BOGOTÁ.- La marcha atrás del exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, redujo en parte la presión contra el gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, pero dejó importantes preguntas sin resolver. La principal es el origen de los 15.000 millones de pesos colombianos (unos 3,5 millones de dólares) aportados a la campaña del mandatario izquierdista, tal y como aseguró el exembajador en Caracas en sus escandalosos audios.
Los resultados de la segunda vuelta electoral en los siete departamentos costeños decantaron las elecciones a favor del Pacto Histórico: la candidatura de Petro aventajó a su rival, Rodolfo Hernández, en más de un millón de votos, cuando la diferencia global entre ambos no llegó a las 700.000 papeletas.
He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago.
— Armando Benedetti (@AABenedetti) June 5, 2023
“He sido parte fundamental del actual proyecto político de Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza, me dejé llevar por la rabia y el trago”, se excusó en Twitter el exembajador colombiano en Caracas para expiar sus culpas y poner punto seguido, por su parte, al torrente de amenazas lanzado en contra del oficialismo.
Más allá de las idas y venidas de Benedetti, la cuestión que queda por dilucidar es el origen real de los ya famosos 15.000 millones, que el exembajador comparó con el histórico Proceso 8000, que en su día investigó los aportes del narcotráfico a la campaña del expresidente Ernesto Samper, hoy una de los líderes del Grupo de Puebla.
A las investigaciones en el Congreso se ha unido las que ya realizan la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral (CNE), que por sus acciones durante el año pasado suscita dudas entre los observadores políticos. El CNE ha convocado para la semana que viene a Benedetti y a Laura Sarabia, exjefa de gabinete de Petro.
“Inaceptable que en el más grave escándalo político de Colombia por audios con graves confesiones de financiación de la última campaña presidencial pongan cortinas de humo”, disparó la exvicepresidente Martha Lucía Ramírez.
El portal La Silla Vacía añadió además otra sombra a la campaña, ya que asegura que el principal asesor del candidato, el español Antoni Gutiérrez-Rubi, no cobró directamente del comando de campaña de Petro. Al menos este desembolso no aparece en las cuentas oficiales.
El carácter volcánico del arquitecto del triunfo electoral de Petro, natural de Barranquilla, la tierra del carnaval, no asegura tampoco que se haya acabado la tormenta interna para el exguerrillero: en pocos días pasó de ser su “llave” (buen amigo) y de tuitear sin reparos fotos besándole en la cabeza a su jefe político a lanzar acusaciones veladas de financiamiento ilegal y consumo de cocaína, además de exhibir unas forma hamponiles de hacer política. Benedetti enfrenta varios procesos judiciales, que lo apartaron en primera instancia del primer gobierno izquierdista de Colombia.
Reactivar la agenda política
En un intento de pasar página a toda velocidad, el presidente ordenó reactivar la agenda política dentro del gobierno, aplauso incluido de sus ministros, y, sobre todo, en el Congreso. “Yo no acepto chantajes ni veo la política como un espació de favores personales”, sentenció en redes sociales, además de insistir en la vieja receta de achacar a un “golpe blando” la confrontación de fuego amigo entre sus dos colaboradores más próximos.
“No acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales”, ha dicho Petro ante la tempestad política. Benedetti, su otrora hombre de confianza, asegura en audios que si hablara de lo ocurrido en la campaña todos podrían ir a prisión https://t.co/FvTa0KoCWX
— EL PAÍS (@el_pais) June 5, 2023
El contraataque gubernamental incluye la denuncia en contra del fiscal general Francisco Barbosa ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, la misma instancia a la que han acudido opositores para denunciar al presidente.
Petro ordenó acelerar el ritmo en el Parlamento antes de que en dos semanas acabe el semestre legislativo, para avanzar en las reformas prometidas a sus votantes, pese a que antiguos aliados, como el centrista Partido de la U, haya comunicado públicamente su interés de que, ante la “premura y el ambiente político”, las reformas se pospongan para el próximo curso.
La más polémica, la reforma de la salud, busca todavía apoyos, pero otras, como la laboral, está muy trabada. Incluso aliados del gobierno la consideran una maniobra populista para contentar a los sindicatos.
Son precisamente los sindicatos quienes volverán este miércoles a las calles en respuesta al exhorto presidencial. El propio presidente aseguró, antes del actual terremoto político, que se pondría al frente de la manifestación.
El terremoto político también ha sacudido el apoyo popular de Petro. Las últimas encuestas sitúan la desaprobación presidencial en torno al 60%, mientras la aprobación fluctúa entre el 34% y el 26%. La luna de miel iniciada con la toma de posesión de hace 10 meses ya sólo es un recuerdo.
La salida abrupta de Benedetti de la embajada de Caracas, donde ejercía como operador político en pro de la alianza entre Petro y Nicolás Maduro, provocó la designación inmediata de un hombre de confianza total del presidente, antiguo funcionario en la Alcaldía de Bogotá. Se trata del politólogo Milton Rengifo, cuya primera acción “diplomática” fue el borrado de varios tuits en los que criticaba a la revolución bolivariana.
“Entre más demore Maduro su salida, peor para todos”, uno de los trinos (tuit en Colombia) más llamativos, ya no se puede leer. Rengifo ya cuenta con el beneplácito de Caracas.
