La Cámara de Diputados trata hoy en el recinto el proyecto de ley impulsado en campaña electoral por el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, que busca eximir del impuesto a las ganancias (o de un tributo que tendrá un nuevo nombre) a la mayor parte de los empleados cuyos salarios hoy están gravados.
Si se mira el mapa laboral de la Argentina, un país con al menos el 40% de su población bajo la línea de la pobreza y con una alta informalidad, la medida tiene impacto en una parte del 5% de los trabajadores con ingresos más elevados. Y para quienes tienen los mayores salarios alcanzados por la reforma, el cambio representaría, según cálculos de economistas, una mejora en el ingreso de bolsillo de hasta cerca de 40%, porque, de pagar un tributo muy elevado, pasarían al extremo de no abonar nada.
Según tributaristas y economistas, la reforma hecha de manera exprés se saltea debates que deberían darse, para que la carga fiscal sobre los ingresos personales, una de las consideradas más progresistas y que se utiliza en prácticamente todo el mundo, se cobre tras una correcta medición de la capacidad contributiva y sin que se generen diferencias en el trato a los contribuyentes que no resulten justificadas.
La iniciativa prevé, según explica la contadora Florencia Fernández Sabella, del estudio Laiún, Fernández Sabella, Smudt & Asociados, que lo cobrado por sueldos y jubilaciones pase a estar alcanzado por un impuesto llamado “a los mayores ingresos”, si el monto de la remuneración anual supera los 180 salarios mínimos, vitales y móviles (actualmente, eso equivaldría a $21.240.000, un promedio de $1.770.000 mensuales, porque no se considera el aguinaldo).
La cifra equivalente a 180 SMVM estaría libre del impuesto y, sobre el excedente, se pagaría según una tabla de alícuotas de entre el 27% y el 35%. No se diferenciaría la imposición según se tengan o no familiares a cargo, ni podrían hacerse deducciones por gastos, tal como ocurre ahora, por ejemplo, con los pagos para el servicio doméstico o del alquiler de la vivienda, por citar dos ejemplos.
Hay quienes no entrarían en ese nuevo esquema de un “impuesto cedular”, y seguirían alcanzados por el actual: se trata de quienes sean empleados del Poder Judicial, funcionarios públicos con rango de secretario de Estado en adelante, y de quienes cumplan roles de director o síndico en empresas, o sean miembros de consejos de vigilancia de sociedades anónimas, o estén en el consejo de administración de “sociedades, asociaciones, fundaciones y cooperativas”. Estas personas se mantendrán “en el tradicional cálculo del impuesto a las ganancias”, dice Fernández Sabella. Eso implica que sí podrían restar montos por gastos deducibles o por hijos declarados a cargo, y serían alcanzados por la tabla de alícuotas que rige hoy (actualizada), en la que, si bien las alícuotas van del 5% al 35%, “se produce un salto muy rápido hacia la mayor imposición”.
Un debate adecuado
“Hacer un cambio radical a cómo está pensado el impuesto a las ganancias es algo que requiere de un debate serio; aprobar un proyecto en un trámite exprés es, al menos, desprolijo”, señala la contadora, quien agrega que, por la manera en que está escrito el proyecto, habría “muchísimas desigualdades, sin respetar la equidad horizontal entre contribuyentes”.
Como la implementación está prevista a partir de 2024, el sistema arrancaría considerando como referencia el salario mínimo que esté vigente en enero próximo. En julio, según se explica en el mensaje enviado al Congreso, debería actualizarse el esquema según el valor que tenga el SMVM ese mes, y se tendría que recalcular el impuesto descontado durante el primer semestre. Así, la base para determinar a cuánto equivalen cada año los 180 SMVM sería el valor que tenga esa variable en julio.
Para el abogado especializado en materia tributaria Diego Fraga, socio de Expansion Business, la finalidad del envío del proyecto al Poder Legislativo “es política”. Se busca, considera, “que la oposición cargue con el costo político si no se aprueba”. Y, en caso de que se apruebe, “le provocaría un costo fiscal inmenso al nuevo gobierno, porque no se dice qué gasto público se bajará para compensar la pérdida de recaudación, y si se compensara con emisión, ya se saben los efectos en la inflación”, que en agosto llegó a 124,4% en términos interanuales.
Según una estimación del Ieral de Fundación Mediterránea, hecha sobre la base de datos de la cartera económica, suponiendo que se mantendría constante la recaudación sobre el PBI, habría en 2023 una pérdida del 0,33% del producto de los recursos para las provincias, y de 0,24% para la Nación. Ganancias es un impuesto coparticipable y la mayor parte se reparte entre las jurisdicciones.
