Hace poco menos de un año, el ministro de Economía, Sergio Massa, llegó a la Cámara de Diputados, su pago chico hasta ese momento, y carpeta en mano, presentó el Presupuesto para este 2023. Eran momentos en los que tenía la espalda ancha y evangelizaba un sendero hacia una baja de la inflación para este año. Fue entonces cuando, optimista, sereno, seguro y sonriente, presentó sus cálculos y basó todo el aumento del gasto en una premisa: la inflación sería de 60% para este año.
Pasó el tiempo y con un envión de precios que se prevé por encima del 150% anual, el Gobierno firmó un decreto en el que firmó un cheque con una docena de ceros para aumentar el gasto. Se trata de una de las mayores modificaciones presupuestarias de los últimos años. La billetera electoral está desatada.
Solo para tener idea del monumental aumento del gasto. El Ministerio de Desarrollo Social tenía presupuestado para Políticas Alimentarias $486.620 millones y ya se había gastado el 92%. Pues hoy, el decreto le entregó $289.680 millones más, es decir, aumentó su capacidad de gasto en un 60%. Pero ahí no termina el tamaño del cheque que recibió la ministra Victoria Tolosa Paz. Para el programa Potenciar Trabajo hay $413.031 millones, es decir, un 70% más de autorización para gastar.
La bacanal de gastos, que se lee en una descomunal modificación presupuestaria que tiene cerca de 800 páginas, no deja dudas del error de previsión en aquel presupuesto. El Ministerio de Obras Públicas, actor principal alguna vez en las campañas electorales de cortes de cintas e inauguraciones, ya sólo se dedica a subsidiar y pagar sueldos. Por caso, para Corredores Viales, la compañía que maneja todas las rutas nacionales estatizadas por Gabriel Katopodis, recibió $3013 millones para pagar sueldos bajo el concepto “asistencia financiera”.
Para Fabricaciones Militares se despacharon $1500 millones, mientras que para Fábrica Argentina de Aviones General San Martín hay otros $4.300 millones. El mundo de los trenes también tiene su cheque millonario. Ferrocarriles Argentinos sumó $500 millones; el Belgrano Cargas $11.000 millones y la Operadora Ferroviaria, que es quien tiene la mayoría de los empleados ferroviarios, tendrá $66.00 millones más. Eso no es todo, Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) tendrá $ 13.500 millones adicionales. En total, los trenes sumaron $95.295 millones para gastar en los cuatro meses que quedan hasta fin de año.
La campaña en las provincias también será asistida con fondos provinciales. En el rubro “Asistencia Financiera a Provincias y Municipios” hay un cheque disponible de $97.064 millones. Desde la Presidencia de la Nación, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social tendrá $1335 millones, a razón de 250 millones de pesos por mes para gastar adicionalmente hasta que termine 2023.
La billetera estatal también le arrimó dinero a los medios públicos. La empresa Contenidos Públicos tendrá $435 millones, Radio y Televisión Argentina, $10.860 millones y Télam, $2965 millones. En total, habrá $14.260 millones para el esquema de contenidos estatales.
Las empresas de energía que maneja el ministro Sergio Massa tampoco se quedaron atrás. Energía Argentina (Enarsa) adicionó $150.000 millones; Yacyretá, $11.000 millones y finalmente, otros $16.000 millones para Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT). El Ministerio de Transporte, para subsidiar los colectivos, embolsó $171.829 millones extra.
Una de las notas más particulares de uno de los anexos es el detalle de las obras que tendrán impacto en los presupuestos futuros. La provincia de los Kirchner se aseguró la Construcción del Teatro de la Ría, ubicado en Río Gallegos. Este año habrá un desembolso de $2296 millones, mientras que comprometió gastos para el año que viene de alrededor de $9184 millones. Es decir, 20% de la obra este año; 80%, el que viene.
Hay varias perlas en los detalles de la norma. Una de ellas, por caso, es el artículo 7, una otra desprolijidad administrativa. Por decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno autorizó a evitar la registración presupuestaria de unos intereses. Sin embargo, no entregó ninguna razón sensata para hacerlo.
En el artículo 1 de la resolución también llama la atención una disposición. “Suspéndese para el corriente ejercicio lo dispuesto en el último párrafo del artículo 56 de la Ley de Administración Financiera”, dice la norma que se publicó con la firma de todos los ministros. Ahora bien, ¿Qué dice ese último párrafo? “Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos”, establece. Es decir, es como gastar un crédito hipotecario en la cuenta del supermercado; pedir un préstamo para comer. En eso está la Argentina.
