Seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Con una repercusión ínfima en comparación con la pena idéntica que recibió el 6 de diciembre del año pasado la vicepresidenta Cristina Kirchner, el exintendente de Lincoln Jorge Fernández fue condenado la semana pasada por asociación ilícita, en concurso real con defraudaciones a la administración pública, estas últimas en concurso ideal con el uso de documento falso. A diferencia de la exmandataria, que renunció a las candidaturas y argumentó estar “proscripta”, el exjefe comunal se anotó en la contienda electoral tras el fallo de primera instancia en su contra y competirá por la candidatura a intendente de Lincoln dentro de Unión por la Patria.
Fernández fue intendente entre 2003 y 2015, durante tres mandatos consecutivos que ganó desde las boletas del Partido Justicialista. Su lista es una de las dos que se presentan dentro de Unión por la Patria en Lincoln (la restante es del concejal Bernardo Baccello, del Frente Renovador) y fue oficializada el 29 de junio por la Junta Electoral partidaria. El 7 de julio, Fernández fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 Departamental de Junín, integrado por los jueces Karina Piegari, Esteban Melilli y Pablo Mases, pero no declinó su precandidatura. Tras un fallo con el que se le aplicó el mismo monto de la pena que al exintendente linqueño, Cristina señaló en un acto en Avellaneda, a fin del año pasado, que “no hay renunciamiento ni autoexclusión, hay proscripción” y sostuvo así su paso al costado de las postulaciones electorales.
El tribunal condenó al exintendente por hechos ocurridos durante parte de sus tres mandatos, entre los años 2009 y 2012, en un fallo en el que también halló culpables a Walter Fernández (contador municipal) y Marcelo Porto (tesorero municipal), ambos exfuncionarios condenados a cinco años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los jueces señalaron que, “a través de una división de tareas y funciones, se encargaban de generar de modo fraudulento falsos procesos de compra y/o adquisición de servicios, logrando la erogación ilícita de dinero público”.
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Según el fallo, los tres condenados “hicieron uso de documentos falsos, tal es el caso de emisión de solicitudes de gastos, órdenes de compras, órdenes de pago, facturas, constancia de recepción, recibos de pago, endosos de cheques donde ha quedado acreditada la falsificación de las firmas insertas de los funcionarios municipales Luis Siri, Néstor de Mingo y Mario Ruiz, así como de los supuestos proveedores”.
Fernández, que ya estuvo dos años detenido en prisión preventiva por este caso, anunció que apelará el fallo en su contra. LA NACION intentó dialogar con él, pero desde su entorno señalaron que no opinará.
El actual intendente, Salvador Serenal, fue denunciante en la causa. “Asumimos en 2015 e hicimos una auditoría. En diciembre de 2016, presentamos la denuncia. La fiscalía trabajó 100 hechos y quedaron imputados por unos 50. Falsificaban los proveedores, tomaban sus CUIT y facturaban. Los mismos funcionarios hacían el circuito: sacaban el cheque, falsificaban la firma del proveedor y lo cobraban”, señaló Serenal a LA NACION.
“Por ejemplo, hay una señora de Córdoba que tenía un almacén y venta de verduras, a la que supuestamente le compraron ladrillos, materiales, chapas. Otro caso es el de un electricista de Junín. El perjuicio actualizado sería por un millón de dólares”, completa Serenal, que está alineado con Horacio Rodríguez Larreta y buscará su tercera reelección, para lo que deberá primero imponerse en una interna contra el bullrichista Alejandro Sarobe.
El exintendente de Lincoln y candidato es funcionario del Ministerio de Seguridad, cartera que conduce Aníbal Fernández. Está al frente del Programa Nacional de Descontaminación y Compactación de Vehículos (Prodeco).
