El Gobierno volverá a transitar por un conocido camino al que los oficialismos recurren cuando se acercan los tramos decisivos de los procesos electorales. Asoma por el horizonte el segundo capítulo del “plan platita con billetera ajena” que puso en marcha la última semana después de los anuncios por redes sociales. Con el transporte ya congelado, el Gobierno ya habría tomado la decisión de hacer lo mismo con la electricidad y el gas. Los tiempos electorales
Cada día que pasa toma más forma la decisión oficial de poner en pausa todos los aumentos de servicios públicos posibles. Si finalmente se opta por esta solución, las subas de luz y gas que estaban previstas para este último cuatrimestre quedarían postergadas. La motivación para ir por esta solución es de manual. Por un lado, evitar que los nuevos valores impacten en los ya acelerados índices de inflación; por el otro, en la necesidad de no golpear los bolsillos de gran parte de los argentinos, roídos después de meses de subas de precios generalizados.
Esta decisión estampa un enorme signo de interrogación sobre las cuentas públicas. Mientras en algunas oficinas del Palacio de Hacienda los expedientes sobre los aumentos parecieran postergados, en otras vecinas, sacan cuentas y miran de reojo los compromisos fiscales asumidos hace poco con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sucede que la meta de 1,9% de déficit con la que se comprometió el Ministro de Economía, Sergio Massa, luce cada vez más lejana.
Hace solo una semana, después de que se autorizara un desembolso de US$7500 millones con el que el ministro trajo algo de calma al mercado cambiario luego de la devaluación, el FMI presentó el staff report, una suerte de informe realizado por la línea técnica del organismo, en el que se habló puntualmente de tarifas. En ese documento, que luego fue receptado por la presidenta, Kristalina Georgieva, se reclamó un ajuste del gasto de 11% entre agosto y diciembre de 2023, en medio de un proceso electoral. Entre otras recomendaciones sostuvo que es necesario aumentar las tarifas de los segmentos medios y bajos tras la devaluación para actualizar los costos de generación, y contener los aumentos de jubilaciones y los salarios de los empleados públicos. Por ahora, los últimos movimientos del Gobierno no parecen los mejores conductores hacia ese destino.
En principio, para septiembre ya estaba previsto un aumento de las tarifas de la electricidad, pero sólo para los usuarios que pertenecen al segmento de ingresos altos y medios. Según confirmó la Secretaría de Energía, en el noveno mes del año aumentará cerca de un 11% el valor que se le paga a las generadoras. El incremento impactará en las boletas de luz de los usuarios que ya no tienen subsidio, es decir los de ingresos altos (5,3 millones de hogares) y medios (2,8 millones). También se verán afectadas las industrias y comercios.
Según lo que pudo saber LA NACION de tres fuentes consultadas, salvo la suba que ya estaba pautada, la electricidad y el gas seguramente entrarán a un freezer, al menos por un par de meses. Claro que en el sector se habla de más aumentos para después de las elecciones. De hecho, hay varios cheques que el Gobierno ya ha endosado para el próximo mandato. Y nada de lo que regule en materia energétiao para los meses de octubre o noviembre impactará en las tarifas antes de las elecciones. Todo se verá en los recibos de consumo que lleguen después de la votación.
Durante los últimos días, el congelamiento de tarifas ya empezó con algunos sectores. Por caso, los colectivos y los trenes que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y los tres cordones bonaerenses. En el transporte regía una norma que todos los meses actualizaba el cuadro tarifario de los servicios que se prestan en en área metropolitana de Buenos Aires, que son jurisdicción nacional, con el mismo porcentaje que arrojó el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) que está publicado. es decir, en septiembre se debió aumentar el de julio, que se publicó en agosto y que arrojó un 6,2% para el Gran Buenos Aires. Sin embargo, ese esquema se suspendió el jueves mediante una resolución del Ministerio de Transporte.
En esos despachos saben que el índice de inflación de agosto traerá malas noticias. Ese indicador se publicará en septiembre por lo tanto, el impacto de ese aumento, siempre con el esquema que estaba vigente, impactaría en los boletos de colectivos y trenes de octubre, el mes de la primera vuelta. Hasta ahora, por cada $100, alrededor de $85 los aportaba el Estado mediante subsidio y 15%, la tarifa. Con este congelamiento, el monto seguramente pasará a ser 9 a 1.
De hecho, el Ministerio de Trasporte recibió $171.656,1 millones para el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte, es decir para subsidiar el boleto. Sólo para tener idea del tamaño del importe: hasta ahora había gastado el 93% de las partidas por $259.904, mientras que con la nueva reasignación aumentó 66% el monto disponible.
Los planes de aumento del gas
Son épocas en las que el calendario electoral se impone a las necesidades fiscales, en el mundo del gas consideran que los planes que habían quedarán congelados. Al menos, por un tiempo. En el Enargas se estudia un proyecto para que haya una fórmula automática para actualizar la tarifa. “Este esquema está hecho para un momento de estabilidad donde no había inflación. Con 150% anual es imposible que se mantenga ese procedimiento”, decía a LA NACION un poderoso ejecutivo del sector.
Por ahora, para subir las tarifas es necesario cumplir con un proceso que hasta requiere audiencias públicas, que aunque no son vinculantes, se deben celebrar. Además, tiene que tomar intervención en organismo de control y elaborar decenas de informes y cálculos con los nuevos valores que justifiquen el incremento. Pero claro, semejante dispendio de energías regulatorias ya no tiene sentido cuando la inflación ya llegó a dos dígitos mensuales. Es decir, según esta vorágine de precios, debería haber un proceso de actualización abierto todo el tiempo.
De ahí, dado lo impracticable, que el Enargas estudia algún tipo de remedio indexatorio alternativo. “No creo que nada de esto pueda salir en este tiempo. Aunque para ser franco, debiera hacerse los meses que vienen que son de baja demanda por lo tanto, con la caída del consumo cuando se retiran los fríos, el aumento se neutraliza y ya se ve en el invierno próximo”, confiaba otro ejecutivo.
Alguna vez el paradigma que gobernó rezaba que durante los años electorales no se suben las tarifas. Eran épocas donde la inflación andaba por el 20 o 25% anual. Pero todo cambió y los precios y los costos se modifican a diario. A principio de año, el Gobierno decidió indexar el transporte de colectivos y trenes metropolitanos. Ya dio marcha atrás. Regresó con fuerza el dogma de aquel postulado kirchnerista de hacer populismo tarifario. La diferencia es que en 2023 no hay billetera para sostenerlo.
