El oficialismo no tendrá esta semana el número necesario para poder llamar a sesión en el Senado y la camarista Ana María Figueroa, cuyo pliego para extender su permanencia por cinco años más en el cargo reclama Cristina Kirchner, quedaría condenada a jubilarse el próximo 9 de agosto, cuando cumplirá 75 años y se vería compelida a retirarse de la actividad, tal cual lo establece la Constitución Nacional.
Figueroa es presidenta de la Cámara de Casación Penal y miembro de la sala del tribunal que debe definir si la causa Hotesur-Los Sauces, en las que están acusados Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia por lavado de dinero, permanece cerrada, como lo dictaminó un fallo de primera instancia, o si debe ventilarse en un juicio oral y público.
El pliego que le extiende a la jueza su permanencia en el cargo hasta los 80 años iba a tratarse en una sesión en la que trabajaba el kirchnerismo con la intención de aprobar otros 75 acuerdos judiciales que la oposición considera como parte de un plan de la vicepresidenta para colonizar la justicia antes de abandonar el poder, el próximo 10 de diciembre.
El golpe de gracia a la jugada del kirchnerismo se la dio el senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), quien le confirmó a LA NACION que no está dispuesto a viajar a Buenos Aires esta semana y aportar al quórum para la sesión que venía intentando armar José Mayans (Formosa), jefe del bloque oficialista del Frente de Todos.
“No voy a ir”, afirmó, escueto, el senador aliado del oficialismo y gobernador electo de Río Negro en diálogo con este diario. Sin su presencia, los esfuerzos de Mayans por alcanzar al quórum serán en vano ya que ni siquiera podrá garantizar la presencia de los 34 legisladores (31 propios más tres aliados) con los que contaba para forzar el inicio de una sesión.
La ausencia de Weretilneck da por tierra, también, con las negociaciones del kirchnerismo para lograr la asistencia de otros tres peronistas díscolos del bloque Unidad Federal que le hubieran permitido alcanzar los 37 presentes que conforman el quórum.
Con la puntana María Eugenia Catalfamo decidida a prestar su apoyo, el oficialismo buscaba convencer al presidente de Unidad Federal, Guillermo Snopek (Jujuy), y a Edgardo Kueider (Entre Ríos) para que se sumarán a la sesión. Estos dos legisladores fueron responsables del fracaso del primer intento del kirchnerismo por darle acuerdo a la camarista.
Aquella vez, Snopek se negó a bajar enojado con el oficialismo por diversos motivos. Uno de ellos y que todavía persiste es la negativa del oficialismo a tratar un proyecto de su autoría que declara la intervención federal del Poder Judicial de Jujuy que, considera, responde a las órdenes de su archienemigo político, el gobernador radical Gerardo Morales.
Kueider, en tanto, quedó molesto luego de que el kirchnerismo se negara a darle dictamen a un proyecto que busca reducir las tarifas eléctricas en el interior del país a partir de la rebaja del IVA y de otros impuestos que gravan el consumo domiciliario.
Así fue como ambos senadores se negaron a bajar y el oficialismo quedó en soledad en el recinto de la Cámara alta haciendo catarsis en una expresión en minoría en la que responsabilizaron a Juntos por el Cambio, que se niega abiertamente a tratar los pliegos judiciales, por la parálisis del Senado, que en lo que va del año sólo pudo sesionar una vez.
Tal como informó LA NACION, las negociaciones con Snopek y Kueider se encontraban estancadas, ya que los legisladores se mantenían firmes en el cumplimiento de sus exigencias para apoyar la apertura de una sesión.
El rechazo al pliego de Figueroa se convirtió en una cruzada para Juntos por el Cambio. El jefe del interbloque opositor, Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza), anunció desde un principio que la bancada no iba a darle acuerdo a la camarista para que continuara en el cargo. Le imputan a la jueza tener fuertes vínculos con el kirchnerismo.
Además, la principal bancada opositora sostiene que el kirchnerismo esconde detrás del pliego de Figueroa otras intenciones. Así, denuncian que la aprobación de los 75 acuerdos que tienen dictamen busca modificar la relación de fuerzas al interior de la Asociación de Magistrados -ya que la mayoría de los candidatos se sumarían a la Lista Celeste, expresión kirchnerista de la entidad que reúne a los jueces nacionales y federales-, con el objetivo de ganar un escaño más para el Consejo de la Magistratura en las elecciones de noviembre próximo.
