A través de su publicación en la edición de mañana del Boletín Oficial, el Gobierno oficializará el Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual se establece la suma fija de $60.000 para trabajadores del sector público y privado. Se trata de una de las medidas anunciadas por el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, el último domingo, y que generó una fuerte rechazo de parte referentes del sector privado y entre los gobernadores e intendentes. Al menos 14 provincias se negaran a abonarlo y varios intendentes bonaerenses alertaron sobre la imposibilidad de pagarlo con propios fondos.
Según el DNU, al que accedió LA NACION, la primera cuota deberá pagarse en la primera quincena de septiembre. El texto no contempla sanciones ni multas por incumplimiento.
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Entre las provincias, las únicas que anunciaron que pagaran el bono son La Rioja, Mendoza, Chubut y Santiago del Estero. Los gobiernos de Santa Fe, Córdoba, Misiones, la Ciudad de Buenos Aires, San Juan, La Pampa, Entre Ríos, Neuquén, Jujuy, Catamarca, Tucumán, Salta, Chaco y Santa Cruz plantearon directamente que no analizan el pago porque están en diálogo con los estatales, porque no disponen de los fondos o porque ya firmaron acuerdos que contemplan aumentos. A ellos se sumaron, aunque con otros argumentos, buena parte de los intendentes bonaerenses, que manifestaron su preocupación por la incapacidad para afrontarlo.
El sector privado dejó saber su disconformidad a través de diferentes entidades, como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Todas ellas manifestaron su posición contraria a la medida, a la que calificaron de “unilateral”.
En el decreto de ocho páginas, que saldrá publicado en las próximas horas, se dispone el pago de la “asignación no remunerativa por única vez para trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia: del sector privado; en Jurisdicciones y Organismos del PEN y en el Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares”. En el artículo 1° se establece también que la suma será abonada en “dos cuotas de $30.000 con los salarios devengados en los meses de agosto y septiembre de 2023″, para quienes reciben sueldos iguales o menores a $370.000, con netos de $400.000.
Más adelante se consigna la situación de quienes trabajan en casas particulares, que percibirán una suma de 25.000 pesos en dos cuotas de 12.500 pesos cada una.
El artículo 4° contempla que “cuando la prestación de servicios fuere inferior a la jornada legal o convencional, los trabajadores y las trabajadoras percibirán la asignación no remunerativa en forma proporcional, de acuerdo a los mecanismos de liquidación previstos en el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable o, supletoriamente, según las reglas generales contenidas en las leyes que les resulten aplicables de acuerdo a su modalidad de contratación”.
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En línea con el anuncio de que el Estado asumiría el costo de este bono mediante al pago a cuenta de contribuciones patronales de las microempresas (en un cien por ciento) y las pequeñas empresas (en un 50 por ciento), en el decreto se detalla: “Las Micro y Pequeñas Empresas que cuenten con Certificado MiPyME vigente a la fecha de entrada en vigor del presente decreto podrán computar a cuenta del pago de sus contribuciones patronales declaradas con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”.
De acuerdo a la letra del artículo, los reintegros serán efectuados durante los meses correspondientes al pago de la asignación no remunerativa y tendrán como monto máximo mensual el total de las contribuciones patronales declaradas con destino a los subsistemas enunciados.
El escrito lleva la firma del presidente Alberto Fernández y su gabinete en pleno, incluidos los candidatos Massa y Agustín Rossi.
