Un grupo de exfuncionarios económicos de América Latina, entre los que se encuentran los argentinos Guillermo Calvo, Pablo Guidotti y Roque Fernández, publicó una declaración en la que recomienda importantes reformas al Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre ellas, propone crear un fondo para mercados emergentes, modificar el marco común del G20 de restructuración de deuda de países en vías de desarrollo y -el que más interés genera en la Argentina- otorgar al FMI la capacidad de refinanciar los saldos de deudas de programas que pueden considerarse fallidos, como el que tiene con el país.
El Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros (Claaf) está compuesto por renombrados economistas de la región. Además de los tres argentinos mencionados, está integrado por Andrés Velasco, exministro de Hacienda de Chile; Augusto de la Torre, expresidente del banco central de Ecuador, y Liliana Rojas-Suarez, execonomista jefe para América Latina de Deutsche Bank, entre otros.
“El comité ha identificado tres tendencias críticas en la economía global con implicaciones profundas que requieren cambios urgentes en el FMI: 1) la creciente relevancia de la demanda global por activos líquidos, que se ha hecho evidente en las crisis recientes, con las fragilidades que acompañan a este desarrollo, como son, por ejemplo los shocks de liquidez globales; 2) niveles récord de deuda soberana con aumentos importantes en la deuda doméstica; y 3) la aparición de nuevos acreedores bilaterales oficiales que vienen teniendo presencia significativa en mercados emergentes y países en vías de desarrollo (EMDE, por sus siglas en inglés). Además, el FMI está experimentando una disminución importante en la credibilidad de sus programas”, dice el documento difundido.
En el punto que propone refinanciar la deuda con el FMI en programas fallidos, la Claff dice: “Los préstamos del FMI tienen dos objetivos principales. En primer lugar, proporciona financiamiento a los países que experimentan crisis de balanza de pagos y/o estrés fiscal, aunque el estrés fiscal per se no es un objetivo declarado del apoyo financiero del FMI, pero a menudo es uno de facto. En segundo lugar, al negociar las condicionalidades de los programas con los países miembros, el FMI no solo busca garantizar la devolución de sus préstamos, sino que también proporciona un respaldo implícito al marco de política del país que recibe financiamiento. Tal respaldo, a veces denominado ‘sello de aprobación’, es importante para fortalecer la credibilidad de la política de los países y contribuye a reducir el costo de financiamiento de estos y a la recuperación del acceso a los mercados financieros internacionales”, dice el texto.
“En el caso de un programa fallido, como el caso de la Argentina, el FMI se enfrenta a una elección difícil. Para refinanciar un préstamo existente, puede verse obligado a aceptar un mal programa y ser excesivamente indulgente al otorgar sucesivas exenciones por el incumplimiento de los objetivos del programa. De lo contrario, si no se acuerda un nuevo programa, no tiene más opción que obligar al país deudor a caer en mora con la institución. Ambas alternativas están lejos de ser óptimas. La primera erosiona la credibilidad del FMI, mientras que la segunda es una especie de ‘opción nuclear’ que puede agravar considerablemente la inestabilidad económica del país involucrado y puede conducir a disturbios sociales y políticos”, agrega.
En este sentido, y para permitir la refinanciación de un préstamo fallido sin obligar al FMI a aceptar programas débiles o inconsistentes, el comité considera que los préstamos relacionados con programas fallidos deberían ser refinanciados con un recargo (surcharge) de interés, pero sin requerir un nuevo programa del FMI.
“El FMI debería tener la capacidad de refinanciar, por solo una vez, un préstamo relacionado con un programa fallido mediante un nuevo préstamo con alargamiento de plazos (por ejemplo, con un vencimiento a 10 años), pero sin involucrar un nuevo programa. El recargo de interés representa un costo para el país deudor, pero también pude ser un incentivo para negociar en el futuro un nuevo y adecuado programa. Cuando se acuerda un nuevo programa, el recargo de interés debe ser eliminado”, dijeron.
