Cristina Kirchner y la jueza Ana María Figueroa están dispuestas a arrastrar a la Justicia hasta la vergüenza y el barro. Figueroa es magistrada (¿o era?) de la Cámara de Casación Penal, la más alta instancia penal del país, pero cumplió el 9 de agosto los 75 años que fija la Constitución para que los jueces se jubilen. Ella, que ocupaba la presidencia del cuerpo, es una jueza cercana al kirchnerismo; de hecho, validó verbalmente la teoría cristinista de la “persecución judicial” a la vicepresidenta. Por indicación de Cristina Kirchner, el gobierno de Alberto Fernández le pidió al Senado un nuevo acuerdo por cinco años más para Figueroa (trámite que establece la Constitución como requisito obligatorio para seguir siendo juez después de los 75 años), pero la vicepresidenta no consiguió hasta ahora el quorum necesario para que la cámara alta sesione. En efecto, sucede el hecho absurdo de que los bloques de la oposición no quieren que el Senado sesione porque en cualquier momento el kirchnerismo podría incorporar el tratamiento del acuerdo de Figueroa, que va acompañado del acuerdo a 73 nuevos jueces, casi todos muy cercanos a la vicepresidenta.
En un momento crucial en el que la política debate sobre cómo serán los próximos cuatro años y, sobre todo, cómo serán los próximos casi cuatro meses que le quedan de mandato a Alberto Fernández, la vicepresidenta tiene la mirada fija en la Justicia, porque está segura de que lo que viene será algo muy distinto de lo que ella promovió durante los últimos 20 años. Para ella, es probable que ganen Javier Milei o Patricia Bullrich, pero no cree (hace rato que no cree) en un triunfo de Sergio Massa. Solo acompañó la nominación presidencial del ministro de Economía porque intuye que puede hacer mejor elección que cualquier otro candidato peronista y que, de ese modo, ella se quedará con importantes bloques parlamentarios. Solo cree en eso. Su fe electoral se limita a esa módica convicción.
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Este martes sucedió un hecho estrafalario en la Cámara de Casación. Figueroa había pedido licencia como presidenta de esa Cámara cuando cumplió los 75 años; también anunció entonces que no firmaría ninguna resolución hasta contar con el acuerdo del Senado. Pero ayer cambió de opinión. Ante una convocatoria extraordinaria para una reunión del plenario de jueces de esa Cámara, que iban a tratar el caso Figueroa, fue esta la que se sentó en el sillón del presidente, dijo que reasumía sus funciones y que hubo un error cuando los otros jueces creyeron en su licencia como titular del cuerpo. La Cámara había quedado bajo la presidencia del vicepresidente, el juez Mariano Borinsky, quien no le disputó la función que Figueroa se autoatribuyó. Figueroa hizo un largo alegato en el que mezcló denuncias paranoicas sobre supuestas persecuciones a ella con acusaciones de misoginia sobre los demás magistrados. Los otros jueces habían llevado a la reunión la idea de crear una nueva mesa directiva con Borinsky como presidente; con Daniel Petrone como vicepresidente primero, y con Diego Barroetaveña como vicepresidente segundo. Pero la decisión de Figueroa de regresar a su cargo de presidenta impidió que lo jueces avanzaran en su definitivo relevo, a pesar de que un grupo de magistrados mantuvo su objeción a las pretensiones de la jueza alzada contra la Constitución. Sin embargo, el juez Carlos Mahiques fue el único, según trascendió, que no reconoció la presidencia de Figueroa, que se dirigió siempre a Borinsky como titular del cuerpo y que pidió que se votara el desplazamiento de la jueza cuestionada y el nombramiento de un juez subrogante en su lugar. No tuvo los números suficientes porque muchos prefirieron darle la oportunidad de una licencia. El juez Alejandro Slokar hacía, a su vez, de abogado defensor de Figueroa; Slokar simpatiza también abiertamente con el kirchnerismo. Llama la atención que no hubiera una mayoría necesaria en la Casación como para reclamarle a Figueroa el respeto a la ley o que no haya existido una conducción en esa Cámara en condiciones de fijarle a la jueza sus definitivos límites.
Una de las preguntas que circulan en los tribunales es si realmente Figueroa sigue siendo jueza o ya no lo es. Desde la reforma de la Constitución de 1994, la Corte Suprema de Justicia tuvo dos jurisprudencias sobre la edad límite de los jueces para ejercer sus cargos. La reforma incorporó que los jueces deben jubilarse a los 75 años, salvo que cuenten en el momento del cumpleaños con un nuevo acuerdo del Senado por cinco años más. Sin embargo, la Corte que existió en tiempos de Carlos Menem declaró nulo de nulidad absoluta a ese artículo en el llamado “caso Fayt”; de esa manera, el máximo tribunal del país le permitió al entonces juez Carlos Fayt seguir siendo miembro de la Corte. Mucho tiempo después, en 2017, una Corte Suprema con otra composición cambió radicalmente la jurisprudencia del tribunal en el llamado “caso Shiffrin”, y estableció que los jueces deben respetar ese mandato constitucional sobre la edad de los magistrados. Una corriente de jueces interpreta que, luego de la última resolución de la Corte, los jueces deben contar el día de su cumpleaños número 75 con un nuevo acuerdo del Senado y hasta con el decreto del Presidente designándolos nuevamente. Si no tuvieran ambas cosas (y es el caso de Figueroa) cesan automáticamente en el ejercicio de sus cargos, sostienen esos magistrados. De ahí, entonces, el enorme escándalo que promovió el caso de Figueroa. Varios jueces aseguran también que la continuidad de Figueroa en la presidencia de la Cámara podría servir para cuestionar en el futuro todas las decisiones de esa crucial instancia penal del país. De todos modos, la mayoría de los jueces de la Casación anticipó que en la reunión de este miércoles del cuerpo se aprobará el pedido de licencia extraordinaria de Figueroa, se designarán nuevas autoridades del cuerpo y se nombrará al juez subrogante que reemplazará a la jueza refutada. “Figueroa solo tiene a Slokar y a Ángela Ledesma. A nadie más”, aseguran. Si todo resultara así, los jueces de la Casación le habrán pasado el problema a la Corte Suprema, que deberá decidir sobre la licencia de Figueroa. Es improbable que el máximo tribunal trate esa licencia porque estaría desdiciéndose; aceptaría la condición de jueza de quien, según la Corte, no reúne ya las condiciones para serlo.
