Una entidad del campo rechazó una disposición del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que obliga a los productores que realizan autogestión a poner el dominio del camión que va a cargar la hacienda en el DT-E, con la condición de que dicho camión tenga las habilitaciones al día.
En un comunicado titulado ”Los productores no tienen ni quieren el poder de policía que deben ejercer los organismos oficiales”, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) afirmó: “Como primera medida los productores no deben ser el control de la habilitación del camión, dicho trámite debe estar a cargo de la Secretaría de Transporte u organismo oficial que ella designe, los productores no tienen ni quieren el poder de policía que si deben ejercer los organismos oficiales”.
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La entidad explicó que todas las Confederaciones que la integran expresaron su rechazo por diversos motivos, pero lo que tienen en común es la preocupación por el aumento del tiempo y los costos que conlleva generar una carga de hacienda.
Solicitaron al Senasa que “no siga adelante con esta resolución que fue instrumentada en forma inconsulta y no mediante la integración público-privada de la cual tanto se habla, y tan poco se hace”.
La medida del Senasa está dirigida a los autogestores que tramitan la emisión del Documento de Tránsito electrónico (DT-e) mediante el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA). Abarca el traslado de diversas especies animales, como bovinos, bubalinos, equinos, aves comerciales, porcinos, ovinos y caprinos, con destino a frigoríficos (tanto para consumo interno como para exportación), remates en ferias, invernada y/o reproducción.
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Según se informó al momento del lanzamiento del programa, se busca que el Senasa tenga un ”mejor seguimiento del traslado de toda especie animal y que quienes realicen la actividad mantengan vigente la habilitación del transporte, así como también aseguren las condiciones estructurales e higiénico-sanitarias del vehículo y el bienestar animal”.
En una oficina del organismo indicaron a LA NACION que la decisión se debe a que se encontraron con que, si bien un 60% del transporte cumplía con los requisitos, 40% no registraban habilitaciones y muchas veces “desconocen si cumplen con los requerimientos de bienestar animal”. Desde el organismo aclararon que están desarrollando una herramienta para corroborar el estado habilitante del servicio y, de esta forma, intentarán “combatir la clandestinidad”.