Para el grupo de economistas, introducir este cambio en las políticas de préstamo del FMI “protegería la credibilidad de los programas del FMI y haría más transparente la relación con el país deudor”. Además, el comité también considera que la reestructuración de programas fallidos se manejaría de manera más eficiente por un nuevo departamento que no esté directamente involucrado en las operaciones de préstamo, como el departamento legal. “Dicho departamento o división también tendría la tarea de coordinar la reestructuración con otros acreedores bilaterales oficiales para proteger mejor el estatus de acreedor preferido del FMI”, indicaron.
Reestructuración de la deuda pública
El comité también hace hincapié en el aumento de las deudas públicas debido a las necesidades de los gobiernos durante la pandemia y debido a las debilidades fiscales preexistentes, donde se han alcanzado niveles récord históricos. “Actualmente se están llevando a cabo una serie de reestructuraciones de deuda en este grupo de países (por ejemplo, Ghana, Zambia, Sri Lanka y Etiopía). Una característica destacada de estos procesos es que se presupone que tendrán lugar bajo el Marco Común del G20, un marco que no ha funcionado”, dijeron los economistas.
Para el comité, existen dos razones principales por las que el Marco Común del G20 ha fracasado hasta ahora. “En primer lugar, en los últimos años, el papel de los nuevos acreedores oficiales bilaterales, en particular China y los países del Golfo, ha aumentado significativamente, y gran parte de sus préstamos a los países en desarrollo se efectúa con menor condicionalidad explícita que la implicada en los préstamos de las instituciones multilaterales. En el caso de China, los préstamos a los países en desarrollo han sido involucrados un colateral y han incluido cláusulas de no divulgación, complicando el cumplimiento del Marco Común del G20. El Comité apoya los llamados para que China participe en esquemas colectivos para reestructurar las deudas bilaterales”, recomiendan.
“En segundo lugar, el Marco Común del G20 establece que la deuda doméstica debería incluirse en las reestructuraciones, junto con la deuda externa. El Comité no está de acuerdo y considera que la deuda doméstica debería excluirse del Marco Común del G20 y tratarse por separado, caso por caso, con reglas diferentes según las circunstancias específicas de cada país y la composición de los tenedores de deuda doméstica”, agregaron.
Por último, el grupo de economistas también propone la creación de un fondo para mercados emergentes (EMF, por sus siglas en inglés), que actúe como un prestamista internacional de última instancia. “El funcionamiento de este fondo resultaría en una mejora de la liquidez de la deuda externa soberana de los mercados emergentes en momentos en los que las interrupciones en los mercados de capitales internacionales golpeen sus economías”, dijeron.
“Operativamente, el EMF estaría autorizado a realizar compras temporales en el mercado secundario de deuda soberana de un grupo de países emergentes sujetos a contagio, o, alternativamente, compras de un índice de bonos de mercados emergentes como el Índice Global Diversificado de Bonos de Mercados Emergentes (Embigd), si el contagio se extiende a muchos países. Al crear un instrumento que evita las crisis sistémicas, el EMF contribuiría a la estabilidad financiera de todos los países en desarrollo, no solo aquellos mercados emergentes con mayor acceso a los mercados internacionales de capitales”, agregaron los economistas.
“El Comité considera que el EMF debería ser administrado por el FMI, pero segregado de su balance. Las reglas de intervención y toma de decisiones en el EMF deben ser claras pero flexibles, y su Junta Directiva debe estar preparada para actuar a corto plazo durante periodos de estrés sistémico. Estas decisiones normalmente involucrarían juicios de valor, requiriendo una gobernanza fuerte. El comité cree que para financiar adecuadamente el mecanismo propuesto se requerirían aproximadamente US$300.000 millones, cifra que es equivalente al saldo de la deuda externa soberana en bonos a corto plazo de los mercados emergentes (aproximadamente igual al 20% del saldo total de la deuda internacional soberana en bonos de los mercados emergentes). Este nivel de financiación es relativamente modesto y podría ser provisto por los bancos centrales de las economías avanzadas que emiten moneda de reserva, mediante el otorgamiento de líneas de swap al EMF. Con esto se evitaría los problemas innecesarios impuestos a los países emergentes y en desarrollo en momentos de interrupciones en los mercados de capitales internacionales”, concluyeron.
