Un fiscal de Estados Unidos pidió a la Justicia de su país que ordene la ejecución definitiva de la orden de decomiso del avión de carga del Estado venezolano que aterrizó hace casi un año en la Argentina, con tripulantes venezolanos e iraníes sospechados de espionaje, y desde junio del año pasado está custodiado en una pista marginal del aeropuerto de Ezeiza. Así lo señalan documentos judiciales norteamericanos fechados el 13 de abril pasado, a los que accedió LA NACION, firmados por el fiscal Rajbir Datta.
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En tanto, el Ministerio de Justicia que encabeza Martín Soria retiene desde el año pasado un exhorto enviado por la justicia estadounidense en el que pide que les entreguen la aeronave, reconocieron seis fuentes relacionadas con el caso. El ministerio local le requirió a la justicia de Estados Unidos aclaraciones y explicaciones adicionales antes de decidir si traslada el exhorto al juez federal Federico Villena para que resuelva si entrega el avión. Este intercambio de exhortos con los Estados Unidos es secreto, ya que el acuerdo de cooperación así lo prevé.
El Boeing de Emtrasur que aterrizó en Ezeiza el 6 de junio de 2022 y generó alarma por lo inusual de su tripulación binacional y la sospecha de que estaba haciendo tareas de espionaje, pertenece a Venezuela en los papeles y fue comprado a la empresa de Irán Mahan Air, pero Estados Unidos lo quiere decomisar porque entiende que se violó una ley norteamericana que prohíbe negociar bienes norteamericanos con empresas listadas como sospechosas de terrorismo.
La entrega de la aeronave a los Estados Unidos es una decisión política del Estado argentino, que debe resolver si hace lugar al reclamo norteamericano o si elige no pelearse con el gobierno de Venezuela y eventualmente el de Irán, que observa el desarrollo de las acciones.
El acuerdo de cooperación judicial internacional entre la Argentina y Estados Unidos es de 1991 y prevé que es el Ministerio de Justicia el organismo que tramita las solicitudes, no la Cancillería, cono ocurre con todos los demás países. El Ministerio de Justicia tiene la decisión política de tramitar ese pedido o no. Por reciprocidad, cuando la Argentina le pide colaboración a los Estados Unidos, también la secretaria de Justicia se reserva esa facultad.
A principios de agosto del año pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos transmitió una solicitud a las autoridades argentinas para incautar el avión de carga Boeing 747-300, luego de que se revelara una orden de incautación emitida por la corte de distrito de Columbia el 19 de julio pasado.
En esa ocasión, el Ministerio de Justicia se allanó de inmediato, recibió el pedido del juez de Washington Michael Harvey y lo reenvió al juez Villena de Lomas de Zamora, que debía resolver qué hacía con los tripulantes iraníes y venezolanos. El juez finalmente sobreseyó a algunos de ellos, les dictó la falta de mérito a otros y permitió su salida del país. Eran 19 tripulantes del avión de Emtrasur, cuatro iraníes, entre ellos el piloto y el copiloto, y 15 venezolanos.
Pero en cuanto a la incautación del avión, es decir el secuestro de la aeronave, el juez Villena estuvo de acuerdo con la solicitud de la fiscal Cecilia Incardona y retuvo el avión a disposición de la Justicia norteamericana.
En la orden de incautación de la Justicia de Columbia se indicaba que el avión de fabricación estadounidense “está sujeto a decomiso en base a violaciones de las leyes de control de exportaciones” de ese país y que en este caso la violación estaría relacionada “con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air, una aerolínea iraní”, a una firma venezolana. El departamento de Justicia norteamericano recordó el supuesto vínculo de Mahan Air con el Hezbollah y la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC-QF), una organización sindicada como terrorista por los Estados Unidos.
Con esa decisión del juez Villena, el avión quedó paralizado en Ezeiza. Un grupo de alguaciles (”marshals”) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos está desde entonces viajando de manera frecuente a Buenos Aires para hacerse cargo del mantenimiento del avión. Contratan a personas que lo pongan en marcha, que se hagan cargo de mantenerlo en operaciones, por orden de la Justicia norteamericana. Estados Unidos paga por el estacionamiento de la aeronave, el combustible y el mantenimiento.
Luego del primer exhorto en el que se solicitaba la incautación, que pasó por el Ministerio de Justicia como por un tubo, llegó el segundo, en el que la justicia de Estados Unidos requería el decomiso para llevárselo a su país. La medida fue ordenada a fin de octubre del año pasado por la corte de Columbia y el exhorto llegó semanas después al Ministerio de Justicia.
