El hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro y el expolicía Ariel Zanchetta seguirán presos y camino a enfrentar un juicio oral y público acusados de clonar celulares de jueces federales supuestamente para cometer estafas, aunque la Cámara Federal destacó que tiene sospechas de que los móviles de los presos exceden el afán económico, lo que otorga al caso “ribetes de gravedad institucional”.
El tribunal de alzada intuye que detrás de estas maniobras puede haber una operación de espionaje político porque los damnificados son magistrados que intervinieron en causas contra Cristina Kirchner, incluyendo a dos de los tres jueces que condenaron a la vicepresidenta por corrupción.
La Cámara Federal confirmó los procesamientos con prisión preventiva de los acusados por vulnerar comunicaciones telefónicas y electrónicas de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, de la Cámara Federal de Casación Penal, y Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, del tribunal que condenó a Cristina Kirchner.
La maniobra consistió en obtener sus datos personales para suplantar sus identidades ante las empresas telefónicas, tomar el control de sus líneas de teléfonos celulares y acceder a sus aplicaciones de mensajería e incluso haciendo requerimientos de dinero a su nombre. El fallo fue firmado por los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, de la Sala II de la Cámara Federal porteña.
Para realizar estas maniobras compraban tarjetas SIM “blancas” -es decir, no relacionadas a ninguna línea- a la empresa o a vendedores locales, las colocaban en teléfonos y el sistema automáticamente derivaba a una opción de “autogestión” en el sitio web de Movistar. Allí colocaban el número de la línea que se pretendía asociar, el número de DNI del titular, su nombre y apellido y el número de trámite del DNI.
Según consta en la causa, luego se debía responder un acertijo de cinco preguntas con opciones, cuyas respuestas se obtenían de la base de datos comerciales Nosis. Contestando correctamente cuatro, el procedimiento culminaba exitosamente y la línea telefónica dejaba de operar en el celular anterior, pasando a hacerlo en el de los hackers, que podían acceder a Telegram o el WhastApp del hackeado.
La operación se conoce cambio como “sim swapping”. Por esta maniobras, los camaristas mandaron a investigar a las empresas telefónicas por no brindar adecuada seguridad. Los jueces señalaron que los blancos no eran personas cualquiera, elegidas al azar, sino jueces, que fueron hackeados al mismo tiempo que decidían en causas de impacto político y el uso de sus datos podrían usarse entonces con estos fines.
Los camaristas indicaron que todo esto ”otorga fuertes motivos para sospechar que la trama posee móviles que exceden a los económicos y que otorgan al caso ribetes de gravedad institucional”. También dijeron que la participación de los hackers “se inserta en un contexto de hechos que revisten gravedad institucional y que están caracterizados por el modo clandestino y oculto en que se manejaban sus autores”.
De hecho, incluían la operación a través de redes informáticas con alias y mediante transferencias de valores en criptomonedas” a cuentas digitales ajenas al sistema bancario. La Justicia investiga los puntos de contacto entre múltiples eventos producidos en similares épocas y la identidad de los afectados, pues aún se desconocen los móviles (además de los económicos) que podrían haber rodeado a la trama.
“Las acciones y omisiones detectados en torno a los mecanismos de comercialización -en uso de información sensible y datos personales- empleados por las firmas prestadoras del servicio de telecomunicaciones, dan cuenta de eventuales responsabilidades”, señalaron los magistrados y mandaron a investigar, también, a las empresas telefónicas.
Nuñes Pinheiro se dedicó a obtener información personal de los magistrados, tomó control de sus líneas telefónicas, accedió a todas las cuestiones de naturaleza privada que poseían en el historial de sus aplicaciones, mientras que el expolicía Zanchetta obtuvo informes de los jueces durante 2002 y efectuó 2157 consultas de datos. Entre ellos estaban los miembros de la Corte Suprema Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti.
En la misma causa se investiga cómo se tramitaron cinco líneas telefónicas a nombre de Rosatti y hay indicios que se hizo lo propio con Lorezentti. Los camaristas confirmaron el fallo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y elogiaron la tarea del fiscal Gerardo Pollicita sobre los aspectos tecnológicos de la investigación, que permitieron detectar la maniobra a los sospechosos.
