Luego de que la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), que núclea a 114 asociaciones rurales de ambas provincias, criticara al gobierno provincial al asegurar que la demora en la entrega de certificados de emergencia agropecuaria impedía a los productores acceder a los beneficios previstos por la ley, como la postergación de impuestos o financiamiento especial, el gobierno bonaerense convocó a la entidad a una reunión.
En diálogo con LA NACION, Horacio Salaverri, presidente de Carbap, contó que en la reunión, en la que participó Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario, la entidad ratificó lo expresado en un duro comunicado donde se refirió al tema. “Desde nuestro punto de vista, por cuestiones burocráticas se alargaron todos los trámites de los certificados, lo cual complicó a los productores. El otro tema, que es esencial, es que no se realizaron declaraciones de emergencia hasta fin de año, considerando el ciclo productivo. Sin embargo, ellos tienen una percepción distinta”, dijo.
En rigor, en el comunicado Carbap había remarcado que las declaraciones de emergencia por el lapso de 90 días, y no por ciclo productivo de emergencia, hacen que cada 90 días haya que rehacer las planillas. Esto se suma a que, indicaron, a muchos productores no les llegan los certificados en tiempo y forma. La engorrosa burocracia producto del desconocimiento de la situación impide que el beneficio contemplado por la ley llegue como corresponde, indicaron.
“El gran tema aquí es que las declaraciones de emergencia se hicieron con una visión muy corta, siendo que en marzo ya no había nada que hacer, todo estaba perdido: ganadería, leche y ni hablar de lo agrícola. Es decir, nada iba a mejorar porque ingresábamos en el invierno”, agregó.
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“No teníamos que ponernos de acuerdo en nada con respecto a las complicaciones generadas, porque hoy ya no hay nada que hacer, ya fueron generadas”, agregó Salaverri.
Consultados por las críticas de la entidad, en el Ministerio de Desarrollo Agrario afirmaron que llevan emitidos más de 5400 certificados. “A partir de las charlas y capacitaciones acerca de los beneficios de la ley brindadas a productoras y productores de los distintos municipios afectados, la cartera agraria bonaerense ha venido recibiendo y tramitando desde mediados de mayo cerca de 300 solicitudes individuales por día”, indicaron.
Ante ello, Slaaverri detalló que solicitaron que a futuro todas las declaraciones que se puedan llegar a decretar se realicen en el menor tiempo posible. “También expresamos nuestra opinión sobre el Impuesto Inmobiliario [Rural] y la postergación que se llevó a cabo de manera incorrecta; no se respetaron los 180 días posteriores al vencimiento de la emergencia”, remarcó.
Posiciones
En el comunicado Carbap aseguró que, a pesar de que se extendió la emergencia hasta el 31 de octubre, desde ARBA “continúan enviando” los vencimientos del Impuesto Inmobiliario Rural para las parcelas en emergencia/desastre correspondientes a mayo, junio y septiembre, cuando la ley establece que dichos vencimientos deben ser diferidos dentro de los 180 días posteriores a la emergencia. Es decir, deberían llegar a partir de noviembre.
“La información que debía impactar en AFIP para poder acogerse a los beneficios nacionales no ha llegado aún para la totalidad de los casos. Resta recibir información acerca de muchos productores que no han podido tener los beneficios nacionales”, afirmó.
Ante esto, en el Ministerio de Desarrollo Agrario provincial explicaron que, una vez emitido el certificado, los productores obtienen, entre otros beneficios, la prórroga (en el caso de emergencia) o la exención (en el caso de desastre) del Impuesto Inmobiliario Rural. “Es importante aclarar que ARBA ya emitió la segunda cuota del inmobiliario rural, por lo que puede suceder que algunos productores que estén tramitando el certificado o lo hayan obtenido en forma reciente, reciban la boleta para el pago, pero no deben abonarla ni es necesario que realicen ningún trámite extra ante la agencia de recaudación”, destacaron en la cartera del agro.
Con respecto a los beneficios fiscales ante AFIP, en el Ministerio dijeron que tras la emisión de los certificados la provincia está enviando el listado de los mismos a dicho organismo, que incorpora esa información para el establecimiento de los beneficios fiscales establecidos.
“La provincia dispuso la separación del certificado de emergencia y/o desastre agropecuario de su información al sistema financiero, ya que anteriormente los productores en emergencia no podían acceder a más financiamiento, lo que hacía que muchos optaran por no tramitar los certificados. Hasta la fecha, el Banco Provincia lleva entregados $21.500 millones en los partidos afectados por la sequía”.
Por su parte, recordaron que el Ministerio de Desarrollo Agrario tiene a disposición una línea de financiamiento no bancaria específica ante la emergencia orientada a productores de menor escala; ha otorgado más de $500 millones, representando un total de $22.000 millones.
