Los usuarios de la medicina prepaga reciben en estos días sus facturas del mes actual con incrementos del 7,18% o del 5,58%. Y, además, empezaron a ser notificados hoy de la suba que se prevé aplicar en octubre, de 6,97%. Y esto es así porque, cinco ediciones del Boletín Oficial después del anuncio hecho el domingo por la noche por el ministro de Economía, Sergio Massa, no hay ninguna medida que formalice una suspensión de los incrementos por 60 días. Ejecutivos de la actividad, en tanto, mantendrán esta tarde conversaciones con las autoridades de Economía.
Algo que sí ocurrió, en cambio, es que la Superintendencia de Servicios de Salud publicó en su página web la variación del índice de costos de salud de agosto. El porcentaje fue de 6,97% y su publicación implica que el Gobierno autoriza ese nivel de incremento de las cuotas de octubre. En este caso, el indicador equivalente al 90% del incremento de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) arrojó un 7,31%, por lo que no rige una suba topeada que puedan pedir quienes tienen un determinado nivel de ingresos.
Para poder aplicar los aumentos, las prepagas deben informar a sus usuarios sobre ellos con al menos 30 días de anticipación. Por eso, luego de que en esta madrugada se oficializó el porcentaje autorizado implícitamente por el Gobierno, comenzaron a llegar las notificaciones sobre las subas del mes próximo.
En el último de los videos que difundió por Instagram el domingo último, Massa, ministro y candidato a presidente por el oficialismo, dijo que se había decidido suspender las subas de cuotas de los planes de salud en el caso de hogares con ingresos de hasta 2 millones de pesos. El anuncio generó un fuerte rechazo entre los directivos del sector, aunque las entidades representativas no salieron a manifestar su posición.
La decisión de congelar los precios se dio en un contexto en el cual varias asociaciones de prestadores (clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico) habían emitido comunicados expresando su preocupación y sus advertencias por los efectos de la devaluación en el precio de los insumos y por las dificultades para acceder a los bienes importados. En gran medida, los aranceles cobrados por los prestadores dependen de los incrementos de las cuotas de las prepagas (se les traslada un alza equivalente al 92% de los porcentajes de aumentos autorizados por el Gobierno).
Aumento acumulado
Desde enero de este año y hasta el mes actual, las subas de cuotas acumulan un 78,1%. Y, para el aumento topeado (el techo rigió en algunos meses, no en todos), el nivel es de 63,8%. Si se suma lo previsto para octubre, los incrementos serán de 90,5% y de 75,2%, respectivamente.
Mientras que antes había aumentos cada vez que las autoridades de Salud admitían dar curso a los reclamos de autorización de las prepagas, a mediados de 2022 se puso en marcha un mecanismo de subas de frecuencia predeterminada y con porcentajes definidos según la evolución de un índice de costos que, modificaciones posteriores mediante, rige hasta hoy. Según ese sistema, los precios pueden ser incrementados mensualmente en igual porcentaje que la suba registrada por un índice de costos de salud, cuya variación se publica en un sitio oficial. También se informa allí la evolución del índice salarial Ripte, porque el 90% de esa variación actúa como tope del incremento, para quienes tienen un ingreso mensual no mayor al salario mínimo multiplicado por seis y dejan constancia de ello en una declaración jurada, que se completa en la página de la AFIP o en la de la Superintendencia de Servicios de Salud.
El índice que define los porcentajes de las subas fue elaborado por el Gobierno y tiene cuatro componentes. El primero incluye los costos vinculados con los recursos humanos (se consideran, específicamente, las mejoras salariales surgidas de las paritarias del personal de sanidad de clínicas privadas); el segundo involucra el valor de los medicamentos (se observa la variación de un listado de precios elaborado por las autoridades de Salud); el tercero se refiere a los costos de los insumos médicos, y el cuarto, denominado “otros insumos y gastos generales”, toma en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor del Indec.
Cada uno de esos ítems pondera de manera diferente, y el de mayor peso (representa el 52,4%) es el de recursos humanos. En su lista de “condiciones no favorables” para que en estos meses se congelen las cuotas, los directivos del sector suman que están aplicando los últimos tramos de los aumentos salariales pactados con el sindicato de la sanidad, y que a eso se agrega el pago del bono de $60.000 al personal, establecido por un decreto del Poder Ejecutivo.
Hasta fines de 2022 el esquema regido por un índice de costos sectorial funcionó con subas cada dos meses. El cambio a una frecuencia mensual no fue el único que hubo en este 2023. Desde febrero rige un esquema que determina que, si se tiene un ingreso de hasta el equivalente a seis veces el salario mínimo, puede pedirse la aplicación del ya mencionado tope al porcentaje del alza.
Desde la puesta en marcha del índice, los directivos no se mostraron disconformes con la forma en que fue construido el indicador que define los porcentajes, pero sí dicen valorar que se haya instrumentado un sistema que da previsibilidad, y el hecho de que se cumpla, más allá de las apreciaciones del cómo, con lo establecido por la ley de regulación de prepagas, de 2011. Esa ley, según recordó en diálogo con LA NACION un referente de la actividad, indica que el Gobierno “autorizará el aumento de las cuotas cuando esté fundado en variaciones de la estructura de costos y en un razonable cálculo actuarial de riesgos”.
