La polémica que generó ayer el impulso por parte del gobierno bonaerense de un proyecto para regular las aplicaciones de delivery perdió ímpetu al posponerse su tratamiento en la reunión que había sido fijada para hoy y a la que se había convocado a comisiones conjuntas de la cámara de Diputados provincial.
El proyecto, que enfrentó a oficialistas con opositores, había sido rechazado también por los propios trabajadores, que lanzaron una convocatoria también para hoy frente a la Legislatura Bonaerense, bajo el lema “Defendamos nuestra fuente de ingresos”. Los puestos de trabajo en juego son 25.000 en el ámbito provincial, principalmente vinculados a Rappi y a Pedidos Ya.
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Sergio Siciliano, diputado de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, confirmó que el debate sobre el proyecto en cuestión se suspendió. “El oficialismo pospuso el debate y decidió que se van a hacer jornadas de escucha con todos los involucrados, empresas, propietarios de las aplicaciones, los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, y también con las cámaras de comercio”, afirmó.
Según Siciliano, el oficialismo va a “escuchar” a las partes para ver si hay necesidad o no de modificar el proyecto que originó la polémica. “En función de eso se verá cómo se avanza con el tema. No se fijó una nueva fecha, por lo que vamos a estar a la espera de que se empiece a convocar a esta jornada de diálogo”, comentó el diputado.
Por su parte, Florencia Retamoso, diputada por Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires (línea Patricia Bullrich), señaló que ella fue una de las responsables de frenar el proyecto hoy en la comisión. “¡Los frenamos! El gobierno de Kicillof atrasa. Sus políticas atrasan. Pero hoy, nuevamente, les pusimos un freno. El proyecto de regulación de las empresas de delivery, que generó preocupación tanto entre los trabajadores como en los empleadores, tendrá que esperar. Gracias a esto, casi 25.000 puestos de trabajo se mantienen seguros”, escribió la legisladora en su cuenta de Twitter.
En tanto, Maricel Etchecoin, tuiteó: “Frenamos al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires integrando la comisión de presupuesto, paramos un proyecto del gobernador cuyo único objetivo era atropellar a los trabajadores y entorpecer, con regulaciones absurdas, el servicio de delivery”. Y agregó en otro tuit: “Hoy desde la legislatura dijimos BASTA y pusimos un límite al atropello de @Kicillofok”.
Tal como informó ayer LA NACION, el proyecto en cuestión ya fue aprobado en la Cámara de Senadores provincial y con la reunión de hoy el oficialismo buscaba obtener vía libre para pasar su tratamiento a Diputados, donde, al ser mayoría, tendría grandes posibilidades de convertirlo en ley.
Uno de los mayores cuestionamientos de la oposición, las empresas y los trabajadores es que, de aprobarse este proyecto tal cual fue presentado, otorgaría excesivas facultades al Poder Ejecutivo para interferir y modificar la relación laboral en el sector. Esto, según afirman quienes se oponen, podría derivar en una relación de dependencia por parte de los empleadores.
Según destacaron en el sector, no se oponen a la creación de un registro, que de hecho ya existe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, pero no ven con buenos ojos la parte en la que se otorga al gobierno de Axel Kicillof una serie de facultades sobre las condiciones laborales.
En tal sentido, el artículo 7° del proyecto enumera lo siguiente: “El poder ejecutivo deberá mediante la autoridad de Aplicación: a) Fijar las condiciones y requisitos de inscripción. b) Identificar a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias de esta actividad e individualizar a los trabajadores/ras habilitados. c) Controlar las condiciones del servicio y el efectivo cumplimiento de las normas, derechos y obligaciones que conlleva esta actividad. d) Determinar las condiciones y plazos para la inscripción, así como las sanciones y responsabilidades que deriven de su incumplimiento. e) Exigir a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias (APP) que denuncie la Aseguradora de Riesgos del Trabajo a la cual pertenecen sus trabajadoras y trabajadores; f) Exigir a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias (APP), que denuncien el horario de conexión y desconexión que integran la jornada de las trabajadoras y trabajadores”.
