En medio de la tormenta, Cristina Kirchner se quedó sin puerto donde encontrar abrigo. Es el peor escenario para ella. Al tiempo que el poder político se le escurre, se agravó este lunes su situación judicial y la de su hijo Máximo Kirchner, ya que la Justicia revocó su sobreseimiento y decidió juzgarlos por lavado de dinero en el caso Hotesur-Los Sauces. Anuló también el fallo que la había beneficiado en el caso por la firma del Memorándum con Irán.
Estos problemas judiciales estaban contenidos desde hace poco mas de un año y de pronto estallaron en pleno proceso electoral, cuando es evidente el desgaste del kirchnerismo como dispositivo capaz de retener poder. La derrota de Jorge Capitanich en el Chaco es solo un ejemplo de ese proceso en marcha. La incapacidad de sesionar en el Senado, donde Cristina Kirchner es la presidenta, y la imposibilidad de conseguir quorum es otra evidencia del mismo desgaste.
Cristina Kirchner ya fue condenada el año pasado a 6 años de prisión por fraude a la administración pública en la causa Vialidad, es decir por favorecer con licitaciones al empresario Lázaro Báez y convertirlo en millonario. Ahora la Justicia reabrió el caso complementario, Hotesur-Los Sauce, donde se investiga cómo una parte del dinero estatal que recibió Báez pasó a manos de las empresas hoteleras de la familia Kirchner, en una presunta maniobra de lavado que involucra a Máximo Kirchner, que era su accionista. Florencia Kirchner fue sobreseída porque si bien era accionista, tenía 12 años en el momento en que se sucedieron los hechos.
Los jueces de Casación, además, apartaron a los jueces que sobreseyeron sin juicio a la vicepresidenta. Es una medida que se toma cuando un magistrado adelanta opinión sobre el fondo del juicio.
Hotesur y Los Sauces se centra en la corrupción en el corazón del poder. En el caso del pacto con Irán el eje es la geopolítica de Occidente y la muerte del fiscal Alberto Nisman, que con su denuncia inició esta causa. Para la Justicia es un asesinato impune.
La causa del memorándum trata sobre cómo la Argentina se apartó de la política de persecución de los sospechosos del atentar contra la AMIA y la Embajada de Israel para pactar con ellos. Son 85 muertos en el ataque a la AMIA y 22 en el ataque a la sede diplomática. Un daño que es indigerible para el Estado de Israel, que usó todos los medios a su alcance para conseguir una sentencia como esta. El fallo era mirado desde hace unos años con particular interés por los Estados Unidos.
Nisman apareció muerto de un tiro en la cabeza en su casa, a los pocos días de denunciar a la vicepresidenta por esta causa. La Justicia dijo que a Nisman los mataron, y aún busca a quién lo ejecutó.
En el caso Hotesur, un peritaje ignorado por los jueces Daniel Obligado y Adrián Grumberg, que sobreseyeron a Cristina Kirchner sin juicio, señala que entre el 16 de octubre de 2012 y el 5 de junio de 2013 ingresaron a las cuentas de Hotesur y de los Kirchner $6.565.324. Allí se ve la calesita que hizo el dinero que recibió Lázaro Báez por las obras públicas: ingresa a su empresa Austral Construcciones para ser girado luego a Valle Mitre y desde allí se deposita en cuentas de Hotesur, en concepto de canon de alquiler. Un rulo que -según se sospecha- permitía el blanqueo de dinero que llegaba como una especie de retorno.
La otra fuente de ingresos de las empresas de los Kirchner, dedicadas a la administración hotelera, eran las transferencias de Cristóbal López por el pago de alquileres. La Justicia investiga si ese dinero se relaciona con la causa en la que López fue absuelto y en la que se investigó cómo consiguió planes de la AFIP para retener el pago del impuesto a los combustibles de su petrolera Oil. El exjefe de la AFIP Ricardo Echegaray fue condenado en ese caso.
La ecuación del poder
Son como términos de una ecuación: cuanto mayor es el poder, menor el riesgo de terminar en prisión y a la inversa. Fue la salida de la jueza Ana María Figueroa de la Cámara de Casación la que destrabó esta sentencia. Así se entiende su resistencia a dejar el cargo a pesar de haber cumplido 75 años y no contar con acuerdo del Senado. Figueroa dijo que se iba a quedar esperando que el Senado le diera acuerdo y mientras tanto no iba a firmar fallos. Ni siquiera este de Hotesur y Los Sauces, que se suponía era en favor de Cristina Kirchner. Sus colegas, que ya tenían los votos, estaban ante una disyuntiva: si sacaban una sentencia con dos votos o esperaban a que se solucionara la situación de Figueroa.
