El último día de 2020 fue agitado para los ejecutivos del sector privado de la salud. No por los preparativos para brindar por un año mejor después del que quedó marcado por la pandemia y la cuarentena. En el Boletín Oficial se había publicado, a la madrugada, una resolución del Ministerio de Salud que autorizaba una suba de cuotas de las prepagas. Por la tarde, en un improvisado suplemento, apareció otra resolución, que anuló la de horas antes. El insólito hecho fue parte del capítulo inicial del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner con esta actividad, referido a un viejo y sensible tema: el aumento de los precios de los planes de salud.
Se trata de una cuestión siempre candente –más aún en tiempos de alta inflación–, porque nunca llega el debate de fondo por nuevas políticas, que surjan tras una revisión de las regulaciones actuales, tras un análisis de los riesgos del sistema y de las necesidades y demandas de atención crecientes que provienen de varios factores (como las nuevas tecnologías y prácticas y el envejecimiento poblacional), y tras una evaluación de las formas de financiamiento de un modelo que hay quienes califican como “inviable” para el mediano plazo. O, incluso, ya para el corto plazo y el presente, si se tienen en cuenta hechos que afectan a los pacientes, como las demoras en los turnos, causadas, por ejemplo, por la salida de profesionales de las cartillas o por la falta de repuestos para reparar equipos.
Después de aquella marcha y contramarcha, entre 2021 y mediados de 2022 hubo una decena de aumentos autorizados por los funcionarios. A mediados de 2022 y sin información ofrecida a la población por parte del Gobierno, se dispuso un mecanismo de subas de frecuencia predeterminada y con porcentajes definidos según la evolución de un índice de costos.
Hay directivos que se muestran disconformes con la forma en que fue construido el indicador que define los porcentajes de subas. Sin embargo, sí valoran la instrumentación de un sistema que da previsibilidad, y el hecho de que se cumpla, más allá de las apreciaciones del cómo, con lo establecido por la ley de regulación de prepagas, de 2011. Esa ley, según recuerda a LA NACION un referente de la actividad, indica que el Gobierno “autorizará el aumento de las cuotas cuando esté fundado en variaciones de la estructura de costos y en un razonable cálculo actuarial de riesgos”.
Esa valoración de la previsibilidad se quebró totalmente el domingo por la noche, cuando el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, anunció, en tono de campaña y en uno de sus videos de la red Instagram, que se suspenderían las subas, por 90 días, para los hogares con ingresos de hasta dos millones de pesos. Eso, dada la aceleración inflacionaria que desató la devaluación oficial de la mañana posPASO, decidida por el propio funcionario.
“Hay subas de precios de todos los colores; un retraso en los aranceles de las prestaciones; un impacto fuerte de la devaluación reciente en la compra de insumos. Tenemos, además, la aplicación de los últimos tramos de aumento salarial del convenio de sanidad, y ahora, la obligación de pagar el bono al personal. Y anuncian un congelamiento de cuotas; todo eso junto”, describió a un directivo, para sintetizar por qué cree que la decisión inconsulta de Massa (que, claro, en ningún momento hubiera caído bien) “no podría haber sido más inoportuna”. Además, agregó, “no se puede interrumpir con un decreto el funcionamiento de la ley de prepagas”.
Tras la devaluación del 14 de agosto, varias entidades de prestaciones médicas y de prácticas de diagnóstico advirtieron sobre los incrementos de los valores y sobre las dificultades para conseguir insumos críticos. “Los análisis clínicos se pueden discontinuar por la falta de insumos y reactivos, por la actualización de los precios y por el atraso en la cobranza de las prestaciones”, señaló, por ejemplo, la Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos.“La situación es de extrema preocupación”, apuntó un comunicado de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (Cadime).
Desde la asociación de clínicas y sanatorios Adecra advirtieron también sobre la distancia temporal que hay entre la realización de las prestaciones y los pagos que se reciben por ellas por parte de los financiadores, entre los cuales están las prepagas. Los reajustes, además, dependen en muchos casos de las subas de las cuotas de los planes, por lo cual la situación se agravaría con el congelamiento.
Las prepagas emitieron, entretanto, sus facturas de septiembre, con una suba (que ya había sido comunicada) de 7,18% o de 5,58%, según se aplique o no un tope.
El índice que define los incrementos
El índice que define los aumentos tiene cuatro componentes. El primero incluye los costos vinculados con los recursos humanos (se consideran las mejoras salariales surgidas de las paritarias del personal de sanidad de clínicas privadas); el segundo involucra el valor de los medicamentos (se observa la variación de un listado de precios elaborado por las autoridades de Salud); el tercero se refiere a los costos de los insumos médicos, y el cuarto, denominado “otros insumos y gastos generales”, toma en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor del Indec. Cada uno de esos ítems pondera de manera diferente, y el de mayor peso (representa el 52,4%) es el de recursos humanos.
Hasta fines de 2022 el esquema funcionó con subas cada dos meses. El cambio a una frecuencia mensual no fue el único que hubo en este 2023. Desde febrero rige un esquema que determina que, si se tiene un ingreso de hasta el equivalente a seis veces el salario mínimo, puede pedirse la aplicación de un tope al porcentaje del alza. Ese techo equivale al 90% de la variación en un mes la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).
Desde enero de este año, el índice acumula un 78,1%. Y, para el aumento topeado (el techo rigió en algunos meses, no en todos), el nivel es de 63,8%. Eso incluye la suba ya comunicada para las cuotas de septiembre. En estas últimas horas de agosto, todavía no se conoce la letra de la normativa que formalice los anuncios hechos por Massa dos semanas después de las PASO y de la devaluación del peso.
