CIUDAD DE MÉXICO.- La tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en México aumentó significativamente en las últimas horas. Este lunes, la Corte Suprema invalidó parte de una reforma electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el mandatario reaccionó con furia: cuestionó al máximo tribunal y anunció que promoverá una iniciativa para que sus ministros sean elegidos por voto popular.
El lunes, nueve de los 11 ministros de la Suprema Corte votaron a favor de invalidar la reforma a las leyes de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas, el llamado “Plan B”, que aprobó en diciembre la mayoría oficialista del Congreso, a partir del cual se permitía a los funcionarios públicos expresar opiniones políticas sin riesgo de ser sancionados por incurrir en propaganda electoral, como se establece actualmente.
El máximo tribunal consideró que el Legislativo incurrió en violaciones al debido proceso al aprobar en menos de 24 horas los cambios a las leyes sin que los diputados de oposición conocieran previamente las iniciativas. Para los ministros, esto vulneró el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a las minorías parlamentarias.
Entre quienes votaron contra la reforma estuvo la presidenta de la Corte, Norma Piña, quien sostuvo que las iniciativas legislativas se emitieron sin que todas las fuerzas políticas tuvieran tiempo para analizarlas. Otro de los que apoyó la invalidación de la reforma fue el ministro Arturo Zaldívar, expresidente del máximo tribunal, quien afirmó que se debe velar porque todos los grupos en un parlamento puedan debatir “en condiciones de igualdad y libertad”, y agregó que “en este caso no sucedió”. La posición de Zaldívar llamó la atención, porque el mes pasado votó a favor de una propuesta gubernamental para que la Guardia Nacional siguiera bajo control del Ejército y fue criticado por una supuesta cercanía con el Ejecutivo.
La reacción de AMLO
“En un acto de prepotencia y autoritarismo, se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país”, afirmó López Obrador, en su conferencia de prensa diaria, la llamada “mañanera”.
“No tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido, están actuando de manera facciosa”, reacción López Obrador -también llamado AMLO por sus iniciales- y anunció que en septiembre de 2024 –después de las elecciones presidenciales, pero antes de dejar el poder- enviará una iniciativa para que los jueces de la Corte Suprema sean elegidos por voto popular. “Lo del plan B… ahí viene el ‘plan C’”, advirtió.
“Imagínese componerle la plana al Poder Legislativo; es de sentido común, de juicio práctico. Al Poder Ejecutivo lo elige el pueblo, al Legislativo lo mismo, se elige a los diputados y senadores, el Ejecutivo y Legislativo nombra a los ministros de la Corte y esos señores ahora forman parte del ‘supremo poder conservador’, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener al viejo régimen, corrupción y de privilegios”, expresó el mandatario.
“En septiembre [de 2024], antes de que yo termine, voy a enviar cuando menos tres reformas, hasta ahora, pero vienen tres reformas. La del Poder Judicial, para que el pueblo elija a los ministros como lo establecía la constitución liberal de 1857, en la época del presidente (Benito) Juárez, que a los ministros los elegía el pueblo”, anunció.
El lunes, tras la decisión judicial, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, había cuestionado en su cuenta de Twitter a los ministros y los acusó de “seguir protegiendo intereses particulares”. Para el funcionario, los nueve ministros que invalidaron esa parte de la reforma “pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares”.
El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la @SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares.Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra: Plan C en las urnas.
— Adán Augusto López H (@adan_augusto) May 8, 2023
Los argumentos planteados por los nueve ministros hacen prever que la segunda parte de la reforma electoral, que también fue impugnada por la oposición y el Instituto Nacional Electoral (INE) -y aún está pendiente de discusión en la Corte-, podría correr con la misma suerte y ser anulada.
El abogado y consultor privado Arturo Espinosa Silis consideró que en la aprobación de la segunda parte de la reforma también se incurrió en violaciones al proceso legislativo, por lo cual los ministros, “por congruencia y por consistencia, deben seguir el mismo criterio”.
Una situación similar podría darse con una veintena de leyes en otras materias de gobierno que aprobó la mayoría oficialista a finales de abril sin presencia de opositores.
Un día antes de la sesión, la Consejería Jurídica de la Presidencia exhortó en un comunicado a los ministros a actuar con responsabilidad y afirmó que, de invalidarse parte de la reforma, estarían sustituyendo la facultad del Congreso de elaborar leyes y “violarían la división de poderes”, pronunciamiento que fue considerado por analistas como una acción de presión hacia la Corte.
La oposición considera que los cambios buscan concentrar el poder en manos del gobernante y su partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cuando queda poco más de un año para las elecciones presidenciales y legislativas de 2024.
AMLO respondió que las reformas -que entraron en vigor a principios de marzo- fortalecerían la democracia y rebajarían la influencia de intereses económicos en la política.
El mandatario instó a sus votantes a reunir el apoyo suficiente en las urnas para lograr en los comicios del próximo año que el oficialismo obtenga las dos terceras partes en el Congreso y disponga así de la mayoría necesaria para realizar reformas constitucionales que ahora no puede hacer.
Tensión
En las últimas semanas la relación entre el gobierno y la Suprema Corte se tensó luego de que los ministros invalidaron en abril una reforma que transfería al Ejército el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, lo que representó un duro revés para López Obrador, quien ha sustentado su política de seguridad en el uso de los militares para hacer frente a las poderosas organizaciones criminales que controlan vastas regiones del país.
Tras el rechazo de la reforma militar, el gobernante criticó duramente a los ministros y anunció que en 2024, último año de su sexenio, promovería una nueva iniciativa de reforma para consumar el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
A fines del año pasado, López Obrador promovió la reforma de seis leyes para hacer ajustes en materia electoral, en un movimiento conocido como el “Plan B”, luego de que no logró los votos suficientes en el Congreso para modificar la Constitución en temas electorales.
Dos de las seis leyes se aprobaron en diciembre y las cuatro restantes, que redujeron la estructura del INE y le restaron facultades de supervisión y sanción a los partidos, se aprobaron dos meses después y están pendientes de evaluación por parte de la Corte.
El INE y los partidos opositores presentaron acciones contra el paquete de leyes en la Corte Suprema, alegando que los cambios violaron la constitución, mermaron la autonomía de la institución, desequilibraron el modelo de comunicación social y perjudicaron la equidad en la contienda electoral.
López Obrador niega que el paquete de reformas pueda poner en riesgo la realización de comicios en México, como aseguraron las autoridades electorales, y planteó que la iniciativa buscaba recortar el oneroso presupuesto del INE y terminar con sus privilegios.
Ahora, con la invalidación de parte de la reforma electoral, los analistas estiman que el INE tendrá mayor certidumbre sobre sus acciones y podrá encaminarse sin presiones para preparar las elecciones presidenciales del próximo año.
Agencias AP, Reuters y diario El Universal (GDA)
