El juez federal Ariel Lijo citó como testigo a Héctor Daniel Marchi, desplazado la semana pasada de su cargo de administrador general de la Corte Suprema, para que declare en la causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial, que depende del máximo tribunal.
Marchi deberá presentarse ante Lijo, en Comodoro Py, el miércoles próximo. Ese mismo día estaba previsto que ampliara su declaración en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en el proceso que el oficialismo impulsa contra los cuatro jueces de la Corte. Marchi informó al Congreso que lo había citado Lijo y, en consecuencia, la Comisión fijará una nueva fecha para su audiencia. Posiblemente sea el jueves, dijeron fuentes legislativas a LA NACION.
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La citación de Marchi fue pedida por él mismo el miércoles pasado, después de que se presentó en el Congreso y apuntó contra tres de los cuatro jueces de la Corte, que fueron quienes lo removieron: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Marchi les dijo a los legisladores que su desplazamiento, ordenado el 20 de abril, había sido una “sanción encubierta” por haber colaborado con la investigación de las irregularidades de la obra social. Pero además, denunció haber sido víctima de amenazas y persecuciones. Y apuntó contra Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, no solo por las intimidaciones que dijo estar soportando; también lo acusó de haber escondido un supuesto “cuarto informe de auditoría” sobre la obra social, que Marchi dijo haberle entregado.
En la Corte rechazaron todas estas acusaciones. Presentaron una nota oficial al Congreso desmintiendo al exadministrador. Extraoficialmente, además, en algunos despachos acusaron a Marchi y a Lorenzetti de estar llevando adelante una “estrategia conjunta” con el kirchnerismo en perjuicio de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda.
Después de declarar en el Congreso, el miércoles pasado Marchi presentó un escrito de una página en la fiscalía federal de Ramiro González, en una nueva causa por supuestas irregularidades en el manejo de la obra social. Marchi afirmó: “Vengo a solicitar se me incorpore como testigo a fin de poder ofrecer prueba respecto a distintas situaciones que conciernen a la investigación y asimismo hacer saber sobre presiones y posibles persecuciones sufridas hacia mí como también a terceros”. Y agregó: “Por otra parte, también estoy dispuesto a efectuar la declaración que estime corresponder en los presentes actuados poniéndome a total disposición del señor fiscal como así también del señor juez de la causa”, en referencia a Lijo.
Marchi dijo que hacía esta presentación por el “estado público” que había tomado la existencia de la causa y en relación con su presentación el día anterior en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
Piden proteger a Marchi
Como consecuencia de esa declaración de Marchi en el Congreso, la presidenta de la Comisión, la diputada Carolina Gaillard (Frente de Todos), pidió protección para el exadministrador de la Corte. Gaillard le envió este jueves una nota al ministro de Justicia, Martín Soria, en la que le solicitó que “arbitre los medios que resulten conducentes para preservar y garantizar la seguridad laboral e integridad física del testigo [Marchi] y de los trabajadores, quienes serían pasibles de hostigamiento, conforme lo mencionado por el testigo”.
Gaillard destacó además en su nota que “el testimonio del contador Marchi resulta relevante para la Comisión dada su extensa trayectoria -durante 20 años- en el cargo de Secretario General de Administración” y que había dado cuenta, en su primer paso por el Congreso, de “graves y preocupantes manifestaciones”.
Ella lo había vuelto a citar para este miércoles -para la audiencia que va a reprogramarse- para que Marchi abundara en más detalles sobre los manejos del alto tribunal. Las supuestas irregularidades de la obra social son una de las causales del juicio político que el kirchnerismo busca abrirle a los cuatro ministros de la Corte Suprema.
En su presentación en la Comisión, Marchi dijo que el principal responsable de la gestión de la obra social fue el juez Maqueda. Indicó que cuando Lorenzetti asumió la presidencia de la Corte, en 2005, se distribuyeron las tareas entre los miembros del tribunal. “Cuando se asignaron las actividades por acordada, Maqueda pidió expresamente que no se lo incluyera en la acordada porque la obra social es conflictiva. Eso creó una especie de apariencia jurídica pero está claro que Maqueda dirigió la obra social. Prueba de ello es que todos los directores fueron elegidos por Maqueda y no hubo concurso”, enfatizó Marchi.
En la Corte negaron las acusaciones. En una nota que enviaron a la Comisión de Juicio Político, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda le endilgaron al juez Lorenzetti, presidente del tribunal hasta 2018, y a Marchi, su administrador general, la responsabilidad directa en los manejos ahora cuestionados de la obra social. Los tres magistrados negaron que se le hubiera encargado a Maqueda el control de la obra social, enfatizaron que nunca existió un “informe Marchi” -en referencia a la cuarta auditoría que él dice que Robles escondió- y afirmaron que lo denunciado en referencia a la obra social “es falaz, parcial y malintencionado”.
Según informaron a LA NACION fuentes judiciales, el juez Lijo, además de citar a Marchi, pidió los informes de auditoría que se hicieron en los últimos tiempos sobre la Obra Social del Poder Judicial. Se trata de una causa que se inició por una presentación del fiscal Guillermo Marijuan en otro expediente, también relacionado con la obra social, que instruía Lijo. El juez ordenó separar la presentación de Marijuan y abrir una nuevo caso que, por sorteo, volvió a tocarle a él; ya no en el juzgado 4, del que es titular, sino en el 12, que está subrogando.
