Las discusiones retóricas, las apelaciones al relato, la negación de la evidencia o la justificación de cierto accionar delictivo son algunos de los recorridos que desanda el oficialismo cuando se encuentra con hechos que le disputan la autoridad en la calle, ese territorio donde el que el Gobierno se replegó hace tiempo. Por estos días, la diferenciación que varios dirigentes del kirchnerismo realizan entre “saqueo” o “robo” constituye una de las discusiones más inoficiosas que se pueden dar en la política argentina.
Sucede que el verbo “saquear” no existe para el Código Penal. No hay ningún artículo del entramado legal criminal que tipifique esta conducta. Apenas se trata de una construcción literaria para resumir la violencia, el robo y la actuación en patota. Pero el kirchnerismo, vaya a saber con qué intención, intenta diferenciar entre el robo y el robo. Parece un error del cronista, pero no lo es.
Uno de los que transitó el fango de las diferenciaciones fue el Jefe de Gabinete y compañero de fórmula de Sergio Massa, Agustín Rossi. “No son saqueos. Los saqueos se dieron en momentos donde había disconformidad social, acá no había disconformidad en los que estuvieron allí, lo que había era una intención de llevar adelante un delito”, dijo estos días.
Tiene razón el candidato cuando sostiene que se trata de un delito, pero falla feo cuando considera que aquello no lo es. También se arroga ser una suerte de exégeta de la conducta de los violentos, los de antes, a los que refiere, y los actuales. Considera que en su momento había “disconformidad social” y ahora no existe esa situación. Un hallazgo del jefe de los ministros.
Los llamados “saqueos”, para el Código Penal y para la Justicia no son ni más ni menos que “robo en poblado y en banda”, tipificado en el artículo 167, en el capítulo VI, donde se enumeran los delitos contra la propiedad. “Se aplicará reclusión o prisión de tres a 10 años si se cometiere robo en lugares poblados y en banda”, dice la norma. La primera parte habla del lugar; la segunda, de la cantidad, que en este caso, deben ser tres o más personas. Eso es todo, no hay tal digresión como robo o saqueo que tanto le gusta al oficialismo.
Vale preguntarse entonces: ¿para qué fundamentar una diferencia inexistente? Y en tren de las especulaciones, bien podría argumentarse que el discurso encaja en la necesidad de condenar estos delitos que incomodan en plena campaña pero, al menos, dejar trazada una línea discursiva por las dudas que en otro momento haya que justificar la delincuencia en la calle.
Claro que no todos los detenidos están a disposición del fiscal por este tipo legal. Hay quienes fueron detenidos por “tentativa de robo en poblado y en banda”, que tiene una pena mínima de un año y medio y una máxima de 6 años y 8 meses, y otros, por “robo simple” -un mes a 6 años de prisión- ya que no fueron encontrados con otros como para tipificar el delito.
De los poco más de 40 que quedaban presos ayer, un grupo está imputado por resistencia a la autoridad, conducta que podría acarrear una pena entre 15 días y un año de prisión. Todos estos delitos se podrían combinar con otros como daños a la propiedad privada o lesiones, si es que las ocasionaron, todos ellos con el agravante de que cuando se usa arma de fuego se endurecen las penas. Sin embargo, no hay registro de que en los hechos que se dieron en territorio bonaerense se hayan usado. O al menos, no está presente entre las acusaciones de los fiscales.
Finalmente, los dichos del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. “Esto no es un robo común: esto se califica como robo en banda y tiene una pena de 15 años”, dijo el militar, médico y abogado. Pues más allá del énfasis del relato cuando los hechos están calientes, el funcionario sabe perfectamente que nadie estará preso hasta 2038 por estos saqueos. Pero la expansión de las palabras, aunque sean sin argumentos, y el ceño fruncido quedan bien en momentos en los que la sociedad pide a gritos el regreso del orden a la calle.
No sólo que nadie estará preso tres lustros sino que es probable que los juicios sean difíciles. En el derecho procesal no hay presunciones sino hechos que se pueden probar, decía ayer un curtido fiscal bonaerense. A veces, ni siquiera con videos se puede encontrar la evidencia para sostener las acusaciones de los fiscales que avancen hacia las condenas. De cualquier manera, nada de esto podría ocurrir en menos de dos o tres años, según tiempos normales de la justicia bonaerense.
De hecho, como la mayoría de los encuadres penales tienen la eventualidad de una pena en suspenso (tres años o menos), funciona el artículo 76 bis del Código Penal, que introduce la “probation” como forma de culminar un juicio. Es decir, los abogados de quiénes no tengan antecedentes, seguramente irán por ese camino en el que se requiere cumplir algunos requisitos como por ejemplo, terminar la escolaridad, realizar tareas comunitarias o comparecer cada determinado tiempo en una dependencia policial o judicial.
Hay un universo más: los que instiguen a cometer delitos. Raúl Castells, por ejemplo, sumó varias denuncias estos días por haberse adjudicado los saqueos. Su conducta podría encuadrarse en el artículo 209 del Código Penal, que reprime con prisión de 2 a 6 años a quien “públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”. Lejos, muy lejos de los 15 años con los que Berni intenta calmar las ansiedades sociales en los medios.
Lo único que podría parecerse a aquella diferenciación de Rossi, entre saqueos buenos y malos, es el llamado “hurto famélico”. Este encuadre jurídico no existe en el Código, pero es una elaboración jurisprudencial y se da cuando una persona roba por hambre. En ese caso, el Estado le entrega un eximente por su estado de necesidad, motivo por el cual, el delito se convierte en legal. La argumentación filosófica es que se protege un bien jurídico superior, es decir la vida por sobre la propiedad. Se trata de un hecho ilegal pero la ley lo perdona y le entrega un estado de inculpabilidad. Pero para que este supuesto particularísimo se configure, hay que probarlo caso por caso. Nada esto se parece demasiado al pensamiento del Jefe de Gabinete ya que la “disconformidad” no es hambre. Rossi desconoce que en todos los casos es delito.
Un párrafo final merecen los dichos de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti a los que adhirió el presidente Alberto Fernández mediante la reproducción en una red social. La funcionaria acusó, primero al candidato Javier Milei y después, al espacio que conduce Patricia Bullrich, de estar detrás de los robos que se dieron en territorio bonaerense. Por ahora, esos dichos no tienen ningún asidero en las denuncias y en las investigaciones que llevan los fiscales. Para ellos se trata más de grupos organizados, poco sofisticados y acostumbrados a que la calle les pertenece para cometer todo tipo de delitos.
El problema principal que expresa el Gobierno es la incomodidad en la que quedó después de estos hechos. Sucede que el kirchnerismo y su postura garantista ha tolerado la violencia en la calle y ahora, en plena campaña, necesita mostrar otra faceta. El conurbano bonaerense es un territorio donde el Estado se ha replegado y permitió que las distintas modalidades del crimen organizado se apoderaran del terreno y pudiesen consolidar las redes ilícitas.
Hoy, el diagnóstico de lo que sucede se deja ver a plena luz. En principio, hay una utilización de personas que encuentran en la crisis económica el principal caldo de cultivo, todo, en un conurbano explosivo. Los delitos no son más que la consecuencia de un repliegue de las instituciones que decidió que en la calle todo quede liberado a la espontaneidad de la ley de la selva.
¿Es posible dejar un lingote de oro en la vereda y suponer que nadie lo robará? ¿Se puede liberar el territorio y pretender que nadie se apodere de él? Las respuestas son obvias. El oro desaparece; y en la calle se lee por todos lados el cartel que dice “ocupado”.
