Como aquella definición sobre la soja como “yuyito” en pleno conflicto por la 125, Cristina Kirchner, hace unos días, volvió a desplegar conceptos sobre el agro que tienen más de prejuicio que de amplitud de criterio. En una conversación emitida por el canal C5N, la vicepresidenta dijo: “Entonces, puede bajar el precio de la soja, el trigo… Y me parece que, además, apostar en un país a una economía primarizada a la exportación de commodities, me parece que tenemos que ir por otro lado, tenemos que ir por el de definir un desarrollo industrial que nos permita exportar tecnología, valor agregado, porque esto significa salarios bien remunerados. El sector agrícola no genera muchos puestos de trabajo y no son de lo mejor remunerados tampoco”.
La primarización es una antigua acusación que desconoce toda la tecnología que es necesaria utilizar para producir una tonelada de granos o un kilo de carne. Desde el conocimiento sobre la genética de los cultivos hasta el uso de tecnologías de inseminación en ganadería, apenas por citar dos casos, hay cientos de ejemplos para mostrar que la producción agropecuaria tiene poco y nada de “primaria”. Y si se considera el destino final de los granos la palabra “primario” queda fuera de lugar. Los granos, además de usarlos como alimento, son insumos de las industria textil, de la construcción, farmacéutica y de los combustibles, entre otras. Esto sucede con la gestión de la fotosíntesis, como explican los expertos. Nada más y nada menos.
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Respecto de la cuestión del trabajo, hace varios años que la actividad propone evaluar el empleo con el concepto de cadena, que abarca la industria y los servicios vinculados. El análisis pionero fue el de la Fundación Producir Conservando, a partir de un equipo liderado por el economista Juan Llach, que en mayo de 2004 ya decía que el empleo que generaban las cadenas agroindustriales, directo e indirecto, representaba el 35,6% del empleo total.
Más recientemente, la Fundación FADA, calculó que el 24% del empleo privado argentino, con unos 3,7 millones de puestos de trabajo, provienen de la agroindustria.
En cuanto a la cuestión de ingresos, cabría preguntarse qué ocurriría si el Estado no se quedara con el 79,1% de la renta agrícola como actualmente lo hace, también según un cálculo de la Fundación FADA. Las recientes imágenes virales en las redes sociales de jóvenes argentinos que se van a trabajar al campo en Australia para cobrar en dólares tienen una vinculación directa con la presión impositiva del estado argentino.
Por otra parte, al expresar “tenemos que ir por otro lado”, Cristina Kirchner se ubica en la línea de políticos-comentaristas de la realidad, como si no hubieran tenido ninguna responsabilidad en los últimos años. Su gobierno y el de Néstor Kirchner se llevaron gran parte de los casi 200.000 millones de dólares que el campo aportó en concepto de derechos de exportación desde que aumentaron en 2002. ¿Sirvió esa suma para lograr un país desarrollado? Por lo que se vive en la actualidad, parece que no.
Además, en un juego de olvidos, Cristina Kirchner también parece haber omitido sus propios discursos cuando en su segunda gestión hablaba de “industrializar la ruralidad” y terminar con la dicotomía “campo e industria”.
Pero no solo la expresidenta carga con los prejuicios, no pocos economistas y políticos de la oposición creen que el campo genera poco valor agregado y tiene escasa incidencia en el empleo. Y, en función de eso, es capaz de resistir cualquier tipo de presión impositiva. El argumento de “por ahora no podemos bajar las retenciones” tiene esa raíz.
Es una visión extraña la que impera en la Argentina. En otros países líderes en producción agropecuaria como Brasil, Estados Unidos o Australia es poco común encontrar que sus líderes objeten al agro por su aporte al empleo o al valor agregado. Producen todo lo que pueden y de los sectores que están dispuestos a desplegar su competitividad.
Si esas definiciones fueran solo académicas o intelectuales, el debate podría ser más rico, pero la evidencia demuestra que suelen ser la base sobre la que se toman decisiones para apropiarse de los ingresos que genera una parte de la cadena productiva. Las mal llamadas retenciones, los “volúmenes de equilibrio” y las trabas al comercio exterior forman parte de ese andamiaje.
En tiempos electorales, en los que se suele prometer más de lo que se cumple conviene estar atentos a las definiciones de los espacios políticos.
