“Renegando, pero ya desde hace varios años”. Esa es la respuesta del productor agropecuario José Posse cuando se le pregunta cómo se encuentra. Desde hace al menos 12 años, según aseguró, lucha para que no le usurpen su campo, la Estancia Riarte, ubicada en el norte de Tucumán, en la zona limítrofe con Salta. Denunció que el intendente de la localidad salteña de El Jardín, Carlos López, “para hacer campaña promete terrenos dentro la propiedad”.
“Desde hace más de 10 años que durante las elecciones el intendente Carlos López, que es conocido como Omar López, promete que va a repartir tierras dentro de nuestro campo a quienes lo acompañen. También ingresa a nuestra propiedad sin nuestra autorización con empleados y maquinaria municipal; construyó un galpón, corrales y metió animales para que se alimenten de nuestros cultivos”, apuntó Posse. Dijo que el funcionario “se unió” a grupos que aseguran ser integrantes originarios de la zona, “quienes se meten dentro de las casas en donde vivían los empleados, pero ahora están deshabitadas”.
“Aducen que nosotros somos usurpadores y que ellos vivían en el campo, pero los papeles están todos en orden, presentados en la Justicia. Hicimos más de 30 denuncias en la Justicia, pero avanzan a paso muy lento, a algunas las archivan y luego desestiman”, agregó.
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Posee dijo que, junto a su socio Alfredo Moreno, adquirieron la propiedad en 2003. “En ese momento pertenecía a la familia Prat Gay y nosotros compramos una hipoteca que el Estado argentino tenía sobre el campo. Tenemos las escrituras que están inscriptas, los impuestos al día, pagamos canon de riego. Es decir, la parte legal está perfectamente ordenada”, dijo el productor, que envió la documentación a LA NACION.
Este medio buscó una respuesta del jefe comunal, pero hasta el momento no la obtuvo. En tanto, en diálogo con La Gaceta, de Tucumán, el intendente negó la acusación: “Son mentiras”, apuntó.
Según detalló, la Estancia Riarte tiene 20.000 hectáreas, la mayor parte es selva de yungas, pastizales de altura y bosque chaqueño. En tanto, hay 800 hectáreas en explotación en donde producen en invierno trigo y garbanzo con riego y en verano soja, poroto y maíz. También poseen una casa con más de 120 años de antigüedad.
Por otro lado, aseguró que, además de los papeles que muestran que ellos son los propietarios del campo, en el Censo de 2010, antes de que comience la problemática, quedó registrado que no había más habitantes en la propiedad. “Pusimos un escribano para que se documente que con nuestra autorización en el campo vivían cinco familias de las cuales tres eran pasajeras y dos trabajaban para nosotros. Todos reconocieron que no tenían nada que ver con ninguna comunidad indígena y no había nadie más en el campo”, dijo.
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En un año electoral, como el corriente, el productor aseguró que la problemática se agravó. “Cada vez que estamos cerca de elecciones se recrudecen los problemas porque vuelven a hacer campaña y empiezan con las promesas de tierras, se meten en el campo, rompen alambres, meten animales, saquean las casas”, agregó.
En diálogo con el medio tucumano La Gaceta, López negó los dichos del productor, pero hizo un llamativo reconocimiento. “Todo lo que dicen son mentiras. Esas tierras no son de ellos, sino de los pueblos originarios. Si aseguran tener escrituras, mienten”, dijo. “Primero me gustaría aclarar que todos los días o día por medio, por nuestra iniciativa, les llevamos comida a los viejitos. Me críe ahí y no me puedo olvidar de esa gente”, agregó. “Son 40 o 50 vacas las que existen ahí. Pero desde hace años, no hay ningún centro de engorde. Somos nosotros los que alambramos para que los animales no le coman su soja”, señaló.
La Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) se hizo eco de la denuncia de Posse en un comunicado. Pidió por mayor seguridad en las zonas rurales.
Bajo el título “Librados a la inseguridad”, dijo que hay una “ola de robos sin precedente”. Denunció que sospechan de “llamativas operaciones inmobiliarias y usurpaciones” en la zona que habrían tenido “como fuente de financiación dinero negro proveniente de la política”.
En ese sentido, la entidad hizo referencia al caso de la Estancia Riarte y señaló: “El intendente salteño de El Jardín usurpa y reparte propiedad privada en territorio tucumano, es más, confiesa públicamente que utiliza vehículos oficiales para cometer estos delitos. En cualquier país normal este funcionario ya no estaría en su cargo. El Jardín, como muchas localidades de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, merecen mejores dirigentes.
En dialogo con LA NACION, Gonzalo Blasco, presidente de Apronor, explicó: “Estamos sufriendo una ola de robos. Todas las semanas algún productor sufre un hecho de inseguridad. Principalmente, roban agroquímicos y herramientas, pero también ingresan a las casas”.
Según detalló, la semana pasada se reunieron con el jefe de policía de la División de Delitos Rurales. “Nos piden que hagamos las denuncias y presionemos en la fiscalía para que a ellos les den los allanamientos, pero nosotros esgrimimos que con tantos robos y denuncias no puede ser que no resuelvan ninguno”, agregó.
Ataque
Hace tres semanas, el productor fue una de las víctimas: delincuentes ingresaron en su propiedad y le robaron agroquímicos y una motosierra. “Se está por cumplir un mes desde ese hecho y todavía no hay ningún dato. Solo hicieron un allanamiento, pero con resultado negativo y después no se avanzó en nada más. Eso es lo que pasa en general; llegan a esa instancia y después no pasa nada más. Así como me pasó a mí le pasa a un montón de productores”, afirmó.
En este contexto, los productores de Salta publicaron una solicitada para manifestar su preocupación por “la falta de seguridad en los campos y una falta de respeto total a la propiedad privada”.
El documento está firmado por la Federación de Entidades Rurales Salteñas (Federsal), la Sociedad Rural Salteña, la Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno) y la Asociación de Productores Agropecuarios de Jujuy (Aprojuy). Las entidades indicaron que “la inseguridad en Salta no da para más”.
“Si bien se crearon Unidades Regionales burocratizando y entorpeciendo el sistema, las dependencias y móviles policiales están destruidos, es largo el listado de denuncias sin resolver, falta de recursos para las fuerzas policiales que son cubiertos, en su mayoría, por los mismos productores (cubiertas, gasoil, reparaciones de móviles), falta de lugar para los presos, Justicia abarrotada de causas cajoneadas, sin resolver y con miedo; y una delincuencia que avanza”, indicaron.
“No pedimos caridad, sólo pedimos lo que nos corresponde, sentirnos protegidos por las instituciones que tienen el deber de cuidarnos. Queremos producir, no pasar los días persiguiendo a la Justicia y velando por la seguridad de nuestros campos, personal a cargo y hasta la propia familia ya que los robos son cada vez más violentos y en crecimiento”, remarcaron.
Y continuaron: “El Norte está desprotegido y no se vislumbra un plan para erradicar el narcotráfico, los robos a mano armada, violación a la propiedad privada y hechos de inseguridad cada vez más graves. Está en peligro la continuidad de nuestros comercios, la producción de nuestros campos y la vida de nuestros ciudadanos”.
