La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) propuso, en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, eliminar las retenciones de varios productos del agro, excepto el de un cultivo clave, lo que generó un malestar en la cadena del producto. La idea de FADA es dejar en un 21% las retenciones a la soja, por un periodo transitorio de cuatro años, y amortiguar el impacto con un certificado de crédito fiscal para los productores que se haría de aplicación decreciente.
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La entidad se sumó a las propuestas que vienen haciendo distintas entidades y legisladores que representan al agro en el Congreso, en un intento de eliminar las retenciones para los distintos cultivos. En este caso, la institución sin fines de lucro, busca alcanzar “cero retenciones, cero restricciones, un dólar y reglas de juego claras”, con una propuesta de valor que apunta a la apertura de mercados internacionales y mayor crecimiento productivo nacional. No obstante, aclaró en su presentación en el recinto, que deberán eliminarse los impuestos distorsivos que impiden este crecimiento. Para que esto suceda es necesario que se pongan en marcha algunas políticas económicas.
Puntualmente, apunta a que las retenciones para los productos como la carne, trigo, maíz, sorgo y las economías regionales lleguen a cero “de manera inmediata”. En el caso de la soja pasaría de pagar un 33% al 21%, pero esto generó inquietud entre los representantes de algunas entidades del sector que observaban todo desde una mesa.
La idea, dijo David Miazzo, economista jefe de FADA, es que deje de existir este impuesto y reemplazarlo de manera transitoria, por cuatro años, por un pago a cuenta de impuestos. De esta forma, el Estado podría entregar un certificado de crédito fiscal que se haría de aplicación decreciente durante cuatro años. Es decir, se aplicaría del 21% hasta llegar a cero por ciento, que pueda ser transferible para el productor que necesite liquidez. Además, debería estar nominado en dólares para que mantenga algún valor.
El economista explicó que la intención de “dejar algo [el 21%]” en soja es porque este cultivo es el más significativo en términos de recaudación fiscal. Es decir, de esta manera, el Gobierno se aseguraría “una caja”, y no se convertiría en una limitante para el desarrollo productivo de otras actividades que términos de recaudación no terminan de significar tanto.
El presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja), Rodolfo Rossi, quien observó la presentación, acotó que sería “interesante mostrar cómo se llegó a esos valores”, ya que si bien se toma fríamente ese 21% versus cero, cuando se hace un número de un margen bruto, con los valores de maíz y trigo, en el número de decisiones de siembra, ahí recién la soja tiene algún tipo de rentabilidad. “Así vamos a seguir con la capacidad ociosa de las plantas”, mencionó. Miazzo en tanto, afirmó que el cultivo de soja “sigue siendo un cultivo discriminado en un esquema como este”.
Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), agregó que “no es justo que se discrimine a un cultivo como la soja” que le sirve a la Argentina, ya que es el futuro y desarrollo. Por lo que tampoco se puede cargar al sector agroindustrial con los US$10.000 millones que implicaría el costo fiscal de la propuesta en los primeros años, y que “el resto de los otros sectores no contribuya”.
“Si vamos a subsidiar a los no competitivos y castigar a los competitivos, cada vez vamos a estar peor”, acotó.
En rigor, el certificado de crédito fiscal que ponen, a partir del quinto año, puede ser utilizado en cuotas, para no generar un impacto fiscal en ese año. Y quien no decida utilizarlo para el pago de impuestos lo empiece a amortizar y a pagar en cuotas en cada año. De esta manera se diferiría el impacto fiscal en ocho años desde su implementación. En la fundación aseguran que así desaparecía el derecho de exportación como un impuesto como tal y quedaría un mecanismo que permite amortiguar el impacto fiscal.
En el caso de la soja, el productor recibiría con la baja inicial 79 pesos por cada 100 pesos y 21 pesos en esos certificados fiscales, que en el futuro servirían para pagar impuestos o para cobrarlos.
Lo que tiene el certificado de crédito fiscal es que “atenúa el impacto en la caja del Estado nacional, crece la recaudación por otros impuestos y mayor actividad económica. El productor recibe mayor ingreso, ya sea en moneda o certificado, un incentivo a producir más, con impacto en exportaciones y empleo”.
Esto, dijo Miazzo, significa un incentivo real monetario de producir más y aumentar el empleo. Los primeros años esta propuesta generaría un impacto de caja, ya que se baja y se eliminan las retenciones. Este impacto se presentaría durante los primeros ocho años y sería muy limitado respecto de la recaudación total y respecto al PBI. El impacto en la caja estatal sería de US$11.000 millones, pero esto permitiría un incremento productivo de US$31.000 millones en cuatro años.
La quita de los derechos de exportación generarían un impacto temporal en la inflación en productos como la carne bovina de más de un 1,5% y duraría menos de una semana. En el caso de la carne porcina un 2,1% en una semana. En la carne aviar más de un 2,6% en ese mismo tiempo. En el caso de la leche sería de un 0,7% y duraría tres días, en el pan un 1,7% y menos de una semana. En todo sería por única vez.
