El banco brasileño Itaú confirmó hoy que está en negociaciones para desprenderse de sus activos en la Argentina, un mercado al que llegó en 1994, pero en el que nunca terminó de desarrollarse. La falta de créditos en una economía inflacionaria, las restricciones para operar en un mercado con cepo cambiario y las limitaciones para prestarle al sector privado, en un contexto donde el Estado es el principal necesitado de pesos para cubrir su déficit, son algunas de las razones que explican la salida de la entidad bancaria.
De esta manera, Itaú se suma a una larga lista de compañías que en los últimos años decidieron irse de la Argentina. Desde Falabella a la aerolínea Latam y desde la energética Enel (controlante de Edesur) hasta el supermercado Walmart, las empresas multinacionales se vieron afectadas por la pandemia y por la invasión de Rusia a Ucrania y, a la hora de reconsiderar sus estrategias de negocios, optaron por irse de la Argentina.
Las razones son varias. Falta de previsibilidad, cambio constante de las reglas de juego, débil seguridad jurídica, alta inflación, restricciones a las importaciones e imposibilidad de girar divisas al exterior son algunas de las explicaciones que dan los empresarios cuando explican la falta de clima de negocios en el país.
Los sectores alcanzados por esta situación son transversales. Desde las aerolíneas Latam o Norwegian, a los autopartistas Axalta y PPG. Desde las farmacéuticas Hepatalgina, Pierre Fabre, Gerresheimer y Eli Lilly, hasta las energéticas Enel, Sinopec y Petrobras. Desde las marcas deportivas Nike y Under Armour hasta la empresa de delivery Glovo. Las nacionalidades, a su vez, también son diversas, sin discriminar empresas estadounidenses, chinas, chilenas, brasileñas, francesas o italianas.
La economía explica una parte de esta situación. La Argentina tiene el mismo producto bruto interno (PBI) que hace 10 años. En este periodo, además, la inflación pasó de niveles del 25% a alcanzar los tres dígitos. La pobreza se mantiene cercana al 40% de la población, mientras que la pobreza infantil ya alcanza a uno de cada dos chicos.
Sin embargo, el factor que más desvela a los empresarios es la falta de previsibilidad. En agosto de 2020, por ejemplo, el Gobierno sorprendió un viernes a la noche con el anuncio de que las empresas de telecomunicaciones pasaban a ser un sector regulado y que los aumentos de tarifas iban a estar fijados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). A los pocos días se decretó un congelamiento de las tarifas.
Las grandes empresas de telecomunicaciones lograron avanzar igual con el aumento de tarifas, gracias a medidas cautelares que otorgó la Justicia, lo que le valió una nueva crítica de la vicepresidenta Cristina Kirchner al Poder Judicial. Pero mientras tanto, las pequeñas empresas de internet, telefonía y TV por cable siguen dependiendo del Enacom para ajustar sus tarifas, lo que genera una brecha de ingresos entre unas y otras.
Lo que ocurre en el sector de telecomunicaciones se repite en otras industrias, donde las empresas que tienen más espalda para protestar y demandar logran mayores beneficios, a costa de una inversión en tiempo y recursos que podrían enfocarse a mejorar la productividad.
“Las empresas van a los lugares donde pueden tener ganancias y en la Argentina eso es un poco más difícil. En los sectores donde además hay un rol del Estado muy intervencionista, los incentivos para salir son muy altos. En el sector energético, las tarifas están casi pisadas, pero además hay muchas otras regulaciones que hacen que a la hora de tener que elegir donde hundir la inversión, se busquen los lugares donde haya más chances de tener ganancias. Si a todo eso se le suman las restricciones cambiarias que hay, países como Brasil, México o Colombia son más atractivos”, dice Fernando Zoppi, abogado especializado en fusiones y adquisiciones (M&A) en Martínez de Hoz & Rueda.
Las empresas internacionales que se van del país, a su vez, venden sus operaciones a inversores locales, como sucedió con Walmart (las tiendas las compró el grupo De Narváez) y Brightstar (adquirida por Mirgor). Itaú, a su vez, está en conversaciones para vender sus operaciones al banco Macro, que fundó Jorge Brito.
“Las operaciones de las compañías internacionales se van tomando por grupos locales. Imagínense explicarle a un inversor extranjero lo que es tener casi 100% de inflación y que si hundís capital en la Argentina, después no te podés llevar los dividendos. El problema que tienen algunas empresas internacionales a veces es que no encuentran comprador”, dice Zoppi. Dentro de este universo se encuentra el ejemplo de la española Telefónica, que después de estar a la venta durante dos años, finalmente se quedó en el país.
Jimena Blanco, Chief Analyst en la consultora británica Verisk Maplecroft, señala que “el mayor desafío de la Argentina tiene que ver con la macroeconomía y con las leyes laborales, que hacen que, por momentos, la Argentina sea extremadamente cara para operar”.
Y explica: “Las empresas multinacionales les pagan a sus empleados en pesos, pero les hacen ajustes inflacionarios, que, si no hay una devaluación, el país se vuelve muy caro en términos dólares. En algunos casos, empresas tienen empleados ejecutivos que les sale más caro en la Argentina que en el exterior. El problema es el desfasaje, que hace que no se pueda planificar. En otros casos también sucede que hay trabas para repatriar dividendos, pero también para ingresar capital, porque entra al oficial, pero los costos en algunos casos están atados a los paralelos y eso no es competitivo”.
En un contexto donde la economía global se perfila hacia una recesión, los inversores buscan mitigar riesgos en los mercados emergentes, como es la Argentina. “En un contexto global negativo, para la Argentina es un gran desafío atraer inversiones, salvo en las áreas donde tiene ventajas competitivas muy grandes, como en tecnología, o que tenga recursos que no pueden ser explotados en otros lados, como es el caso del litio”, concluye Blanco.
