Ningún espaldarazo de China, la segunda potencia del mundo, se hace sólo por buena voluntad. Tampoco la renovación del swap con la Argentina, el préstamo que le permite al Gobierno pagar importaciones de ese país en yuanes.
El ministro de Economía, Sergio Massa, volvió de su último viaje presionado por un puñado de proyectos de inversión que ese país tiene para Tierra del Fuego y que, al mismo tiempo, molestan en la Casa Blanca, de cuyo respaldo pende la negociación con el FMI. Entre las iniciativas más relevantes, algunas de las cuales interesan a contratistas locales de relación inmejorable con el Palacio de Hacienda, están la ampliación del régimen de promoción tributaria de la isla para dejar entrar al sector textil y un puerto y una petroquímica en Río Grande.
En el Ministerio de Economía niegan ahora que esas inversiones vayan a prosperar. Un problema para el gobernador Gustavo Melella, que ayer había venido a Buenos Aires a reunirse con Massa. En el Palacio de Hacienda dicen que el encuentro no se hizo.
El acercamiento a China, país con el que Estados Unidos disputa la hegemonía global, incomoda hace tiempo al embajador Marc Stanley, que ya se lo venía advirtiendo al líder fueguino. En marzo, por ejemplo, viajó especialmente a la isla para disuadirlo. No se pusieron de acuerdo. Melella le contestó ese día que recibiría encantado la llegada de capitales norteamericanos para esos proyectos, y el diplomático le habló entonces con franqueza: le dijo que en general esos emprendimientos en América latina no le interesaban a la Casa Blanca.
Para los asiáticos es, en cambio, decisivo: China necesita un punto estratégico bioceánico al que recurrir si, por ejemplo, alguna vez se bloquea el canal de Panamá, o para quedar cerca de la Antártida, de la que Río Grande dista unos 1000 kilómetros. Hoy, el puerto relevante menos lejano del continente helado es Auckland, con alrededor de 3000 kilómetros. Otra alternativa podría ser Punta Arenas.
El gobernador quedó descolocado. No había querido apurarse para mandar a la legislatura local el memorándum que tenía firmado desde agosto con la estatal Shaanxi Chemical Industry Group, y para hacerlo esperó alguna señal y que Massa estuviera de regreso en la Argentina.
El texto entró entonces el lunes 5 de este mes en el recinto, dos días después del aterrizaje del ministro en Ezeiza. Ambos habían conversado del tema el 19 de mayo pasado, en la semana en que él ganó la reelección en la provincia y 10 antes de que el ministro partiera a China. ¿No llegaron a entenderse? Extraño. Ya el contraste entre la duración de aquel encuentro, tres horas, y el que tuvo también aparte con el presidente Alberto Fernández -apenas una-, muestra cuáles eran en ese momento las prioridades de Melella. El gobernador insistió en la necesidad de fondos para varios proyectos locales, algunos de los cuales requieren de inversión estatal y dependen sólo del presupuesto nacional: una base naval y la ampliación de un puerto en Ushuaia que incluye dos muelles, uno logístico y otro de carga y pesca.
En la provincia creen que no puede haber sido un malentendido, que interpretaron claramente que había aval para el proyecto de Río Grande y que, además, la partida del Estado para el de Ushuaia estaría en el próximo presupuesto. Si se concreta, sería una buena noticia para varios. En primer lugar, para las empresas electrónicas de Río Grande, que se quejan hace tiempo de que en la actual terminal de Ushuaia pierden a veces prioridad por los cruceros y hasta por otra empresa, Newsan, de Rubén Cherñajovsky, la única de ese rubro instalada en la capital. Sería también auspicioso para Horacio Miró, un ex delasottista que trabajó con Melella en la campaña y que viene intentando que las obras comiencen, o para tres contratistas que ya se adjudicaron la ampliación del mismo puerto de la capital y aspiran obras mayores: Panedile, de la familia Dragonetti, de buena relación con Massa; Concret Nor, de Guillermo Galluzzo, otro conocido del líder del Frente Renovador que ya trabajó tanto para la Municipalidad de Tigre en 2013 como para AYSA en 2021, y la local Nakon, de la familia Vázquez.
Los empresarios se ilusionan porque todos los proyectos son ambiciosos. Incluso otro que está en curso y es de capital privado, la edificación de otro puerto en Río Grande, que hace tiempo planea Nicolás Caputo, dueño de Mirgor y amigo de Macri.
Caputo viene dándole vueltas al tema sin encontrar capitalista. La obra cuesta casi 400 millones de dólares. Su última gestión con el paquistaní Zafar Ikram Sheikh, dueño de SPEC, un grupo internacional con base en Houston, fracasó a las pocas semanas de iniciada: Sheikh vino en su propio jet, se reunió con Melella y ejecutivos de Mirgor, dijo que le interesaba la obra, pero agregó que no necesitaba ningún socio local. Descartado, entonces.
En el gobierno provincial confían en que ese emprendimiento privado prospere. Ayer, Melella sondeó a funcionarios de Emiratos Árabes. Pero no hay tanto optimismo como con el de los chinos. “Un puerto privado y sin intervención del Estado…, no creo que se haga”, se resignó anteayer un funcionario.
El trasfondo del tema es cómo diversificar la economía de la isla más allá los electrónicos y la pesca. Hace tiempo que sobrevuelan sobre Río Grande ideas para aprovechar el gas. Cada vez que, como pasó en el viaje de Massa, la Argentina necesita un favor de China, en Pekín piden algo a cambio. Por ejemplo, reflotar un viejo acuerdo que preveía exportar metanol desde la isla. Lo firmó en 2008 la entonces gobernadora, Fabiana Ríos, pero fracasó porque tuvo la resistencia de la fiscalía y el tribunal de cuentas de la provincia y del propio Julio De Vido, ministro del área. Le objetaban todo: desde los 25 años de concesión hasta el material de segunda mano con que llegaron los chinos, algo incompatible con el régimen local. Finalmente, la Justicia lo frenó y Rosana Bertone, la siguiente gobernadora, lo terminó de enterrar. Los insumos quedaron arrumbados en Punta Arenas, al igual que el nombre de aquella empresa mixta que nunca nació: Tierra del Fuego y Química SA.
No bien asumió, en agosto del año pasado, Massa firmó un decreto que les permite a las petroleras entrar en el régimen fiscal tributario provincial para proyectos offshore y, como consecuencia, alienta el proyecto Fénix, una inversión de 700 millones de dólares que hizo frente a la costa un consorcio integrado por la francesa Total, la alemana Wintershall y Pan American Energy, conducida por la familia Bulgheroni.
Pero falta el resto y de ahí la insistencia con China. Hasta el momento, lo más concreto posterior al viaje de Massa parece una resolución que está por firmar el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren: la ampliación del régimen de promoción para que puedan entrar más empresas textiles. Ese sector, excluido del régimen general de la provincia en la última renovación, tiene una normativa transitoria que vence en 2024. Los empresarios fueguinos culpan de esta excepción al lobby de los textiles del resto del país, y por eso piden que se los incorpore de manera definitiva. Lo que analiza ahora el Gobierno, la posibilidad de autorizarlos por dos años prorrogables por otros dos, no los conforma. Dicen que no es atractivo, que en ese plazo nadie puede pensar en invertir y que, en todo caso, favorecerá a la que ya está, la gran protagonista: Cladd, de la familia Lapidus.
