La Cámara Federal de Casación Penal rechazó hoy el pedido de arresto domiciliario que había realizado el exespía y falso abogado Marcelo D’Alessio y confirmó el mantenimiento de su prisión preventiva en una casua en la que está acusado de espionaje y extorsión.
D’Alessio pidió el arresto domiciliario porque en la misma causa ya murieron dos personas que estaban imputadas y también falleció la modelo mediática Natacha Jaitt, ligada a ese expediente. Además, imputados presos denunciaron haber recibido amenazas intramuros.
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El fallo fue firmado por los jueces de la Sala II de la Cámara de Casación Penal, Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Gustavo Hornos. Los tres rechazaron el recurso de casación interpuesto por la defensa de D´Alessio y confirmaron su prisión preventiva.
D’Alessio argumentó que quería cumplir el arresto en su casa pues dijo que el propio tribunal que debe juzgarlo reconoció el riesgo que correrían los imputados en esta causa en función de la muerte de otros dos acusados, Eduardo Ariel Menchi y Carlos Alberto Liñani, supuestamente producto de un suicidio, al igual que Natacha Jaitt, y las amenazas sufridas por otros imputados en su lugar de detención.
En la causa se encuentra requerida la elevación de la causa a juicio de Marcelo D´Alessio por integrar una asociación ilícita que realizaba tareas de espionaje sobre personas que tenían causas judiciales a quienes extorsionaban con la amenaza de hacer públicos sus problemas.
Asimismo está acusado del delito de extorsión en perjuicio de Pedro Etchebest, como coautor, tráfico de influencias agravado por hacer valer indebidamente esa influencia ante un fiscal, en concurso con la extorsión en perjuicio de Pablo Barreiro y de Gonzalo Brusa Dovat.
A su vez, se le imputó el delito de asociación ilícita dedicada al lavado de dinero mediante transferencias financieras internacionales a sabiendas del origen ilícito de los fondos y con la finalidad de disimular ese origen ilegal, y dar apariencia de licitud. Asimismo está acusado de la extorsión de Mario Víctor Cifuentes y de Roberto Florentino Porcaro.
Los jueces entendieron que en el caso subsisten los peligros procesales de que D´Alessio se fugue o altere la evidencia. Tuvieron en cuenta la gran cantidad y la gravedad de los delitos por los que fue imputado, la severidad de la pena prevista y una red de vínculos con “fuentes del poder”, que agravan, el riesgo de que huya.
En lo que refiere a la seguridad personal del imputado refirieron que el tribunal se ha hecho cargo de tomar medidas para su resguardo, que aun cuando esas medidas impliquen ciertas restricciones, se encuentran justificadas en el hecho de que su seguridad personal y nada permite indicar que D´Alessio será mejor resguardado en su domicilio particular.
En el voto del juez Hornos se destacó, además, que existen datos reales, concretos y objetivos que permiten aseverar que por medio de sus conexiones ligadas a la posición que detentaba en la compleja organización criminal, podría fácilmente perjudicar la investigación, y obtener los medios materiales y económicos, y la cobertura necesaria para eludir el actuación de la justicia.
También sostuvo que en los casos en los que se investigan maniobras relacionadas con el lavado de activos, se requiere de investigaciones intensas por la calidad del delito en cuestión, debiendo la justicia garantizar el debido desarrollo de la misma.
Por último los jueces entendieron que atento al tiempo transcurrido desde la última prórroga de prisión preventiva controlada correspondía exhortar al tribunal oral para que tome todas las medidas conducentes para dar celeridad a esta etapa del proceso y fije fecha de audiencia de debate
D’Alessio ya fue condenado el 23 de agosto del año pasado a cuatro años de prisión por un intento de extorsión contra un empresario, con la complicidad de un fiscal federal y dos agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
El veredicto, con el fallo unánime de los jueces, fue fel Tribunal Oral Federal 2 y la condena alcanzó también al exfiscal Juan Ignacio Bidone, a quien se le impusieron tres años y ocho meses de prisión; y a los ex agentes de inteligencia Rolando Barreiro y Claudio Álvarez con dos años de prisión en suspenso.
Fueron condenados por intentar de extorsionar al despachante de Aduanas Gabriel Traficante, a quien lo amenazaban con involucrarlo en la “mafia de los contenedores” y al mismo tiempo ofrecerle evitar un “escrache mediático”, en noviembre de 2016.
Ahora le restan otra serie de graves acusaciones por las que debe ser sometido a juicio oral.
