En el contexto de un ajuste del gasto en prestaciones sociales que se dio en el último año por efecto de la inflación, que es creciente en estos días tras la devaluación posPASO, el ministro de Economía y candidato a presidente por el oficialismo, Sergio Massa, anunció este domingo y en claro tono de campaña electoral, modificaciones en una serie de medidas que habían sido dispuestas para jubilados y pensionados.
Días atrás se anunció una recomposición, a instrumentarse en septiembre, de 23,29% para todas las jubilaciones y pensiones del sistema previsional general de la Anses; es un reajuste que se deriva de aplicar la fórmula de movilidad establecida por una ley, que determina aumentos trimestrales. Esas subas van quedando, en los últimos tiempos, por detrás de la inflación. La aplicación del 23,29% lleva a que, desde el inicio del año, el aumento de haberes acumule al noveno mes un 74,5%, al tiempo que se estima que, a septiembre, el índice de precios al consumidor tendrá un avance no menor a 90%, con lo cual seguiría la pérdida de poder de compra.
Para quienes no reciben bonos de refuerzo, la caída del valor de los haberes en términos reales llegó en julio a 11,7%, tomando como punto de partida el inicio del año. Ese es, también, el nivel de pérdida de otras prestaciones, como la AUH o las asignaciones por hijo que percibe un grupo de trabajadores formales y monotributistas.
A julio de este año, considerando fines de 2022 como punto de partida, incluso los jubilados de la mínima perdieron en términos reales, ya que la inflación acumuló un 60,2% y la suba nominal para quienes cobran el haber básico (considerando los refuerzos) fue de 46,3%.
Con el anuncio del reajuste por movilidad para septiembre se había dicho también que se pagaría un refuerzo de $27.000 para quienes tienen el haber mínimo. Según lo expresado por Massa, ahora se decidió que ese monto pasará a $37.000. De esta manera, quienes tienen ese ingreso básico, de $87.460 desde septiembre, recibirán el mes próximo $124.460, en bruto (neto del aporte al PAMI, el monto es de $121.836).
Según puede interpretarse del anuncio, y en función de cómo se instrumentaron los bonos en meses anteriores, habría un refuerzo de $37.000 para quienes ganen la jubilación mínima o menos (el bono alcanzaría a beneficiarios de pensiones no contributivas) y uno de menor cuantía para quienes tienen un haber bruto de hasta $124.460. No se aclaró, ni en el momento del anuncio inicial ni este domingo, qué pasará con quienes cobran más de esa cifra. Hasta este mes y por disposiciones previas, los refuerzos alcanzan a quienes ganan hasta el equivalente al haber mínimo multiplicado por dos.
El funcionario, que está en campana electoral, también dijo que se incrementará el monto de la devolución que se les hace a los jubilados por las compras pagadas con tarjetas vinculadas a las cuentas bancarias en las que reciben sus prestaciones mensuales. El importe, que hasta ahora era de algo más de $4000, pasará a $18.000.
Massa también recordó una medida que ya había sido anunciada: la suba del tope de los créditos a tasa subsidiada que otorga la Anses, a $400.000. Dijo que había disponible para ese plan un fondo de $400.000 millones, con lo cual se alcanzaría, si todos pidieran el valor máximo, a un millón de personas (muchos préstamos ya fueron tomados).
El ajuste del último año
Según surge de observar el gasto corriente de la administración pública nacional corregido por inflación de los primeros siete meses de 2023 y compararlo con el de igual período de 2022, las asignaciones familiares correspondientes a un grupo de trabajadores del sector formal y los subsidios a la energía fueron dos de los rubros del presupuesto nacional en los que mayor recorte hubo.
Los números que consigna un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) indican que, en términos reales, las erogaciones por el salario familiar para trabajadores registrados cayeron un 35,2% interanual, en tanto que lo asignado a la energía se redujo en un 22,9%, algo que tuvo su contraparte en los mayores montos que parte de la población paga por los servicios para sus hogares. En cambio, el gasto en personal de la administración nacional aumentó un 8,2%, siempre en términos reales.
Las asignaciones por hijo perdieron entre 11% y 36% de su poder de compra en solo un año
La inflación, por tanto, un problema creciente para el bolsillo de los argentinos, le permite a la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía hacer un ajuste silencioso, que también afecta a las jubilaciones y pensiones. En este caso, la reducción de lo pagado por el Estado para atender a una cantidad más alta de prestaciones fue, en términos reales, de 3,8% entre enero y julio de este año en comparación con ese período de 2022. Sin embargo, dado el peso que tiene este ítem (casi cuatro de cada diez pesos del gasto corriente van al sistema previsional), es mucho más significativa, en comparación con otros conceptos, la “ayuda” dada por la inflación –y por la insuficiencia de la fórmula de movilidad– para concretar un ajuste fiscal y bajar el déficit (esto último también depende, claro, de lo que pasa con los ingresos a las arcas públicas que, entre enero y julio, según la OPC, cayeron 5,8% interanual).
La contrapartida de ese ajuste es la pérdida de poder adquisitivo. En el caso de los haberes previsionales, la situación no es igual para todos los jubilados, dadas las decisiones discrecionales de otorgar bonos, a un grupo de ellos, para intentar compensar el hecho de que las subas por movilidad no alcanzan para mantener en el tiempo el valor real de las prestaciones.
En julio último, quienes cobran el haber mínimo tuvieron un ingreso, sumado el bono de $17.000, superior en un 134% al de igual mes de 2022, frente a una inflación interanual de 113,4%. En lo que va de este año, sin embargo, hubo una caída del valor real de lo percibido: entre enero y julio la inflación fue de 60,2% y el ingreso subió nominalmente un 46,2% (solo en algunos casos se recibió un extra, además del bono ya mencionado, por la garantía del 82% del salario mínimo, pero entre quienes tienen el haber básico son minoría quienes cumplen con los requisitos para ese derecho).
Para quienes tienen una jubilación mayor a la mínima hay situaciones dispares en cuanto a lo que ocurrió con el poder de compra. Para los jubilados que no recibieron ningún bono en los últimos meses, entre julio de 2022 y de 2023 el ingreso subió 89%, lo cual, frente a la inflación, derivó en una caída del poder adquisitivo de 11,4%.
En el caso de las políticas de transferencias de fondos para la niñez, esa pérdida de 11,4% es la que tuvo en el último año el valor real de la asignación universal por hijo (AUH) y también la que sufrieron algunas de las prestaciones pagadas a asalariados registrados y a monotributistas. Pero para no pocas familias las asignaciones por hijo tuvieron una caída de su poder de compra muy superior, de 35,8%, por efecto de la falta de continuidad de una política por la cual en 2022 se pagaban bonos de refuerzos.
Según el informe de la OPC, el gasto real de las prestaciones sociales consideradas en su conjunto tuvo en los primeros siete meses del año una reducción de 8,7%, un índice superior al de la baja promedio de las erogaciones corrientes (5,8%). En la AUH la caída fue de 9,4% y en el plan Alimentar (cobrado por los hogares con AUH donde hay menores de hasta 14 años), de 9,9%. En cambio, en las becas Progresar –un ítem con menor peso en el gasto– hubo una suba de 22,4%.
El gasto primario del Estado tuvo una caída interanual de 8,3% entre enero y julio, pero ese porcentaje se recorta al mencionado 5,8% cuando se mira el gasto total. La razón es que lo destinado a pagar intereses de la deuda fue, corregido por inflación, un 21,2% mayor respecto de lo asignado un año atrás.
