El tema, el momento y los protagonistas en cuestión anticipan un conflicto en medio de la campaña electoral: Transclor, compañía de Mauricio Filiberti, uno de los empresarios más cercanos a Sergio Massa, acaba de ganar una licitación para proveer de policloruro de aluminio a AYSA, la estatal que conduce Malena Galmarini, candidata a intendenta de Tigre y casada con el ministro de Economía.
El contrato, que se hará por más de 127 millones de dólares al menos hasta 2026 y prorrogable hasta 2029, ya es objeto de pedidos de informe de la oposición.
La apertura de sobres fue la semana pasada y volvió a llamar la atención del diputado Ricardo López Murphy, de Republicanos, que analiza presentar una denuncia, y del auditor Juan José Calandri, de la Coalición Cívica, los mismos que la habían cuestionado hace cuatro meses, no bien se conoció el concurso.
El policloruro de aluminio es un coagulante que se usa para potabilizar el agua y cuya fabricación lidera en la Argentina Transclor, histórico proveedor de la empresa y sólo secundado en la producción de este insumo por Petroquímica Río Tercero, que esta vez no se presentó. Lo que objetan López Murphy y Calandri es el carácter taxativo del texto de licitación, que convoca a fabricantes de “policloruro de aluminio” en lugar de consignar “coagulante”, un genérico que les habría permitido participar también a los productores de sulfato de aluminio, otra de las sustancias empleadas para potabilizar. En ese grupo entran también las contratistas Meranol, Faisán y Arquimia.
“Ya mandé a hacer un pedido de informe”, dijo a este diario López Murphy, que había discutido del tema por Twitter con Galmarini cuando se hizo la primera licitación, la técnica. “Vamos a investigar las maniobras espurias del ministro Sergio Tomás Massa. Impulsaremos un pedido de informes desde el Congreso Nacional para que nos explique la utilización escandalosa de fondos públicos en favor de sus amigos y socios”, publicó el 16 de marzo en la red, y el mensaje le valió entonces una invitación pública de la presidenta de AYSA a conocer los detalles del concurso en las oficinas de la empresa. El diputado aceptó en un principio, pero condicionó después su visita a que se anulara la licitación, algo que Galmarini no hizo, por lo que entonces tampoco hubo encuentro.
Transclor ya había ganado en abril la compulsa técnica y se impuso el 29 del mes pasado en la económica, en la que quedó sola porque la otra postulante, Productos y Procesos Ecológicos (PPE Argentina), no cumplía con los requisitos. PPE pertenece al empresario Antonio Reig, dueño a su vez de la firma Ferroclor, a la que Filiberti le provee otro insumo, el cloruro férrico. Son todos antiguos conocidos del rubro.
En sus plantas de Bernal, Tigre y Capital Federal, AYSA usa en la actualidad para potabilizar un 78% de policloruro y un 22% de sulfato de aluminio, pero en el sector hay quienes afirman que esa proporción es arbitraria, que favorece a Filiberti y que incluso encarece hasta 30% la operación. Filiberti lo niega. Se trata de un debate que involucra millones de dólares y que tuvo varias etapas. Antes de ser estatizada, cuando estaba controlada por el grupo francés Suez y se llamaba Aguas Argentinas, la empresa potabilizaba con sulfato. Cambió al policloruro en 2009, tres años después de que Néstor Kirchner removió al concesionario, viraje que el gobierno de entonces justificó en un informe técnico que el grupo Suez había hecho en 2002 y en el alto costo internacional que tenía en ese momento el sulfato. Fue una modificación celebrada por Filiberti, que en ese momento fabricaba ácido clorhídrico, uno de los insumos del policloruro. Al estatizarla, Kirchner le dejó la operación y un 10% de la propiedad al Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, que todavía conduce José Luis Lingeri, el dirigente que tomó la decisión de convocar al Transclor como proveedor y operador de la planta de Bernal. Por eso Filiberti se convirtió con los años en un contratista poderoso.
Consultado, el empresario defiende su participación y sus contratos. Dice que el sulfato de aluminio se usa cada vez menos y que las quejas parten del lobby de los sulfateros que, por otra parte, ya se adjudicaron en septiembre del año pasado una licitación. Pero la campaña y los protagonistas hacen que la discusión no sea sólo técnica: hay en juego una licitación millonaria que podría condicionar el abastecimiento de la empresa estatal hasta 2029 y lo menos que se requiere es que resulte, ya que se habla de agua, lo más transparente posible.
