En una elección que impactó por la imprevisibilidad de sus resultados, la contienda que se libró en San Isidro entre los precandidatos de Juntos por el Cambio (JxC) no fue la excepción. En la ciudad del norte del conurbano bonaerense, Ramón Lanús, un abogado de 44 años, exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri, fue quien supo formar una alianza estratégica con un partido vecinalista y sumar adhesiones para arrebatarle el poder a la familia Posse, que después de 40 años dejará el gobierno local. Lanús derrotó a Macarena Posse, la hija del actual intendente, que compitió sin éxito como precandidato a vicegobernador en fórmula con Diego Santilli.
Ungido por Patricia Bullrich en su pelea contra Horacio Rodríguez Larreta, quien sumó a Gustavo Posse a su armado bonaerense, Lanús logró capitalizó el arrastre de su referente nacional y pudo sortear el torbellino electoral de Javier Milei.
Fueron 6000 votos y seis puntos porcentuales por encima de su rival interno lo que terminó definiendo la contienda local dentro de JxC. En conjunto, el espacio sumó 58,89% del electorado frente al 17,92% del candidato de Unión por la Patria (UxP), Federico Meca, y el 17,19% de Rodolfo José Paolucci de La Libertad Avanza. Así, no solo fue el postulante más votado dentro de la coalición, sino también en la contienda general.
Así, el radical Gustavo Posse dejará la intendencia después de seis mandatos consecutivos. Su primer período fue en 1999, después de la seguidilla de su padre, Melchor Posse, que gobernó desde 1983 hasta 1999 de forma ininterrumpida, con un mandato previo entre 1958 y 1962. La candidata que eligió para sucederlo fue su hija Macarena, que es concejala y fue parte funcionaria del gobierno local.
Apalancado por una alianza sobre el filo del cierre de listas con el vecinalista Con Vocación por San Isidro, encabezado por Catalina Riganti, Lanús resultó victorioso dentro del frente y se coronó como el preferido para suceder al intendente actual, que acompañó a Diego Santilli en la fórmula para disputar la provincia de Buenos Aires, y que cayó frente al candidato bullrichista, Néstor Grindetti.
El perfil
Padre de cinco hijos, abogado formado en la Universidad Austral y con una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Además de pasar por algunos cargos en la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Macri en la Ciudad, la mayor exposición de Lanús se dio cuando el expresidente lo puso al frente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Durante su gestión al frente del organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el actual aspirante a la intendencia de San Isidro fue el blanco de críticas por las sucesivas ventas de terrenos públicos. En una entrevista con LA NACION en 2018, Lanús defendió la enajenación de esos activos estatales. “Vender tierra es un instrumento para desarrollar otras cosas”, dijo, y aseguró que los fondos se destinan a bienes de capital para el Estado (por ley, los fondos de las subastas se destinan un 30% a la AABE y un 70%, a la dependencia que posee ese bien) o la financiación de obras como el Paseo del Bajo en el centro porteño.
No obstante, cuando el mandato presidencial de Macri llegó a su fin, Lanús tuvo que afrontar acusaciones en la Justicia. En 2020, la Oficina Anticorrupción (OA) lo denunció junto al exjefe de Gabinete Marcos Peña, al exministro del Interior Rogelio Frigerio, entre otros exfuncionarios, por negociaciones incompatibles con la función pública mediante la subasta de campos en Córdoba y terrenos en la zona de Catalinas Norte, en la Ciudad de Buenos Aires. La causa recayó en el juzgado de Julián Ercolini, y el fiscal del caso es Gerardo Pollicita.
La controversia es el precio mediante el cual se subastaron los terrenos, que fueron fijados de manera orientativa por el Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), dependiente del Ministerio del Interior. La denuncia formulada por la OA proviene de una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), actualmente a cargo de Carlos Montero.
Una denuncia similar, aunque ampliada, realizó el Observatorio de Derecho a la Ciudad, entre otras organizaciones, en la que se le adjudicó un total de 150 inmuebles del Estado nacional puestos en venta, sin autorización del Congreso Nacional, desde el inicio de la gestión. La demanda penal había caído en manos del fallecido juez Claudio Bonadío y con su muerte quedó subrogada por Marcelo Martínez de Giorgi.
“En ninguna de las denuncias que me hicieron me imputaron ningún delito, me citaron a indagatoria ni me procesaron. Son denuncias realizadas por el gobierno de Alberto Fernández, donde varias quedaron en la nada y otras oficialmente se cerraron por falta de méritos. En la última, el fiscal ya pidió el cierre de la causa por falta de mérito”, señaló Lanús a LA NACION.
