Un peritaje caligráfico oficial estableció que un amigo de Oscar Centeno fue quien realizó enmiendas y sobreescrituras en algunos de los “cuadernos de las coimas” donde el exchofer del ministerio de Planificación registró sus viajes para retirar sobornos pagados por empresarios a funcionarios del kirchnerismo, que luego eran trasladados a dependencias públicas y casas particulares, como el departamento que ocupaba Cristina Kirchner en Recoleta.
A pesar de estas enmiendas realizadas con líquido corrector, la Justicia convalidó con fallos de la Cámara Federal y de la Cámara de Casación la validez de los cuadernos como prueba, ya que, por un lado, otras anotaciones confirman la información cuestionada y, por otro lado, el propio Centeno reconoció esos cuadernos como de su autoría.
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Quien realizó estas sobreescrituras es Jorge Bacigalupo, de 77 años, un policía retirado, que tuvo en su poder los cuadernos de Centeno durante un tiempo y que fue quien los entregó a LA NACION. El peritaje se realizó a instancias del empresario Armando Loson, cuyo nombre aparece alterado y hay sobreescrituras en tres de los cuadernos donde aparece su identidad o la dirección de su empresa.
El empresario Loson denunció estas sobrescrituras en una causa paralela al expediente principal, que ya está elevado a juicio oral y público en el tribunal oral federal N°7 y que espera que le pongan fecha de inicio. Se trata de un megaproceso con más de 150 imputados empresarios y funcionarios, donde Cristina Kirchner es la principal acusada de ser jefa de una asociación ilícita.
La denuncia de Loson encontró cabida en el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que avanzó con peritajes que determinaron que había sobreescrituras. El juez determinó que no habían sido realizadas por Centeno, ni por su mujer Hilda Horowitz, y mandó allanar la casa de Bacigalupo para secuestrar un cuerpo de escritura indubitado y compararlo con la escritura de los cuadernos, para determinar si fue él quien los enmendó. Además, se llevó teléfonos celulares y computadoras de Bacigalupo, que ahora ordenó abrir para conocer su contenido.
Los peritajes realizados por la policía federal determinaron que debajo de las sobrescrituras había otras palabras como “Marcelo”, en lugar de “Armando”, por Loson, o “Alem 855″, en referencia a la dirección de la empresa del hombre de negocios. También hay una enmienda en relación a Gerardo Ferreyra, empresario dueño de Electroingeniería, que estuvo preso por el caso y es uno de los acusados.
En lo que a Ferreyra respecta, por ejemplo, “la leyenda ‘Sr’ subyacente ha sido reemplazada mediante agregados de trazos y enmiendas por la contemporánea ‘Ing’”, dice el peritaje oficial.
“La palabra ‘Armando’ (ambos ejemplares) han sido efectuados sobre la base de la subyacente leyenda ‘Marcelo’, agregando nuevos signos gráficos tales como la capital ‘A’ procurando construir la palabra contemporánea, y trazados remarcados dando vida a las letras ‘m’, ‘a’, ‘n’, ‘d’ y repaso de la ‘o’; por su parte, la leyenda ‘Alem 855′ ejecutada sobre el enmascaramiento con liquido corrector, no solo ha sido efectuada procurando ocultar restos de escritura subyacentes, sino que, la irregularidad por presencia de la sustancia blanquecina solidificada, condicionó el lapicero, dejando evidencia del esfuerzo efectuado”, dice el texto del estudio.
El trabajó oficial concluyó: “Con las limitaciones detalladas tanto en lo atinente al material indubitado como el dubitado se infiere que formalmente surge la intervención del Sr. Jorge José Bacigalupo en la confección de las leyendas agregadas y enmendadas existentes en cuaderno 7 —’armando’— 29/08/2013 (dsc 0322) y 10/09/2013 (dsc 0333), cuaderno 7 —’alem 855′— 25/07/2013 (dsc 0307), cuaderno 7 —’x55′— 10/09/2013 (dsc 0333), y cuaderno 4 —’ing. ferreyra’— 02/12/2008 (dsc 0185)”
El trabajo fue firmado por el Comisario Alejandro Matías Centofanti, Jefe de la División Escopometría, la Inspectora Analía Noemí Ojeda y los peritos de parte Guillermo Latour, Gastón Latour y Jorge Baz.
La fiscal de juicio del caso de los cuadernos, Fabiana León, viene señalando que esta causa paralela abierta por Loson y a la que el juez Martínez de Giorgi le dio aire, es parte de un ataque político sobre su causa y que busca debilitar la prueba para que el caso no llegue a juicio. León sostuvo en un dictamen de marzo pasado que hay una embestida política y judicial contra las evidencias.
“Los únicos sujetos llamados a intervenir en este proceso son los jueces del Tribunal Oral Federal N° 7 y esta fiscal”, dijo León. Y advirtió que que no sería “complaciente” ni iba a “mirar para otro lado” cuando “otros jueces o fiscales busquen interferir en la causa” de la que ella es responsable.
Bacigalupo trabajó 40 años en una remisería y fue quien le entregó al periodista de LA NACION Diego Cabot los cuadernos de las coimas en enero de 2018. Esos documentos, corroborados por un equipo periodístico de este medio e investigados por la Justicia, fueron la base de la causa en que terminaron siendo procesados y elevados a juicio la vicepresidenta Cristina Kirchner, algunos de sus ministros, casi un centenar de empresarios y otros exfuncionarios acusados de pagar y recibir coimas para mantener los contratos con el Estado.
La Cámara Federal porteña respaldó la validez de los cuadernos como prueba y rechazó la pretensión de Loson de declararla nula, a pesar de que se detectaron estas alteraciones. Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi confirmaron que la acusación contra el empresario Loson debe seguir adelante hasta el juicio oral y rechazaron el planteo de nulidad.
Decidieron así porque la pretensión de la defensa apuntaba a la declaración de nulidad de las anotaciones referidas a Loson en su conjunto y no solo de las palabras alteradas. Dijeron los jueces que esta discusión debe darse en el juicio oral.
Sostuvieron que el contenido registrado en los ‘cuadernos’ (ocho ejemplares en total, que comprenden de 2005 a 2010 y de 2013 a 2015) fue oportunamente ratificada por Centeno, quien se desempeñó como chofer de Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, en su declaración como imputado colaborador.
Además, sostuvieron que la parte principal de la causa ya fue enviada a juicio oral y está en etapa de preparación ante el Tribunal Oral Federal 7. “De manera tal que, como se adelantó, consideramos que el juicio es el ámbito natural donde el autor de las anotaciones podrá eventualmente responder los interrogantes que se le formulen y podrá también la parte hacer valer ampliamente todas las pruebas y defensas que hagan a sus alegaciones”, agrega el fallo.
El tribunal le dio la razón al juez Julián Ercolini. Al rechazar el planteo de Loson en noviembre pasado, Ercolini sostuvo que “aún prescindiendo de las palabras que habrían sido alteradas, las anotaciones conservaban en lo sustancial su sentido”.
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Loson había presentado una denuncia penal por las alteraciones, tachaduras, sobrescrituras y enmiendas que se detectaron en las copias digitales de los cuadernos sometidos a pericia, que en la actualidad se investiga en otro juzgado, el de Martínez De Giorgi.
Una pericia oficial dispuesta por el juzgado detectó más de 1600 alteraciones en tres de los cuadernos, cuyas copias digitales fueron analizadas, ya que los originales están a resguardo en la sede del tribunal que prepara el debate.
