Es un triste récord: más de la mitad de la población de la Argentina, exactamente el 51,7%, ya vive en hogares que reciben algún tipo de asistencia económica del Estado. No había ocurrido nunca en la historia salvo en 2020, año de la paralización casi total de la actividad por la cuarentena, cuando el Gobierno distribuyó el ingreso familiar de emergencia (IFE) entre 9 millones de personas, un subsidio sin precedente originado por una crisis sanitaria. Así lo indica el último relevamiento del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que agrega que en el conurbano bonaerense la cifra trepa a 58,7%.
Repasar la serie completa desde 2010, cuando la UCA empezó a hacer el relevamiento -apenas un año después de que la entonces presidenta Cristina Kirchner instrumentó la asignación por hijo, el plan social más grande de la historia-, explica gran parte del deterioro de la Argentina en la última década. El nivel más bajo de personas viviendo en hogares con ayuda del Estado en esa medición de la UCA fue en 2011, con 31,9%, y desde entonces todo siguió empeorando hasta 2016, con el registro en 42,7%. Bajó levemente al año siguiente, a 41,2%, y algo más en 2018, hasta 39,9%, pero en adelante volvió a subir: a 43,8% con la corrida cambiaria de las primarias con la que se despidió Mauricio Macri en 2019, y a 55,5%, el máximo, con la cuarentena de Alberto Fernández y el IFE, en 2020. En 2021 se atenuó a 47,7%, pero por poco tiempo, y quedó en 51,7% en 2022, último año completo y dato disponible.
El trabajo especifica que por asistencia social “se considera cualquier programa de transferencias monetarias, pensión no contributiva, asignación familiar o asistencia alimentaria directa (por ejemplo, recepción de caja o bolsón de alimentos o comida de comedores públicos que no sean escolares)”. Quedan excluidas las moratorias previsionales que, desde 2010, les permiten a beneficiarios cobrar un haber sin tener los 30 años de aportes.
“Estos planes empezaron con la gran crisis de 2002, pero después hubo años de mucho crecimiento y, en lugar de desaparecer, fueron cada vez más -dice Jorge Colina, director de la consultora Idesa-. Como ya forman parte de la cultura argentina, no va a ser tan fácil sacarlos”. Los programas fueron creciendo sin excepción desde sus orígenes, con el gobierno de Eduardo Duhalde, pero tuvieron un salto explosivo a partir de las moratorias previsionales que instrumentó el kirchnerismo.
Un trabajo de Idesa indica que, si se incluyen también estas nuevas jubilaciones, quienes reciben asistencia estatal, que eran alrededor de 1,6 millones en 2002, fueron desde entonces aumentando sin interrupción hasta orillar los 14,2 millones el año pasado. Es decir que en dos décadas se multiplicaron casi por 9.
Idesa suma en su informe todos los programas del Ministerio de Desarrollo Social y los de la Anses, desde la asignación por hijo y las moratorias previsionales hasta las pensiones no contributivas y plan Progresar, y concluye en que el costo total de estas iniciativas pasó en 20 años de 0,1% al 4% del PBI. “Sólo el Potenciar Trabajo, el plan por excelencia asignado por la organización social, no regulado, orilla el 1%”, dice Colina.
Será uno de los grandes desafíos del próximo gobierno. Hasta ahora todas las administraciones, incluidas las que asumieron prometiendo reducirlos o empalmarlos con puestos de trabajo en el sector privado, fracasaron al respecto. Cuando se considera la cantidad de hogares subsidiados sin reparar en quienes los habitan, los resultados tampoco tienen precedentes en la historia: según la UCA, las familias que reciben asistencia son ya el 40,4% del total, muy por arriba del 24,4% de 2010 y sólo superadas por el 47,4% del año de la cuarentena. En el conurbano bonaerense la cifra llega al 48,3%.
Lo peor de este hábito enquistado es que ni siquiera alcanza para bajar la pobreza. Al contrario, convive con su crecimiento porque la inflación lleva cada año a comprar menos bienes. Según el índice barrial de precios que Isaac Rudnik elabora sobre 120 almacenes y autoservicios para el Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana, una familia que en enero de 2022 combinaba tres planes -el Potenciar Trabajo, la Asignación por Hijo y la Tarjeta Alimentar- cubría en ese momento el 99% de la canasta básica alimentaria del Indec. Diez meses después, con los mismos programas, llegaba apenas al 88%.
El economista Ricardo Delgado traza el contraste desde antes, no bien empezó la asignación por hijo: mientras en 2009 alcanzaba para el 80% de la canasta básica total de un menor de 14 años, ahora sólo sirve para cubrir el 25%. “Como el Gobierno gasta en estos programas mientras la inflación carcome los ingresos, termina siempre llegando tarde y cada vez entrega menos”, dice Delgado.
Agustín Salvia, director del Observatorio Social de la UCA, apunta además que el protagonista estelar de este drama es el sector de ingresos medios bajos, que se ha sumado al segmento de la población que antes recibía subsidios, el de los más bajos. Es muy interesante la radiografía que la UCA hace al respecto combinando pobreza y el lugar de residencia: el porcentaje de hogares de nivel socioeconómico bajo que recibe subsidios, que era de 45,9% en 2017, tuvo una suba abrupta de más de 12 puntos entre 2021 y el año pasado, al pasar de 50,4% a 62,4% y casi empardar al segmento que vive en villas (64,2%). “Es un sector que tiene trabajo precarizado y que ahora, por la inflación, le suma la ayuda del Estado”, dice Salvia.
La descripción hace juego con el informe que difundió la semana pasada el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad de Buenos Aires, que dice que la cantidad de personas sin techo subió entre abril de este año y el del año pasado casi 35% y que, de los que duermen por las noches en los centros inclusivos porteños, el 80% nació en el conurbano. La raíz del problema parece siempre la misma: gobiernos que no le encuentran la vuelta a la inflación y, como consecuencia, tampoco a la pobreza.