Fue la Corte la que resolvió el problema y determinó que Figueroa había cesado como jueza desde el día en que cumplió 75 años, ya que no tenía un nuevo nombramiento. Entonces sí pudo terminar de resolverse el caso.
Cuando Cristina Kirchner convirtió a Alberto Fernández en candidato a presidente mediante un tuit le encargó solucionar sus problemas judiciales. Pero el plan fracasó. Marcela Losardo, la primera ministra de Justicia del gobierno actual, no entendía así el vínculo entre la Justicia y el poder.
Con todos los puentes rotos, Fernández buscó condicionar a los jueces con la reforma de su sistema de jubilaciones y colocó a Martín Soria en el Ministerio de Justicia, un político que ni se molestó en seducir a los magistrados. Al contrario, cuando visitó a la Corte fue para descalificarlos en la cara.
Pero la Justicia se abroqueló y no dio un paso atrás. El tribunal oral llevó hasta el final el juicio contra Cristina Kirchner en el caso Vialidad en plena pandemia y ahora esa sentencia está apelada en la Cámara de Casación, que analiza agravar las penas, ya que los fiscales Diego Luciani, primero, y Mario Villar, después, pidieron condenar por el delito de asociación ilícita. Esa definición se conocerá en 2024.
La Corte se fortaleció y dio señales de que no iba a permitir que la llevaran puesta, a pesar de sus diferencias internas. El kirchnerismo presionó al máximo sobre los jueces, al promoverles un juicio político. Semana a semana, y desde hace meses, los diputados buscan limar a los magistrados.
Los legisladores kirchneristas fracasaron en todos los intentos de reforma judicial de esta gestión: no pudieron cambiar la justicia federal, no lograron aprobar la ley que cambie el modo de elegir procurador general de la Nación con menos requisitos que los actuales y cada tanto intentan impulsar una legislación que pretende legitimar a los jueces con el voto popular. El argumento es que si fallan contra lo que vota la mayoría no es justo. El sistema judicial es parte del mecanismo de controles y equilibrios (checks and balances) que debe evitar intromisiones o extralimitaciones de los diferentes poderes del Estado.
Contraofensiva
Cristina Kirchner viene preparando una contraofensiva para este momento. Se la dio servida la congresista norteamericana Alexandria Ocasio-Cortez, que ventiló en el Capitolio una investigación de Pro Púbica sobre un juez de la Corte de Estados Unidos que acepto un viaje de pesca a Alaska de más de 100.000 dólares pagado por Paul Singer, dueño de un fondo de inversión.
Como todo hace juego con todo, Singer fue a pescar con el juez Samuel Alito en 2008, y el juez falló en 2016 (junto con otros seis jueces de la Corte norteamericana, que se pronunciaron 7 a 1) a favor del empresario en el juicio de los fondos buitre contra Argentina. Cristina Kirchner señala que lo sucedido en Estados Unidos es lo mismo que lo ocurrido en Argentina, donde un grupo de jueces viajaron con ejecutivos de Clarín y funcionarios porteños a Lago Escondido.
La vicepresidenta lo tuiteó y Alberto Fernández se reunió este lunes en el consulado argentino en Nueva York con Ocasio-Cortez para “profundizar esa investigación”, que a su juicio es un ejemplo de cómo funciona el lawfare universal. Fernández hasta dijo que la Argentina está dispuesta estudiar si inicia acciones en Estados Unidos.
A estos dos juicios les espera en la lista la causa mas grave contra la vicepresidenta: el caso de los cuadernos de las coimas, donde Cristina Kirchner está acusada de ser jefa de una asociación ilícita.
Es una de los 159 acusados, que están todos en libertad. Se los acusa de instrumentar un mecanismo de pago y cobro de sobornos para mantener contratos de obra pública. Con tantos involucrados no hay indicios de cuándo puede empezar este juicio.
La plata en efectivo era recogida por Oscar Centeno, un chofer del Ministerio de Planificación que anotó en cuadernos los viajes que hacía con funcionarios de la cartera para retirar sobornos pagados por empresarios. Funcionarios “arrepentidos” admitieron los cobros y los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia.
Los viajes de pesca en busca de los salmones salvajes de Alaska, sin embargo, no bastan para evitar que, en la Argentina, la vicepresidenta deba enfrentar ahora dos nuevos procesos, esta vez por lavado de dinero y por encubrir a los sospechosos iraníes de volar la AMIA.
Se harán cuando ya no tenga fueros que la protejan y muchos menos poder.
