Por estas horas, Sergio Massa está en proceso de “conclusión de la ofensiva para el ordenamiento del mercado”, según los propios términos de fuentes dentro del Ministerio de Economía. Luego de “frenar a los especuladores”, comenzará un capítulo de gestión de una mesa de diálogo para un intento de estabilización. Hoy empezarán a enviarse las invitaciones a empresarios, sindicalistas y organizaciones sociales para llegar a un acuerdo que estabilice precios y salarios por 90 días.
En el Palacio de Hacienda afirmaron que aún no hay medidas concretas para el encuentro que se convocará a partir del sábado, aunque no se descarta que pueda haber alguna reunión durante el fin de semana. Esta vez, el encargado del armado del plan no es Matías Tombolini, secretario de Comercio.
En cambio, el armado lo lleva adelante el equipo cercano a Massa. El objetivo es que las dos semanas de tensión cambiaria tengan un “mínimo traslado a precios”. Las definiciones, ante la consulta de LA NACION, fueron que “no habrá nada coercitivo”, No será entonces un congelamiento y se buscará un sendero de precios y salarios ordenado.
Lo llamativo es que una de las grandes apuestas de Massa, el programa Precios Justos, sigue vigente con evidencias de magros resultados. No solo lo demuestra la inflación, que se acercaría a 8% en abril, sino que también los faltantes de productos en góndolas, incumplimientos de algunos de los más de 17 sectores que tienen algún tipo de acuerdo de precios con el Gobierno y distorsiones en el mercado. En Economía consideran que la medida es exitosa, aunque algunos de sus funcionarios, como Tombolini, opinan lo contrario.
Teóricamente, son cerca de 1750 productos congelados y entre 25.000 y 30.000 los bienes de consumo masivo que deberían aumentar a un ritmo de 3% mensual. Frente a una inflación en alimentos en torno al 7,6% en las primeras tres semanas del mes (hasta el viernes pasado) y de 9,4% al evaluar el mismo período de punta a punta, el Ministerio de Economía apunta contra los proveedores, por direccionar la oferta a los comercios de barrio y autoservicios, que no están incluidos en los acuerdos y se eximen de responsabilidad al decir que ese tipo comercios son difíciles de controlar porque no forman precios.
Sin embargo, los canales digitales y presenciales de las principales cadenas de supermercado indican lo contrario. Un aceite de girasol de 900ml en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cuesta $1131,14, mientras que la página oficial del programa indica que debería costar $288,8. Un pack de 44 pañales tamaño grande, $2407,8, pero se encuentran a $4975,45, más del doble.
Aunque la situación de escasez, ausencia de señalética y productos por encima de lo acordado, es generalizada, en el Gobierno insisten con formas de control cuestionadas por los especialistas privados. Tombolini utiliza Twitter frecuentemente para difundir los esfuerzos de su cartera en fiscalizar, inspeccionar y multar a empresas proveedoras y supermercados incumplidores. Ayer se desplegaron en 100 bocas de expendio en AMBA. En el Gobierno admiten que el incumplimiento llega al 40% del programa, cuando solía ser 20%.
El consumo masivo no es el único rubro bajo el programa que sufre problemas. En naftas, las cuatro empresas con las que cerró el Gobierno –Axion, YPF, Puma y Shell– aseguran que mantienen los valores, pero los terceros que operan las marcas pueden y efectivamente mueven los precios por encima del 4% mensual.
El programa contempla un sendero de aumentos del 3,2% en insumos industriales, construcción y hogar, celulares, indumentaria, textiles y calzado. En todos estos sectores se detectaron subas de hasta 20% y detención en las ventas esta semana, frente a la incertidumbre cambiaria. En el Gobierno aseguran que esto sólo ocurre en los canales menos formales. El mismo gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó una suba de 6,7% en los aranceles de colegios privados para mayo, cuando lo establecido con Economía fue que no podrían exceder el 3,5% hasta junio (la mitad).
