La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dar por cesada en su cargo a los 75 años a la jueza Ana María Figueroa, una pieza clave del kirchnerismo en la Justicia para asegurarse fallos favorables, es un mensaje para la política en general en un año electoral y para Cristina Kirchner en particular. Es otro revés que le propina el máximo tribunal a la vicepresidenta, que impulsa la destitución de los cortesanos a través de su juicio político.
Además, la resolución de la Corte tiene consecuencias en el Congreso y en el diseño de la Cámara Federal de Casación los cuatro años del próximo Gobierno. El máximo tribunal penal es clave, ya que confirma o revoca las condenas de corrupción de toda la clase política, no solo de Cristina Kirchner.
Un espectáculo grotesco en la Justicia
Con su resolución sobre Figueroa, la Corte se erigió en ordenador del sistema. Los jueces de la Casación le comunicaron a la Corte el 10 de agosto que Figueroa “habría cesado” en sus funciones, pero llegaron hasta allí: no pudieron acordar que se tomara una licencia o que se apartara para nombrar a un suplente. Camaristas más duros, como Guillermo Yacobucci, Diego Barroetaveña o Daniel Petrone, se encontraron con la mirada contrapuesta de Alejandro Slokar, que sostenía a la jueza y promovía una licencia con la conformidad de Mariano Borinsky, que asumió como presidente del tribunal.
Ahora la Corte solucionó el problema. Estableció que Figueroa no es mas jueza desde que cumplió 75 años, el 9 de agosto pasado y no obtuvo un nuevo acuerdo del Senado. Es lo que dice la Constitución.
Figueroa se enteró a las 15.17, por WhatsApp, de la resolución de la Corte. Se la envió el secretario General de la Cámara de Casación, Juan Montesano Rebón. “¿Es verdad?”, le preguntó la jueza, que no podía creer que su destino estaba sellado.
Algunos jueces que hoy debatían si le daban o no licencia extraordinaria u ordinaria a Figueroa ya sabían que la Corte iba solucionarles el problema. “Estamos discutiendo, pero estamos persiguiendo a un jinete sin cabeza no sigamos corriendo por ahi”advirtió el juez Javier Carbajo. Su colega Guilermo Yacobucci sonrió suponiendo que tenía alguna información anticipada sobre el fallo de la Corte. En ese momento arreciaban las discuciones en la sala de acuerdos y ya Figueroa y el juez Carlos Mahiques habían cruzado comentarios altisonantes.
El Gobierno –con un oficio firmado por el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena– le había pedido a la Corte y al Consejo de la Magistratura que dejara a Figueroa en su cargo hasta que le dieran acuerdo en el Senado. Pero la Corte, con esta decisión, le dijo que no al Gobierno y también le dijo que no a Cristina Kirchner.
Figueroa era la jueza que siempre había fallado en línea con los deseos de la vicepresidenta. Votó por declarar inconstitucional la ley del arrepentido en el caso de los cuadernos de las coimas, luego de que los funcionarios kirchneristas confesaron haber recibido sobornos y los empresarios admitieron habérselos pagado. Falló en favor de Cristina Kirchner en otra causa para apartar al juez Claudio Bonadio. Denunció presiones del macrismo al declarar como testigo en la causa conocida como la “Mesa Judicial”.
Figueroa debía votar en dos causas en las que Cristina Kirchner fue sobreseída sin siquiera ir a juicio oral: el caso Hotesur y Los Sauces, donde la vicepresidenta está acusada de lavado de dinero con sus hijos Máximo y Florencia Kirchner; y el expediente por la firma del memorándum con Irán. En ambos, Figueroa iba a votar por confirmar la absolución, según se decía en los pasillos de tribunales. Pero sus votos ahora no son parte de la sentencia, ya que dejó de ser jueza antes de que se firme el fallo.
Figueroa integraba la sala que debe definir Hotesur y Los Sauces junto a los jueces Barroetaveña y Petrone. Si Petrone y Barroetaveña coinciden en un fallo, por completo, sin matices, podrían sacar una sentencia con solo dos votos. Los rumores señalan que habría consenso entre ellos para revocar la absolución de Cristina Kirchner y que vaya a juicio.
Ahora, si no están de acuerdo en todo, necesitarían hacer una nueva audiencia con un tercer juez. Ya está sorteado el juez Mahiques. Pero este magistrado se excusó de intervenir en Hotesur, porque su hijo, el exfiscal Ignacio Mahiques hoy camarista, fue quien investigó la causa. Asi las cosas, para reemplazar a Mahiques, fue sorteado Javier Carbajo que debería ser quien intervenga en Hotesur, junto con Barroetaveña y Petrone, en caso de desacuerdos entre ellos.
En el caso del Memorandum con Irán sucede lo mismo: si Petrone y Barroetaveña no están en todo de acuerdo deberían convocar a Mahiques y hacer una nueva audiencia antes de votar.
La resolución unánime de la Corte para dejar cesante a Figueroa es un indicador de que las diferencias que existen entre los cuatro jueces quedan de lado ante los asuntos de fondo, que hacen al funcionamiento de la República y no toleran disensos. No hay margen.
La salida de Figueroa es importante para pensar cómo será la Cámara de Casación que se viene. El kirchnerismo, debilitado en el Senado, queda debilitado también en el tribunal. El juez Slokar, uno de los fundadores de Justicia Legítima y que fue funcionario del Poder Ejecutivo y sostén de Figueroa, es quien tiene posturas más cercanas a las políticas judiciales que impulsó Cristina Kirchner. Nadie más.
Con la cesantía de Figueroa, se desbloquea además una tercera vacante en la Casación. Se suma a la que dejaron Liliana Catucci, otra mujer, y Eduardo Riggi. ambos jubilados. Ya se convocó al concurso y es probable que esta nueva vacante se sume. Se tomaron exámenes a 40 postulantes pero aún no los corrigen. Nadie sabe las razones de esta demora. Ahora, con tres vacantes –que serán cubiertas provisoriamente por los actuales jueces– se generan más suspicacias.
La Casación Penal tiene cuatro salas de tres jueces cada una. El presidente que designe a los tres nuevos jueces allí, en un nuevo Gobierno, tendrá la oportunidad de nombrar al 25% del tribunal. Claro que sus designados deben surgir de ternas que le envíe el Consejo de la Magistratura. La Cámara de Casación es un tribunal muy sensible para el poder, ya que confirma o revoca las condenas y absoluciones de todas las causas penales federales del país, las pasadas y las por venir.
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La decisión de la Corte es un mensaje para la clase política. En el Senado, la oposición bloqueó las sesiones para impedir el acuerdo de Figueroa y para que no se aprobaran los pliegos de 73 jueces elegidos por Alberto Fernández, en su mayoría afines al Gobierno. Según denunció la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), al menos tres de ellos fueron seleccionados por fuera de las ternas enviadas por el Consejo de la Magistratura.
Ahora, por más que Figueroa no está, es improbable que la oposición le dé el quorum al oficialismo para designar jueces, a tres meses de la salida del Gobierno. La Corte les abrió el camino.
