Las múltiples gestiones que encaró el Gobierno para poder cumplir con los vencimientos de capital e intereses de julio y comienzos de agosto con el FMI –desde que se confirmó que los desembolsos comprometidos por el organismo para poder cumplir con dichos pagos llegarían más allá de esas fechas– sólo sirvieron para confirmar que, mientras dure este acuerdo, todos los caminos conducen al Fondo.
La conclusión surge de los anexos del decreto presidencial 404/2023 publicado en el Boletín Oficial (BO) que aprobó un nuevo endeudamiento (segundo en una semana) para pagar deuda, un mecanismo que sirve para evitar caer en atrasos o directamente en incumplimientos con el FMI (que serían sin duda más costosos) pero que –a la vez– incrementa los costos que se enfrentan por mantener regularizado ese pasivo.
La norma comunica el “acuerdo de facilidad” celebrado de urgencia con Qatar para acceder en carácter de préstamo transitorio a Derechos Especiales de Giro (DEG) por 580 millones (cifra equivalente a unos US$775 millones).
Y está acompañada por un anexo en el que se especifica que, si el directorio ejecutivo del FMI (hoy de vacaciones y que aún no fijó fecha para tratar el “caso argentino”, aunque Economía afirmó que podría ser el 17 de este mes) no aprueba “los exámenes quinto y sexto combinados en el marco del Acuerdo de Facilidades Extendidas antes del 31 de agosto”, la Argentina igualmente deberá devolver “por adelantado el préstamo en su totalidad” concedido y en la fecha pertinente. Es decir, el capital recibido y los intereses proporcionales a la tasa del 4,033% anual vigente.
El dato adquiere relevancia dadas las particularidades que tuvo el último acuerdo sellado entre el equipo de negociadores argentino y los miembros del staff de ese organismo. Ocurre que, si bien no hay antecedentes de un acuerdo sellado a nivel técnico que luego se frustre por no recibir la aprobación final del board (“suele ser un mero trámite”, aseguran los habituados a seguir estos temas), esta vez podría ser diferente.
Hay que recordar que, en un off the record sostenido con los periodistas argentinos acreditados en Washington minutos después del anuncio del entendimiento, un alto vocero del organismo se encargó de remarcar que la aprobación final del nuevo acuerdo (la que destrabaría finalmente los US$7500 millones comprometidos) quedaba sujeta a que la administración Fernández cumpliera con una secuencia de medidas destinadas a tratar de asegurar el cumplimiento de las nuevas metas contempladas en él.
Si bien el Gobierno difundió muy genéricamente algunas de ellas tras ese anuncio (puso énfasis en resaltar que el FMI había avalado que continúen las intervenciones para contener las cotizaciones del dólar cuando se den “condiciones desordenadas” en el mercado), lo cierto es que la denominada letra chica del acuerdo, en la que quedarían claras las adecuaciones de políticas a que obligaría, sólo se terminarán de conocer después de las primarias presidenciales por celebrarse en ocho días y si el directorio da el OK final al mismo.
