Después de los primeros reparos de intendentes de Buenos Aires y asociaciones empresarias como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), hoy continuaban las muestras de rechazo contra el bono de $60.000 para trabajadores privados y públicos anunciado por el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa.
En principio, se manifestaron en contra la Federación de Comercio e Industria de la ciudad de Buenos Aires (Fecoba), el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, el G6, grupo de entidades empresarias de Córdoba; y los gobiernos de Santa Fe, Neuquén y San Juan.
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“La Federación de Comercio e Industria adhiere a la posición planteada por la mayoría de los representantes del sector privado y da cuenta de la imposibilidad del sector pyme de afrontar el bono extraordinario anunciado por el Ministerio de Economía de la Nación”, dijeron desde Fecoba en un comunicado.
En el marco de una reunión convocada para tratar las medidas anunciadas, el titular de la Federación, Fabián Castillo, insistió en que, “al margen de que se trata de una imposición del sector público sobre el privado, las pymes no están en condiciones de hacer frente a incrementos salariales o bonificaciones especiales no contempladas en las paritarias naturales de cada sector”.
“No logramos crecer, los insumos importados escasean, las ventas caen y no se logra establecer un marco natural de precios de referencia”, agregó.
Por su parte, Weiss dijo que, si bien entienden la problemática del asalariado que necesita recomponer su salario frente a la última devaluación y el incremento de costos, simultáneamente hay empresas del rubro de la construcción complicadas para poder pagar el bono. “En muchos casos y sobre todo en lo vinculado a la obra pública, tenemos contratos complicados, atrasos en los pagos y se hace dificultoso para muchas empresas pagarlo. Esa es la situación”, afirmó.
En tanto, los empresarios de Córdoba fueron más tajantes y dijeron que rechazan de plano la iniciativa oficial de un bono salarial a aplicar en los meses de agosto y setiembre y solicitaron firmemente dar marcha atrás con el anuncio y abstenerse de generar dicha obligación.
“Las distorsiones que produce son múltiples. Primero, el Estado nacional toma decisiones que son de órbita estricta de los privados, fijando de manera arbitraria el monto, la oportunidad y la razón de esos adelantos salariales. Por otra parte, desvirtúa la herramienta de determinación de los salarios sector por sector, que son propios del dinamismo y características de cada actividad y región del país”, advirtieron y sumaron que viene realizando múltiples esfuerzos para acompañar a los trabajadores en los impactos que les genera día a día la inflación.
“Creemos urgente que las decisiones de política pública estén orientadas hoy a los problemas de fondo, íntimamente vinculados al déficit fiscal y se abstengan de tomar medidas sin previa consulta o consenso, más aún habiendo un proceso eleccionario en marcha”, concluyeron.
A los gobernadores e intendentes, la invitación de Massa a que “hagan el esfuerzo junto al Estado Nacional para tratar de mejorar el ingreso de los trabajadores estatales” y paguen un bono les generó “sorpresa”. Varias fuentes provinciales consultadas por LA NACION admitieron que la semana pasada -cuando ya se barajaba el anuncio del refuerzo- plantearon la posibilidad de que el gobierno central habilitara una línea de financiamiento, opción que fue rechazada.
A diferencia de a nivel nacional, donde unos 390.000 empleados recibirán el bono, en las provincias y municipales los sueldos netos debajo de los $400.000 son la mayoría y el peso presupuestario de otorgar un refuerzo es significativo, ya que la partida de personal representa en promedio 60% del gasto. En el mientras tanto, quedaron expuestos a las presiones de los gremios, más allá de que todos tienen ya un sendero paritario decidido.
Hasta ahora, solo tres gobernadores se plegaron a la medida –Rodolfo Suárez (Mendoza), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero)- mientras que las autoridades de San Juan, Neuquén y Santa Fe plantearon directamente que no analizan el pago porque están negociando o acaban de cerrar paritarias.
El ministro de Trabajo santafesino, Juan Manuel Pusineri, dijo que la decisión ya está tomada, “aplicamos un acuerdo paritario”; el vicegobernador sanjuanino Roberto Gattoni sostuvo “acabamos de otorgar un aumento a los empleados públicos y creo que al bono hay que compatibilizarlo con los acuerdos paritarios”.
“La provincia no prevé otorgar sumas fijas a empleados y empleadas estatales. La totalidad de los trabajadores y trabajadoras están bajo Convenios Colectivos y se acordó en paritarias con todos los gremios”, confirmó el gobierno neuquino en un comunicado.
Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires y aliado de Massa, también se cuenta entre los que están “analizando” dar una suma fija; en su administración señalan que los sueldos estatales -por las paritarias acordadas- no vienen perdiendo ante la inflación. Los intendentes ya le hicieron saber que no están en condiciones de hacer frente a ese pago.
Las autoridades de Río Negro indicaron que, por ahora, “no hay decisión tomada”. Tucumán, Santa Cruz, Salta y Corrientes ya pagaron bonos en julio e incluso este mes, por lo que, por el momento, sostienen que no adherirían a la política nacional. Córdoba, Entre Ríos, Catamarca, San Luis, Chubut, Tierra del Fuego y Misiones cerraron hace pocos días las paritarias para este tramo del año, por lo que entienden que un pago a cuenta no tiene lógica. Jujuy, está en negociaciones con los docentes y con el resto de los estatales, hay acuerdo vigente.
