Después de tres años de letargo energético, y solo a meses de que los cortes estallen con los calores del verano, el Gobierno decidió poner en marcha un proceso de actualización del contrato de las empresas Edenor, Edesur y las compañías de transporte de alta tensión. Claro que nadie se pega un tiro en el pie: el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aclaró que cualquier cuestión que se resuelva, y que podría ser aumento tarifario, se aplicará recién entre 2024 y 2028.
“A partir del 1° de junio próximo, el ENRE dará inicio al proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) de los servicios públicos de distribución de energía eléctrica, cuyas concesionarias son Edenor y Edesur, y de transporte de energía eléctrica, cuyas operadoras son Transener, Transnoa, Transnea, Transba, Transpa, Distrocuyo, Transco y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN)”, comunicó el organismo regulador.
La RTI es un proceso previsto en la regulación que podría ilustrarse como una actualización del contrato. Esos nuevos términos no solo incluye aumento tarifario sino también readecuar inversiones y además, volver a definir los parámetros de calidad. Sin embargo, en una economía que galopa a rango de 104% de inflación anual, parece imposible que pueda renegociarse algún término de la relación entre el Estado y las concesionarias sin pasar por la ecuación económica financiera. De hecho, los niveles de inversión tienen directa relación con el rango de la tarifa.
En el sector energético, la medida tomó por sorpresa a varios especialistas. “Después de tres años y medio de inacción, con el ENRE intervenido y a pocos meses de irse, el Gobierno anuncia que dará inicio al proceso de Revisión Tarifaria Integral para Edenor y Edesur. Raro”, escribió en su cuenta de Twitter el economista y especialista en energía, Nicolás Gadano.
El punto polémico es que la administración del presidente Alberto Fernández jamás se caracterizó por dar certidumbre al golpeado mercado energético argentino. Por lo tanto, iniciar una renegociación en pleno año electoral para firmar un acuerdo que se aplicará el próximo llenó de resquemores al sector. Además, el ente está intervenido a que cesó la administración anterior que había sido elegido mediante concurso de antecedentes.
No solo eso, generar la regulación energética para el gobierno que llegue después de diciembre es toda una rareza para una administración que no tiene en su ADN la previsibilidad contractual. De hecho, no son pocos en el sector los que interpretan el apuro como una manera de asegurarle un colchón contractual favorable a las distribuidoras. Edenor es de un grupo con vínculos cercanos al ministro de Economía, Sergio Massa, que está integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. Edesur, es de la italiana ENEL y está en venta. Pero claro, bien podría darse el caso de que por lo bajo ya esté vendida y que una de las condiciones para la compra, aceptada por los reguladores, haya sido dejarle un camino allanado en esa materia. Sea como fuere, el apuro del ENRE llenó de sospechas al sector.
“Hay que ver qué es lo que definen renegociar, pero parece difícil que este año electoral se entregue otro aumento de tarifas a las empresas eléctricas”, dijo el exsecretario de Energía, Emilio Apud.
En principio, lo que se publicó son dos resoluciones, una para las empresas de distribución de AMBA y la otra para las compañías transportistas, concesionarias de las redes de alta tensión. “En el plazo de 30 días, este Ente Nacional elaborará las pautas y el cronograma de desarrollo que regirán el proceso. Oportunamente también convocará a audiencias públicas para evaluar las propuestas de distribuidoras y transportistas, y para escuchar las opiniones de los sectores interesados. Durante esta etapa, el ENRE efectuará la evaluación técnico-económica que permitirá precisar, para el quinquenio 2024-2028, los parámetros de calidad de servicio, las adecuaciones de procedimientos y regulaciones vigentes, y las inversiones que deberán realizar las empresas concesionarias”, comunicaron en el organismo.
La nueva discusión llega en momentos donde las tarifas de luz han empezado a entregarse a los usuarios con los aumentos que ya estaban acordados. De acuerdo a la negociación que hizo el Gobierno con las dos distribuidoras metropolitanas, por estos días pasan por debajo de la puerta las facturas que contienen el cobro del consumo de febrero y marzo, los dos meses más calurosos del verano, donde se registraron temperaturas récord.
Esas boletas tienen dos componentes que las llevan hacia arriba. El primero es el aumento del precio de la electricidad; el otro, la desaparición de los subsidios para los usuarios de mayor consumo. Ese combo se iba a realizar en dos tramos, uno en abril, que ya está en marcha y se puede ver en las boletas de electricidad, y otro en junio, cuyo cuadro no está publicado aún en el ENRE.
De acuerdo a datos que circularon y que fueron elaborados por la consultora Economía y Energía, la eliminación de los subsidios, que termina de consolidarse a partir de junio, significaría un incremento de las tarifas respecto de febrero de 145% para los usuarios de nivel 1 y de 102% para los usuarios de nivel 3, ambos los de mayor consumo.
