Héctor Daniel Marchi, desplazado la semana pasada de su cargo de administrador general de la Corte Suprema, se presentó este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py y pidió que lo citen a declarar como testigo en la causa que investiga una denuncia de irregularidades vinculadas con la Obra Social del Poder Judicial.
Marchi declaró ayer en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y apuntó contra tres de los cuatro jueces de la Corte, que fueron quienes lo removieron: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Marchi dijo que su desplazamiento fue una “sanción encubierta” por haber colaborado con la investigación de las irregularidades de la obra social. Pero además, denunció haber sido víctima de amenazas y persecuciones. Y apuntó contra Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, no solo por las intimidaciones que dijo estar soportando; también lo acusó de haber escondido un supuesto “cuarto informe de auditoría” sobre la obra social, que Marchi dijo haberle entregado. En la Corte rechazaron todas estas acusaciones.
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En el escrito que presentó hoy en la fiscalía federal de Ramiro González, Marchi afirmó: “Vengo a solicitar se me incorpore como testigo a fin de poder ofrecer prueba respecto a distintas situaciones que conciernen a la investigación y asimismo hacer saber sobre presiones y posibles persecuciones sufridas hacia mí como también a terceros”. Y agregó: “Por otra parte, también estoy dispuesto a efectuar la declaración que estime corresponder en los presentes actuados poniéndome a total disposición del señor fiscal como así también del señor juez de la causa”. El juez es Ariel Lijo.
Marchi dijo que hacía esta presentación por el “estado público” que tomó la causa y en relación con su presentación del martes en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
Además, volverá a declarar ante los legisladores, otra vez, la semana próxima. El objetivo de esa citación es que abunde en más detalles sobre los manejos del alto tribunal. Las supuestas irregularidades de la obra social son una de las causales del juicio político que el kirchnerismo busca abrirle a los cuatro ministros de la Corte Suprema.
En su presentación en la Comisión, Marchi dijo que el principal responsable de la gestión de la obra social fue el juez Maqueda. Indicó que cuando Lorenzetti asumió la presidencia de la Corte, en 2005, se distribuyeron las tareas entre los miembros del tribunal. “Cuando se asignaron las actividades por acordada, Maqueda pidió expresamente que no se lo incluyera en la acordada porque la obra social es conflictiva. Eso creó una especie de apariencia jurídica pero está claro que Maqueda dirigió la obra social. Prueba de ello es que todos los directores fueron elegidos por Maqueda y no hubo concurso”, enfatizó Marchi.
En la Corte ayer negaron las acusaciones. En una nota que enviaron a la Comisión de Juicio Político, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda le endilgaron al juez Lorenzetti, presidente del tribunal hasta 2018, y a Marchi, su administrador general, la responsabilidad directa en los manejos ahora cuestionados de la obra social. Los tres magistrados negaron que se le hubiera encargado a Maqueda el control de la obra social, enfatizaron que nunca existió un “informe Marchi” -en referencia a la cuarta auditoría que él dice que Robles escondió- y afirmaron que lo denunciado en referencia a la obra social “es falaz, parcial y malintencionado”.
