CÓRDOBA.- Los emprendedores empezaron a movilizarse por el avance del proyecto de ley del oficialismo para un “Régimen de transparencia de Sociedades por Acciones”, que tiene el mismo eje de uno impulsado por Oscar Parrilli que perdió estado parlamentario. “Agrega burocracia, agrega dependencia de decisiones arbitrarias, atenta contra la creación de empresas, contra la generación de empleo”, dice a LA NACION el presidente de la Asociación de Emprendedores de la Argentina (ASEA), Gonzalo Blouson.
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El proyecto que ya se trata en comisión es impulsado por los diputados Cecilia Moreau, Paula Penacca y Germán Martínez. Representantes de ASEA plantearon sus disidencias en comisión por entender que, bajo “el relato de generar transparencia, agrega burocracia” y, además de “poner en riesgo” a las 50.000 Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), avanza también sobre las 400.000 SRL que existen en el país.
La iniciativa tiene nueve artículos en los que, entre otros aspectos, verificar domicilio con escribano público; inscribirse en un registro de la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor de la Nación (recién después de que lo acepte se podrá hacer la SAS); plantea que todas las SAS y las SRL deberán presentar de forma anual al Registro Público sus estados contables en papel y modifica una serie de artículos de la ley que creó las SAS.
Esa norma se aprobó en 2017 en el marco de la norma de “Apoyo al Capital Emprendedor”. En 2021, Parrilli impulsó un proyecto que suspendía por seis meses a las SAS constituidas; el fundamento fue que el tipo societario fue incorporado “con el objetivo de constituir ‘empresas fantasmas”.
Algunas observaciones puntuales de ASEA a la iniciativa son que acreditar nuevamente el domicilio implica un gasto de $40.000 a cada SAS (notarial más tasa del registro público).
Respecto de la obligación que impondría a los Registros Públicos de todas las provincias a denunciar a las SAS ante la AFIP para que suspendan su CUIT, la asociación entiende que pone en riesgo a 40.000 PyMEs, que tiene un costo de $100.000 para cada una (gastos notariales, tasas, contadores, certificaciones), que no es una facultad delegada por las provincias a la Nación y que le corresponde a la Justicia pedir la nulidad, “nunca del Poder Ejecutivo”.
Manuel Tanoira, abogado y director de Políticas Públicas de ASEA, señala que lo que ahora se discute en comisión es una “reedición” de aquel planteo: “Vuelve el relato del supuesto régimen de no transparencia. Agravia a miles de personas que constituyen empresas para trabajar. Nos quieren hacer creer que el narcotráfico avanzó en Rosario por las SAS, cuando precisamente por esas empresas la Justicia pudo rastrear la actividad de Los Monos [la banda narco más importante de esa ciudad]”.
“En las causas Vialidad y Hotesur, que abordan un fenomenal lavado de dinero -agrega Tanoira- no se requirió de ninguna SAS”. En 2021, ASEA presentó un amparo para evitar que avanzara el proyecto, obtuvo una cautelar en primera instancia. La Inspección General de Justicia (IGJ), que conduce Ricardo Nissen (fue abogado de Cristina Kirchner), apeló. Debe resolver la Corte Suprema de la Nación.
Para el abogado, la nueva iniciativa es un intento de la IGJ de avanzar sobre las 23 provincias que no adoptaron las medidas que impulsa y que “destruyeron” las SAS en la Ciudad de Buenos Aires, donde sí tiene injerencia. En 2018 la mitad de las firmas inscriptas en CABA -según datos de la ASEA- fueron SAS para caer a 0,1% el año pasado.
“Quieren nacionalizar el problema, cuando en Córdoba o Mendoza las SAS funcionan perfectamente”, apunta Blouson y enfatiza que “en ningún lugar del mundo” existe un registro de emprendedores. “El modelo argentino de las SAS lo tomaron Uruguay, Paraguay y Ecuador; en Chile ya existía”, añade.
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Repasa que, durante la pandemia del Covid 19, fueron las sociedades que más empleo generaron fueron las SAS. “No puede decirse que es para rastrerar el blanqueo de dinero cuando ya existen las herramientas para hacerlo -subraya Blouson-. Están generando una complicación al que quiera creer en la Argentina. El emprendedor vota con los pies, si acá se pone más complicado se van a Uruguay o Paraguay. Son empleo e inversiones argentinas que se pierden; esto es no entender hacia donde va el mundo”.