Falta de actualización y de progresividad
“Hay que ver cómo se instrumentan los cambios, pero desde el punto de vista conceptual no hay razón para que no exista el impuesto a las rentas si son rentas altas -señala Fraga-; es mentira que el salario no es ganancia, el problema es que el impuesto se aplica en la Argentina para salarios muy bajos y, para peor, se llega muy rápido a tributar con la alícuota más alta, por falta de actualización de los parámetros”.
Los economistas Marcelo Capello, Laura Caullo y Azul Chincarini, del equipo del Ieral, consideran que “las nuevas medidas eximen del pago de Ganancias a trabajadores que pertenecen al 5% de personas con mayores salarios, no ayudando a mejorar la distribución del ingreso”. Según datos difundidos por Economía, dejarían de tributar unas 600.000 personas y el efecto se reflejaría, según cálculos del Ieral y para quienes tienen remuneraciones de alrededor de $1.750.000 brutos mensuales, en una mejora de hasta 39% en el ingreso neto. Es decir, en muchos casos se pasaría de una imposición considerada excesiva a no pagar nada, aun cuando los ingresos son elevados en función del mapa laboral del país. Se estima que hay unos 20 millones de trabajadores asalariados y por cuenta propia, incluyendo a los formales y a los informales.
Los economistas del Ieral advierten que los problemas que tiene el esquema de imposición, que perdió progresividad, no se soluciona con el proyecto que se trata en Diputados, que “solo corre significativamente el monto de ingresos a partir del cual se comienza a pagar el impuesto” y hace que la Argentina sea “uno de los países latinoamericanos que aplica el impuesto desde ingresos más altos”.
Según datos aportados por el economista y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Julián Folgar, basados en informes de la Cepal, con los cambios decretados para octubre -desde entonces el piso para tributar equivaldrá a 15 SMVM-, los empleados pagarán Ganancias a partir de salarios que equivalen a tres veces el ingreso per cápita, en tanto que en países como Uruguay, Chile, Brasil y Perú, los pisos para tributar no llegan a equiparar el ingreso per cápita. Es decir, la base local es bastante más elevada. Luego, claro, un factor fundamental es cuánto se paga y con qué progresividad.
Medir la capacidad contributiva
En la opinión del contador Martín Caranta, socio de Impuestos en Lisicki, Litvin & Asociados, el problema del esquema actual no es cómo está concebido, sino que perdió el carácter progresivo, por los parches y por el retraso, frente a la inflación, de los valores de la tabla de alícuotas y de los montos deducibles (es decir, de los montos que se restan del ingreso antes de calcular el impuesto). Caranta cuestiona que, según el proyecto, ya no podrían deducirse familiares o gastos (salvo en los casos de excepción ya explicados).
Los tributaristas marcan también el agravamiento de la desigualdad en el trato dado a los autónomos, que tributan desde ingresos mucho más bajos. Esa distorsión se agravó en los últimos años y se profundizaría mucho más con la eventual aprobación del proyecto para asalariados y jubilados. Luego de las críticas sobre esa cuestión, Massa prometió que enviará un proyecto de ley para ese grupo. “El hecho de que haya un contrato de relación de dependencia no hace a la capacidad contributiva”, señala Caranta.
En igual sentido, César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, observa que diferenciar la situación frente al impuesto según el rol que se ocupe en empresa “aleja al tributo de captar la auténtica capacidad contributiva del contribuyente”, algo que también ocurriría por la imposibilidad de descontar de la base imponible, para quienes queden en el impuesto cedular sobre los “mayores ingresos”, montos por hijos o gastos. “El impuesto se caracteriza por ser personal, y eso significa que contempla deducciones familiares” afirma. Con el esquema propuesto, se tributarían igual con o sin hijos a cargo.
“Parecen ser más bien medidas electorales que soluciones efectivas”, señala sobre los cambios Silvio Rizza, presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, quien considera que, como los reajustes hechos en los últimos tiempos, fueron insuficientes frente a la inflación, se generó “un círculo vicioso en el que los trabajadores siguen atrapados por el impuesto”.
Sin embargo, dice, el proyecto no solucionaría el problema y “es fundamental considerar alternativas más amplias y efectivas para aliviar la carga tributaria”. Una de las opciones, dice, es la baja de impuestos al consumo, para beneficiar a un sector mucho más amplio de la población y ayudar a la economía. “Como ya propusimos -agrega-, lo que hace falta es una reforma tributaria completa; si no, es parche sobre parche”.