Ese segundo exhorto hablaba de un decomiso in rem, es decir que sigue al objeto y no a las personas, y lo planteaba como un decomiso civil, sin perjuicio de las personas involucradas. El asunto no es menor porque con imputados con falta de mérito y sobreseídos, la empresa Emtrasur, representada por el abogado Maximiliano Rusconi, está reclamando que le devuelvan la aeronave. La Justicia le dijo que no, y el reclamó escaló hasta la Cámara Federal, que le negó esa posibilidad. Las autoridades venezolanas reclamaron airadamente el avión: dijeron que estaba secuestrado por el gobierno argentino.
Se trata de un viejo avión, discontinuado, que tiene un gran gasto de combustible y prácticamente no tiene valor comercial para la industria. Sí es un botín geopolítico, en medio de la pulseada entre Estados Unidos y Venezuela, con el gobierno argentino en medio.
El Ministerio a cargo Soria pidió precisiones tras señalar que había problemas con la traducción y el documento tuvo dos idas y vueltas sin que se adopte finalmente la decisión de enviarlo a la Justicia para que resuelva si le dan la propiedad del avión a los Estados Unidos. “Hay un claro componente político en la decisión de retener el exhorto. No le quieren dar el avión a los Estados Unidos porque se trata de favorecer a Venezuela”, dijo una fuente que es parte en la controversia.
El pedido del fiscal Datta
En paralelo, mientras se da esta puja entre el gobierno argentino y el norteamericano, el fiscal adjunto de los Estados Unidos Rajbir Datta requirió al juez norteamericano que proceda a la ejecución de la aeronave. Hasta ahora Estados Unidos había conseguido esta suerte de embargo preventivo.
En el pedido de decomiso que el fiscal quiere ejecutar “en rebeldía” se señala que notificaron a Venezuela, a Emtrasur y que se publicaron edictos por 35 días y que nadie se presentó reclamando la aeronave ni invocando una clausula de inmunidad o violación de la soberanía venezolana para quedarse con el aparato.
La Argentina, en otros casos, como cuando le embargaron la Fragata Libertad o aviones de Aerolíneas por reclamos de los fondos buitres, alegó que se estaba ante bienes que eran inembargables, porque implicaban una violación de la inmunidad soberana del país.
En su escrito, el fiscal señaló que no hay violación de la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA). “No hay ningún demandante ante el Tribunal que haya invocado las protecciones de la FSIA y los Estados Unidos ha proporcionado un aviso consistente con la Regla complementaria G y FSIA. En consecuencia, no hay base para encontrar que la FSIA prohíba esto”, dice el escrito de Datta.
El fiscal Datta contó los antecedentes del caso: habló de una “la transferencia ilícita de custodia y control de la aeronave demandada” de Irán a Venezuela, dijo que “es una mercancía estadounidense sujeta a controles de exportación, de una entidad iraní sancionada a un tercero y sus subsiguientes reexportaciones sin la autorización del gobierno de EE.UU”.
Datta dijo que está prohibido que Mahan participe en cualquier exportación o reexportación o transacción que involucre bienes de origen estadounidense. Fue en octubre de 2021 que Mahan Air le vendió el avión a la aerolínea venezolana Emtrasur, una subsidiaria de la empresa estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), “sin autorización del Gobierno de los Estados Unidos”.
“Entre o alrededor de febrero de 2022 y alrededor de mayo de 2022, Emtrasur continuó reexportando la aeronave demandada, incluso a Teherán, Irán y Moscú, Rusia, sin el permiso del gobierno de EE.UU.”, dice el fiscal.
Por eso entiende que “la aeronave está sujeta a decomiso por violaciones de las leyes de exportación de los Estados Unidos. El 19 de julio de 2022, el juez G. Michael Harvey encontró causa probable para creer que la aeronave estuvo involucrada en violaciones a esa ley y emitió la orden de incautación. El 20 de octubre de 2022, Estados Unidos inició esta acción de decomiso contra la aeronave mediante la presentación de una demanda de extinción de dominio. Y el 24 de octubre el juzgado dictó la orden de decomiso.
El fiscal aseguró que dado que “ningún reclamante compareció ante este Tribunal reclamando un interés en la aeronave demandada, ni proporcionó cualquier prueba, y mucho menos prueba satisfactoria, alegando su derecho”, Estados Unidos, por lo tanto, “solicita a este Tribunal que ordene sentencia en rebeldía y confiscación de la aeronave demandada”.
“Los Estados enviaron un aviso por correo al consulado de Venezuela en Washington DC, enviaron un aviso por correo a dos direcciones corporativas en Venezuela, y notificación por correo electrónico a los abogados argentinos que representan a la demandante potencial en procesos argentinos”, dijo el fiscal, alegando que se cumplieron acciones que van mas allá de “lo que es mínimamente necesario bajo la FSIA”.
Ahora se sumará un nuevo reclamo al gobierno argentino si es que el juez norteamericano sigue el pedido del fiscal ya que enviará un nuevo exhorto para decir que se agotaron las instancias de trámite judicial y reclamar que se de trámite al decomiso del avión y se lo manden a los Estados Unidos.
