Los saqueos y hechos de violencia en todo el país despertaron igual cantidad de investigaciones, y de acusaciones cruzadas entre dirigentes políticos. Desde el Gobierno apuntaron a Javier Milei y su equipo por haber “agitado” el caos social en Twitter, pero las distintas indagaciones en fiscalías de todo el país y un análisis minucioso de los movimientos en redes sociales de LA NACION dan cuenta de otros indicios. En algunos casos, surgieron pistas en las provincias que encendieron alarmas.
En las historias de algunos ataques surgen dudas. El primer saqueo habría ocurrido en Mendoza, el sábado pasado, pero la línea de tiempo da cuenta de que surgieron reportes de una entradera a un comercio antes de que este ocurra. Alrededor de las 13, comenzaron a circular por redes y se difundieron a periodistas avisos respecto de que el supermercado Atomo estaba siendo saqueado, incluso de fuentes provenientes del empresariado. Pero eso nunca pasó. El video que se difundió era de un episodio en 2018 y el local, un supermercado Atomo, estaba intacto.
Recién a las 16 la policía reportó que un grupo de mujeres había intentado saquear ese comercio y una carnicería. No lo lograron en el primer caso porque efectivos de seguridad ya estaban apostados en el lugar, por lo que todos los videos que surgieron del supuesto saqueo eran falsos. En redes sociales, durante el sábado, se reavivó la llama de que habían ocurrido ataques a las 18. Previamente, no hay constancia de instigaciones a través de Twitter o Facebook. Los audios se difundieron por WhatsApp, pero aun no se probó una conexión entre estos y los detenidos.
Los primeros detenidos, dos jóvenes que habrían instigado los ataques, fueron identificados como Leonardo Brian Exequiel Gil Arce, de 22 años y Tiago Jesús Cornejo, ambos con residencia en el barrio San José de Rivadavia por las fuerzas de seguridad. LA NACION accedió al parte policial, en el que no figura Gil Arce, pese a que fue comunicado como el primer aprehendido, buscó dar con la identidad del hombre por múltiples sistemas de datos e insistió a numerosas fuentes oficiales para comprobar quién era el detenido, pero no logró dar por ningún medio con la existencia del mismo. Cornejo, por otra parte, sostiene una relación laboral con el gobierno mendocino, según datos a los que accedió este medio.
En comunicación con integrantes del grupo en donde se circuló la idea de atacar los comercios, los participantes comentaron que habían sido incluidos en ellos a través de redes de trabajo cooperativista y changas, pero aseguran que quienes estaban dentro no habían sido quienes concretaron el saqueo a la carnicería. Fuentes policiales dijeron que fueron mayormente mujeres, pero en los videos se ven jóvenes varones y una gran porción de los delincuentes en remera y pantalones cortos, cuando la temperatura ese sábado, a esa hora, era de 5 grados.
El ataque en Mendoza fue seguido por uno en Neuquén. Allí, un grupo de personas habría ingresado a un comercio de barrio e intentado entrar a un supermercado, pero la policía estaba alerta nuevamente porque en los días previos circularon audios por grupos de WhatsApp. Al supermercado no pudieron entrar porque, según fuentes policiales, ya habían sido alertadas por mensajes que incluían a organizaciones sociales como gestoras de esos grupos, aunque sus dirigentes lo desmintieron. “No estamos llamando a saqueos y denunciamos públicamente toda campaña de difamación del trabajo territorial que llevamos adelante”, transmitió el Frente de Organizaciones en Lucha.
En Salta, las autoridades aseguraron que su investigación conducía a que los responsables de ataques en Tartagal, por ejemplo, respondían a agrupaciones que “fueron quienes tuvieron activa participación en el conflicto docente en abril, mayo y junio”. El ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez, aseguró que todos ellos tienen causas penales previas. La referencia de los funcionarios vincularía a agrupaciones de izquierda, como la Corriente Docente Carlos Fuentealba. En ese entonces, las movilizaciones recibieron apoyo de grupos del conurbano, como Más.
El vínculo con agrupaciones surgió en otras provincias también. En Córdoba, fuentes oficiales dijeron que se investiga una coincidencia entre los chips de los teléfonos que fueron secuestrados a los supuestos incitadores. El origen de su compra sería en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, desde la fiscalía aseguran que esto no consta en el expediente, que tiene secreto de sumario.
Los videos, falsos y verdaderos, sobre los ataques que comenzaron a proliferar en distintos puntos del país fueron rápidamente levantados por algunas cuentas de Twitter. Los primeros posteos corresponden a usuarios que, llamativamente, tienen pocos o nada de seguidores. Estos fueron los que abonaron la teoría de Gabriela Cerruti, la portavoz del Gobierno, que acusó a Milei de orquestar los ataques y generar caos social, debido a que algunos de ellos apoyaban públicamente al libertario en tuits anteriores. En ningún caso aparecieron, sin embargo, publicaciones en esta red o en Facebook incentivando o instigando a cometer este tipo de delitos el sábado pasado, previo a los primeros hechos.
El clima se enrareció aun más por una sucesión de eventos que llamó la atención de las autoridades. Los saqueos continuaron en locales atípicos, como una heladería en Resistencia, o con actitudes extrañas para la policía, como un robo en malón en un supermercado en Rosario del que testigos dieron cuenta que los delincuentes rompían el local, pero egresaban sin mercadería. También se detectó la presencia de una gran porción de menores, de 12 años o menos, y de personas con antecedentes penales previos graves, como homicidio, portación de armas, delitos contra la integridad sexual y asociados con el narcotráfico.
Dos fiscales que actúan en el ámbito de la provincia de Buenos Aires apuntaron a que se crearon grupos de WhatsApp que simulaban tener el objetivo de agruparse para saquear distintos comercios, lo que fue monitoreado en las últimas jornada. Sin embargo, en detenciones posteriores, quienes efectivamente fueron demorados no siempre estaban asociados a esas cadenas de difusión y participación en redes.
Por el momento, las autoridades guardan hermetismo respecto de las investigaciones. Al menos cuatro denuncias tramitan en Comodoro Py y otra en Mendoza contra Raúl Castells, el dirigente de izquierda que se autoincriminó públicamente la organización de los saqueos. Las que se encuentran en los tribunales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires se acumularán en manos de la fiscal Alejandra Mangano, que ordenó un relevamiento de redes sociales y realizó un pedido de informes al ministerio de Desarrollo Social en relación con el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitario (Renacom). LA NACION procuró comunicarse con la fiscalía, pero no recibió respuesta.