Un aspecto especialmente polémico fue la decisión del Consejo de la Magistratura de pagarle íntegro a Figueroa el sueldo de agosto, cuando supuestamente ella dejó de ser jueza el día 9 de ese mes, cuando cumplió los 75 años y no tenía el acuerdo del Senado para seguir en el cargo. Versiones del Consejo de la Magistratura señalan que la culpa radica en la Cámara de Casación, porque no le informó formalmente de la situación de Figueroa. Funcionarios de la Casación aseguran, a su vez, que esa instancia se pudo demorar unos diez días, pero que la comunicación sobre Figueroa salió en agosto hacía el Consejo y hacia la Corte Suprema. Nadie se pone de acuerdo.
Para peor, esa jueza integra la sala I de la Cámara de Casación junto con los jueces Barroetaveña y Petrone, ambos considerados magistrados buenos e independientes. Esa sala debe revisar el sobreseimiento de Cristina Kirchner y sus dos hijos, Máximo y Florencia, en el caso Hotesur y Los Sauces por supuesto lavado de dinero en hoteles y edificios de la poderosa familia política. El sobreseimiento lo decidió un tribunal integrado por los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg con la disidencia de la jueza Adriana Palliotti. El mismo juez Obligado, como integrante de otro tribunal, la sobreseyó a Cristina Kirchner, también antes del juicio, por el caso del memorándum con Irán, denuncia que inició el fiscal Alberto Nisman pocos días antes de ser asesinado. La misma sala de Casación que integran Figueroa, Barroetaveña y Petrone tiene también que resolver si revoca o no este sobreseimiento. Obligado es el mismo juez que le permitió al exvicepresidente Amado Boudou, en medio de la cuarentena por la epidemia de Covid, cumplir en su casa la condena efectiva a prisión por el “caso Ciccone” con el argumento de que debía ayudar a cuidar a sus hijos. Obligado nunca falta ni tampoco cree conveniente un imprescindible juicio para establecer si un poderoso es culpable o inocente.
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Otra pregunta común en los tribunales refiere a por qué Cristina Kirchner le dedica tanto esfuerzo, energía y tiempo a una jueza que integra un tribunal en el que está en franca minoría. La respuesta más habitual es que se trata de un mensaje de la vicepresidenta a los jueces que la ayudan en las varias y muy complicadas investigaciones judiciales que la asedian. Cristina Kirchner sabe desde hace tiempo que el gobierno de Alberto Fernández será el último gobierno kirchnerista por mucho tiempo al menos. Sean los cambiemitas o los libertarios lo que vendrán, lo cierto es que la Justicia se encontrará liberada para aplicar sentencias sobre la corrupción en tiempos de los Kirchner. Por eso, la vicepresidenta no solo quiere tener un gesto con Figueroa, que siempre le fue fiel, sino también darles acuerdo a 73 jueces nuevos. En rigor, mucho creen que Figueroa es solo la máscara de la operación política para nombrar a esa camada de jueces propios. Tal inferencia es lo que espolea a la oposición de Juntos por el Cambio a no dar quorum en el Senado; teme que en cualquier reunión del cuerpo se filtre el acuerdo a Figueroa y a los otros jueces.
Cristina Kirchner no se equivoca. Este martes se conoció un informe de Fabiana León, la fiscal del tribunal oral que juzgará la causa de los cuadernos, la mejor biografía escrita sobre la corrupción kirchnerista. León señala que hay 159 imputados y 26 calificaciones jurídicas. Se juzgarán en esa causa 540 hechos de supuesta corrupción. Se ofrecieron 899 testigos. Son cifras enormes, casi inasibles. Tanto la fiscal León como los jueces que integran ese tribunal oral (Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero) tienen fama de independientes y honestos. No hay tregua para Cristina Kirchner. Esa investigación la inició el periodista Diego Cabot y la perfeccionaron luego el entonces juez Claudio Bonadio, ya muerto, y el fiscal Carlos Stornelli. El comienzo del juicio se demora por varias razones. Una de ellas son los innumerables planteos que más de 150 estudios jurídicos hacen permanentemente para postergar el momento en que se conocerá cómo fue todo aquello.
