a mencionarla en una entrevista que concedió al canal Crónica TV, en enero de 2022, cuando le adjudicó responsabilidad en la filmación clandestina de una reunión en la sede del Banco Provincia en la que participaron funcionarios de la AFI, del gobierno de María Eugenia Vidal; el intendente de La Plata, Julio Garro, y empresarios para debatir cómo enfrentaban y encarcelaban a sindicalistas.
Tailhade volvió a señalar a la empresa en otra entrevista, con el canal C5N: “El banco nos informó que el servicio de seguridad en ese momento lo brindaba una empresa que se llama Hunter Security que para más despelote el dueño es un carapintada que tenía buenos vínculos con esta gente”, afirmó el legislador. “En 2017, la empresa que debería ser la que supervisaba el circuito cerrado de televisión era la de este carapintada, un exmilitar de apellido Tito”, señaló
Seguridad e investigación
Constituida en 1996, el presidente de la compañía es el otrora teniente (RE) del Ejército, Jorge Alberto Tito, de 63 años y un cuarto de siglo abocado al rubro de seguridad, a través de Hunter y otras empresas, y de “investigación” por medio de la firma CI 5 SA.
En su presentación judicial, sin embargo, Hunter Security detalló además que la Comisión Bicameral la citó a comparecer y dar explicaciones poco después de las declaraciones públicas de Tailhade, lo que la empresa le informó al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, que investigaba el “caso Gestapo”. ¿Por qué se lo informó? Según la empresa, porque “ya que se apreciaba un arbitrario direccionamiento de la investigación de inteligencia sobre la empresa que, a todo esto, solo tenía como función poner vigiladores en el acceso al Banco de la Provincia de Buenos Aires en su sede de la ciudad de Buenos Aires”.
Ante la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas porteña, Daniela Dupuy, la empresa planteó que tanto la confesión del hacker como las declaraciones previas de Tailhade serían parte de un mismo y coordinado intento “de desviar la investigación y mantener ocultos a los espías y funcionarios que habrían actuado junto con Nuñes Pinheiro”.
Una oposición de espaldas a la sociedad
La fiscalía busca, mientras tanto, avanzar en la cadena de responsabilidades para determinar quién le pidió a Nuñes Pinheiro que hackeara los teléfonos de funcionarios de Pro y de jueces incómodos para el kirchnerismo, aunque el hacker sostuvo que prendió fuego su teléfono para destruirlo y arrojó luego sus restos al río Paraná, cerca de Eldorado, Misiones.
La hipótesis que manejan los investigadores judiciales es que el principal acusado, Nuñes Pinheiro, se dedicaría de manera habitual a la intrusión ilegal de teléfonos celulares. Solo durante 2022 habría avanzado contra decenas de dispositivos. En ocasiones a pedido de un usuario de la red Telegram que identificó como “ElJuanxd”, quien continúa en las sombras.
Fuente: La Nación. Ver nota completa.
